La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación y repudio por la muerte del ciudadano Miguel Galván el 10 de octubre del corriente año, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado a puñaladas por un sicario.

Señor presidente:

Miguel Galván de 40 años de edad, fue asesinado de una puñalada en la yugular, en un paraje llamado Simbol, en el límite de Santiago del Estero con la provincia de Salta. En el hecho participó un grupo de guardias armados que estaría al servicio de un empresario de Salta. Fue en la puerta de la casa de la víctima donde "fue sorprendido por un sicario, quien extrajo un arma blanca de su bolsillo y lo acuchilló sin mediar palabra", según consta en la denuncia realizada por el MOCASE. Anteriormente Galván había sufrido una serie de amenazas, golpizas e intentos de desalojos por parte de distintos grupos armados de la zona, hechos que había denunciado ante la justicia de Monte Quemado.

En un comunicado emitido por el movimiento campesino se denuncia que los habitantes del paraje Simbol "venían siendo hostigados por sicarios de la empresa agropecuaria La Paz de Rosario de la Frontera, Salta, que pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela". Aclaran que tanto Galván como otros miembros de la comunidad advirtieron ante el juez José Luis Torelio de Monte Quemado "la tala indiscriminada sufrida en su territorio y la presencia de empresarios y bandas armadas en la zona", por lo cual entienden que estos hechos no pueden ocurrir sin el conocimiento de los funcionarios del ejecutivo y del poder judicial, mencionando también la responsabilidad del Comité de Crisis creado por las autoridades de Santiago del Estero para intervenir en este tipo de conflictos, haciendo responsable al gobernador Zamora de otra muerte más, asegurando que "los funcionarios santiagueños son inoperantes y cómplices estos asesinatos".

En la concentración realizada en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, tanto el MOCASE como distintas organizaciones sociales, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, exigieron juicio y castigo para los "responsables materiales, ideológicos y políticos por el asesinato de Galván y la aprobación urgente de la ley contra los desalojos de campesinos", agregando "nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agro negocio. Estamos conmovidos y vinimos a Buenos Aires para buscar apoyo a nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política que lleva adelante el gobernador Zamora, quien parece que se ha dejado dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a destruirla" expresó Ricardo Cuellar, integrante del movimiento y representante del pueblo Lule Vilela. A su vez otro dirigente, Marcelo Palmar, manifestó que "el gobierno santiagueño pareciera estar más interesado en defender empresarios agropecuarios y sus bandas armadas, que en escuchar nuestro reclamo y defender la vida. Ya no está quedando territorio en el norte de la provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente, alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por los funcionarios locales que los avalan".

A su vez el Cels manifiesta en un comunicado que "este caso, al igual que el homicidio de Cristian Ferreyra ocurrido en San Antonio también al norte de Santiago del Estero en noviembre de 2011, constituye un emergente de los conflictos sociales derivados de la apreciación de la tierra, que amenaza los derechos de las comunidades campesinas e indígenas". Agrega que en diciembre de 2011 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, manifestó su preocupación ante el uso desmedido de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y de los agentes privados al servicio de empresarios contra aquellos que defienden sus derechos, en especial la propiedad de sus tierras, instando al Estado argentino a proteger a los activistas sociales contra cualquier forma de intimidación, amenaza y uso desproporcionado de la fuerza. Insta al estado federal a garantizar los derechos humanos de las personas involucradas en estos conflictos, y a establecer instancias de articulación con las provincias que permitan encontrar soluciones de fondo a los reclamos y prevengan el uso de la violencia. Piden también el Cels la discusión de una ley contra el desalojo de los campesinos de las tierras rurales, el que había sido consensuado por distintas organizaciones, y que fuera ingresado en diputados en noviembre de 2011.

También en otros países de la región los pequeños agricultores mueren o son reprimidos por defender las parcelas que cultivan. En Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Nicaragua, Honduras y Guatemala tanto las comunidades aborígenes como pequeños grupos comunitarios ven sus derechos pisoteados por el afán de lucro y de poder de ciertos grupos empresariales que actúan con total impunidad y con la complicidad de los distintos poderes del estado. En la región, y en especial en nuestro país, el avance de los cultivos transgénicos, con el grave riesgo hacia la salud humana y el deterioro absoluto de las tierras que dejan como consecuencia, son muchas veces impulsados desde el mismo poder político, solo cuenta en el análisis el fabuloso negocio que la plantación y comercialización de éstos produce, por ello como mínimo cierran los ojos ante el avance sobre tierras marginales que están en manos de las familias pobres y de las comunidades aborígenes.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.