La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Interpelar urgentemente al Jefe de Gabinete de Ministros Dr. Aníbal Fernández, conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional, para que concurra a esta Cámara a fin de informar sobre cuál fue el accionar y el operativo de la Policía Federal Argentina en los acontecimiento que terminaron con la vida de Mariano Ferreyra, y dejaron gravemente heridos a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

Señor presidente:

El pasado 20 de octubre Mariano Ferreyra, un militante de 23 años del Partido Obrero, fue asesinado por una patota que los testigos denuncian como de la Unión Ferroviaria. Mariano se encontraba reclamando por la reincorporación de cien despedidos que cortaron las vías del tren, junto a trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca y organizaciones de izquierda. Junto a él la señora Elsa Rodríguez, de 60 años, recibió una balazo en la cabeza, quedando inmediatamente en coma, Nelson Aguirre, recibió cuatro tiros en las piernas, igual que Ariel Pintos.

Según se puede constatar por medios periodísticos el conflicto gremial venía de julio pasado, en reclamo de la reincorporación de 117 trabajadores tercerizados que habían sido despedidos del Ferrocarril Roca. La empresa está gestionada por la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria), integrada por el Estado y empresas concesionarias (como Ferrovías, TBA y el grupo Roggio). Con una serie de medidas de fuerza, los tercerizados habían conseguido la reincorporación de doce despedidos. Una de las protestas consistió en el corte de las vías en la estación Avellaneda, el 21 de julio pasado, cuando mantuvieron el bloqueo durante once horas. La Unión Ferroviaria, enfrentada con las agrupaciones de izquierda, comenzó una campaña de volantes y pasacalles con la leyenda "los trabajadores ferroviarios no cortamos las vías". Los pegaron en el interior de los trenes y en las inmediaciones de la estación Avellaneda, donde ayer comenzó el enfrentamiento.

El sindicalismo empresarial y cómplice de las empresas para las que trabaja tiene larga data en nuestro país, ya Rodolfo Wash nos anoticia de su modus operanti en la fantástica novela Quien mató a Rosendo, que luego durante los 90 se profundizó a niveles perversos en contra de los intereses de los trabajadores.

Este caso es particularmente grave y marca un hito en la historia del gremialismo. Ante los hechos consumados el Secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, reconoció el enfrentamiento de su gremio con los tercerizados justificando que lo hicieron para impedir que cortaran las vías, e indicó que "Los trabajadores defendieron sus fuentes de trabajo". Del mismo modo se manifestó otro dirigente de la UF, Pablo Díaz, que reivindicó el uso de la violencia por el gremio al afirmar que no dejarán cortar las vías. Estas afirmaciones a la luz de los acontecimientos es una evidente contradicción con su intento de desvincularse de la autoría intelectual y material de lo ocurrido. Por otra parte, su pasado los condena. Provenientes de un sindicalismo luchador terminaron en el entreguismo en los 90, en sillones de gerencias, súper enriquecidos, resguardando sus cargos a través de grupos de choque, con maniobras ilegales y adictos a cualquiera fuere el gobierno de turno. Claramente la dirección de éste sindicato es responsable por las personas que tiene organizadas y por quienes la representan.

Por otra parte, el Gobierno Nacional en este caso aliado a los empresarios del sector, la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria S.A. (Ugofe), es la operadora de la Línea Roca, también debe ser interpelado. Contra la precarización a través de la tercerización en su contrato, los trabajadores vienen luchando desde hace tiempo. Es inadmisible que las empresas públicas se valgan de esta ilegalidad y apañen la violencia que los beneficia y que sus declaraciones tras los hechos se preocuparan más sobre la situación del servicio que la vida humana que se perdió, la misma indicó "agrupaciones políticas hostiles intentaron ocupar las vías en la estación Avellaneda con el objetivo de interrumpir el servicio de trenes, y que fueron disuadidos por empleados y la fuerza policial, luego de lo cual ocurrieron incidentes fuera del ámbito y de la jurisdicción ferroviaria".

Pero lo más grave fue lo que se sospecha. Que esto fue una emboscada. La Policía Federal no intervino ni para impedir la violencia, ni detuvo a los agresores, y lo peor de todo es que los pocos funcionarios que salieron a manifestarse sobre lo ocurrido en ningún momento se pusieron a cuestionar el accionar de ésta fuerza en particular.

No alcanza con que el Gobierno haya salido a condenar el crimen y exigir por sus "autores materiales e intelectuales". En este contexto, esa respuesta, es una mera formalidad. Aquí se tiene que quebrar este statu quo de complicidades y arreglos con la policía de antaño cuestionada. Cumplir con la ley penal no bastará: no ocurrió un crimen común, sino uno político, respecto del cual rigen otras reglas, presunciones y exigencias. Por supuesto que necesitamos también hallar a los autores del homicidio y someterlos a proceso, con todas las garantías para los acusados, pero la gravedad de la situación es mayor que en otros casos.

Según medios periodísticos varios manifestantes denunciaron que hubo una "zona liberada" por la Policía Federal para dejar hacer a los atacantes homicidas. Otros, mencionan una grave negligencia al no tener efectivos suficientes para impedir el enfrentamiento, como sí se hizo en las vías, en provincia. Entre tantos decretos que supuestamente regulan a la policía federal, a quién corresponde la vigilancia junto a las vías?, qué hacía la policía bonaerense allí?

Creemos que los dirigentes de la Unión Ferroviaria y sus aliados, la Policía Federal y las autoridades que la conducen deben demostrar que obraron con apego a la ley, que no coadyuvaron ni instigaron el ataque armado, que no fueron negligentes para evitarlo.

La muerte de Mariano debe necesariamente abrir la discusión sobre el sistema sindical argentino y el sistema policial actual y quiénes y cómo lo conducen.