La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos competentes se sirva informar:

1.- Si se encuentra abierta la licitación para la adquisición de nuevos corredores para la prestación de transporte interurbano de pasajeros?

2.- En caso afirmativo. Cuales son dichos corredores?

3.- Detalle a que empresas se le adjudicaron dichos corredores

Señor presidente:

A partir de 1992, se implementó una reforma regulatoria en el autotransporte interurbano de jurisdicción nacional. La misma no respondió a algún diagnóstico sectorial que indicara una situación crítica, entre otros motivos porque no la había; de hecho, era uno de los pocos casos donde no existía diferimiento de inversión, siendo satisfactorias las prestaciones existentes.

La reforma respondió entonces más a la orientación política general predominante en la época. Ella consistió en la desregulación de la entrada a cualquier corredor, pero limitada a los operadores regulados existentes. El resultado fue similar al de una desregulación completa, y rápidamente mostró ser insostenible, por una masiva sobreinversión de parque: mientras que la demanda se mantuvo estable, la capacidad ofrecida creció en casi un 100%; el valor de la inversión innecesaria asciende a cerca de 200.000.000 de dólares. Se produjo consiguientemente una sucesión de guerras tarifarias, y una generalizada quiebra de operadores; un resultado importante de esto fue una fuerte reducción de los niveles salariales del personal.

El régimen implantado fue congelado en 1998, por lo que de hecho se regresó a una situación de regulación, aunque carente de definiciones estratégicas. Actualmente, el sector se encuentra operando a niveles de rentabilidad más que adecuados, aunque con diferencias importantes entre corredores, merced básicamente a una virtual liberalización de tarifas, producto de la pasividad estatal. Debe señalarse que la concentración empresaria actual es muy elevada, posiblemente mayor a la que se observaba en el período previo a la reforma.

Se requiere entonces una definición respecto del marco regulatorio futuro. A nuestro juicio, la experiencia indica que un marco desregulado no es garantía de un mejor servicio, tanto por las características técnicas del sector, y sobre todo por el comportamiento relativamente estancado de la demanda. Se considera en consecuencia adecuado instrumentar un sistema regulado con criterios de flexibilidad en cuanto a los niveles de oferta (a fin de asegurar la disponibilidad en períodos de demanda pico), asegurando su calidad mediante re-licitaciones periódicas.

Podría tal vez ser conveniente además incorporar mecanismos descentralizados de desarrollo de la red, sobre todo si se mantiene un contexto en el que el Estado no parece capaz de identificar en forma sistemática nuevas demandas. Una posible variante a analizar sería la de permitir la operación de servicios no regulados, con un tope límite relativamente bajo, con relación a la masa de servicios regulados (por ejemplo, no más de 15% de los vehículos-km de cada empresa podría pertenecer al segmento no regulado); en caso de que una empresa pretendiera expandir sus prestaciones no reguladas, debería traspasar al régimen de servicio público parte de sus prestaciones no reguladas, permitiendo así la consolidación del sistema.

A los fines de lograr mayor transparencia en el proceso de adjudicación de corredores y evitar la concentración de los mismos en grandes empresas, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.