La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, exija a las empresas nacionales de telefonía móvil y de provisión del servicio de acceso a internet Telecom Personal S.A. y ARNET que operan en la Provincia de Misiones a prestar en condiciones normales sus servicios, frente a las corrientes interrupciones del servicio en territorio misionero.

Señor presidente:

En el presente Proyecto de Declaración se plasma la creciente preocupación que motiva la dificultad que sufren cotidianamente, miles de misioneros y misioneras para contar con servicios básicos de comunicación en territorio provincial. En particular, hablo de las empresas Telecom Persona S.A. (telefonía celular) y ARNET (servicio de internet), que pertenecen al mismo holding.

Esta no es una cuestión que atañe únicamente a la provincia de Misiones. Como ha sido registrado por la prensa nacional y los medios provinciales, en junio pasado estas empresas vieron interrumpido su servicio por varias horas. Vastas zonas del Norte de nuestro país quedaron incomunicadas y provocó la queja de sus clientes en Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta, Catamarca, entre otras. Además, esto se suma a un hecho similar que provocara la caída del servicio que ofrece la empresa Movistar, que motivo sanciones por parte del organismo competente a nivel nacional.

La constante interrupción del servicio de telefonía móvil y de internet, motivó incluso la queja pública del Sr. Gobernador de Misiones, Dr. Maurice Closs, ante esta situación, evidenciando que la empresa no responde al reclamo general de contar con un servicio digno y eficiente (1) .

Lo que se relata en este proyecto de Declaración atañe a dos cuestiones: en primer lugar, la masividad alcanzada por los servicios de comunicación por telefonía celular en nuestro país y el crecimiento exponencial de los accesos a internet (por cablemódem, banda ancha o por tecnología 3G/móvil) obligan a prestar mayor atención a la calidad de los servicios. En especial, considerando que se trata de las empresas que más quejas reciben en los organismos de defensa del consumidor (2) .

Los motivos enumerados hasta aquí son los que me conllevan, desde mi lugar de Diputada Nacional por la Provincia de Misiones, a solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos con competencia en la materia, se les demande a las empresas mencionadas que brinden el servicio en las condiciones esperadas por los clientes y que garanticen la conectividad de la población. Tenemos muy en claro los recientes avances que el Gobierno Nacional ha motorizado en el sector de las Telecomunicaciones. En especial, se desatacan las importantes políticas generadas desde el Ministerio de Planificación Federal de la Nación: el Plan Argentina Conectada, la Red Federal de Fibra Óptica, la consolidación de la empresa estatal de telecomunicaciones AR-SAT (y la reciente adjudicación a la misma del ancho de banda para que ofrezca o licite servicios de telefonía celular, lo que producirá impactos sensibles en el mercado de las telecomunicaciones), la Televisión Digital, la entrega de aparatos de recepción de la señal digital de aire a jubilados y la portabilidad numérica que comenzó a regir en 2012. Las Telecomunicaciones son una política de Estado sumamente potente.

Sin embargo, en un segundo nivel de la discusión, cabría considerar cuán falto de herramientas se encuentra el Estado Nacional para obligar a las empresas a preocuparse por la calidad de los servicios que ofrecen y a evitar que la competencia de precios y la concentración en las zonas urbanas de los mejores servicios redunde en la inequidad en el acceso a los servicios. En especial, esta cuestión es directamente atribuible a los términos en que se desenvolvió la desregulación de la que hoy goza el sector.

Si bien, merced al programa de corte neoliberal de privatización de las empresas y servicios públicos durante el Gobierno del Dr. Carlos Menem (1989-1999), plasmado en la ley 23.696 de Reforma del Estado que procedió a la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) (3) -entre otras empresas - y se instaló un duopolio protagonizado por las empresas Telecom y Telefónica que supuso una mejora del servicio de telefonía fija, posteriores medidas tendieron a liberalizar al sector y, al mismo tiempo, reducir las potestades del Estado sobre el mismo. En particular, el Decreto 764/2000, durante el Gobierno del expresidente De La Rúa, desreguló enteramente el mercado de las telecomunicaciones en la Argentina, con la idea de abrir el negocio a nuevos jugadores, bajar los costos y diversificar servicios.

Sin embargo, más de diez años después, el mercado de la telefonía móvil está controlado por tres empresas: Movistar, que pertenece a la española Telefónica; Personal, de la compañía ítaloargentina Telecom, y Claro, propiedad de la empresa de capitales mexicanos Telmex. Estas empresas concentran el 98% de los accesos y el 91% de los ingresos.

Lo más preocupante es que, en el caso de la telefonía móvil, las tarifas están liberadas, y esto afecta directamente a los sectores de menores recursos ya que es la franja del mercado más demandada por estos. Así, los sectores sociales más vulnerables pagan mucho más por su conexión que los sectores medios y altos.

Como conclusión, teniendo en cuenta la masividad del servicio, el peso cultural de los medios de comunicación y de la tecnología de la información y el conocimiento, el impacto en términos de inclusión social y de democratización de la transmisión cultural, del crecimiento de redes de contención social, es deseable una nueva norma que reinstale una regulación más profunda del servicio por parte del Estado. Hay, entonces, que pensar en los servicios de internet y de telefonía celular como un servicio público al que le caben determinadas exigencias de calidad, de precio y de equidad. Precisamente, en mi provincia esto no ocurre.

Por todas estas razones, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.