La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que resulte competente, informe y en caso de corresponder, remita copia sobre los siguientes puntos:

1) Antecedentes técnicos de la Licitación Pública Nº 19/2012 llevada a cabo por el Ministerio de Salud cuya adjudicación fuera aprobada mediante Decisión Administrativa 1014/2012 de la Jefatura de Gabinete de Ministros con fecha 17 de octubre de 2012 y cuyo objeto es la adquisición de anticonceptivos hormonales orales combinados monofásicos microdosificados y anticonceptivos hormonales orales para lactancia, para su distribución en las distintas jurisdicciones del país.

2) Si se ha dado cumplimiento a la difusión exigida por el Decreto 1023/2001, Decreto 436/2000 y la Circular Nº 27 de la Oficina Nacional de Contrataciones, y en su caso indique los días en que ha sido publicada la convocatoria en el Boletín Oficial y en la página Web la Oficina Nacional de Contrataciones.

3) Cantidad de pliegos adquiridos, datos de los adquirentes, ofertas presentadas en el mencionado llamado, con la correspondiente identificación de los oferentes, las cotizaciones efectuadas y las condiciones y precios de las ofertas de cada uno de ellos. Así, como cualquier otro dato que pueda ser de interés.

4) Los motivos por los cuales no intervino la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo descentralizado en el ámbito de la Presidencia de la Nación, en la determinación del precio testigo para la licitación que nos ocupa.

5) Acompañe copia fiel del Expediente por el cual tramitó la mencionada licitación.

Señor presidente:

El 19 de octubre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial, la Decisión Administrativa 1014/2012 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la cual se aprobó la Licitación Pública Nº 19/2012, que tuvo por objeto la adquisición de anticonceptivos hormonales orales combinados monofásicos microdosificados y anticonceptivos hormonales orales para lactancia, para su distribución en las distintas jurisdicciones del país.

De los considerandos de la mencionada Decisión Administrativa surge que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no intervino en la determinación del precio testigo. Insistimos en la necesaria intervención del citado organismo en la gestión de compras y contrataciones estatales porque el Régimen de Precios Testigo sirve como una herramienta de control en la etapa de evaluación de ofertas contribuyendo en la determinación de la razonabilidad de los precios ofrecidos al momento de analizar los distintos parámetros (Conf. Resolución 122/2010 de la SIGEN). La implementación de este régimen resulta imprescindible para lograr una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en los procedimientos licitatorios como el que nos ocupa.

Por otro lado, es preciso mencionar que el artículo 1º del Decreto 1023/2001 indica que "el régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible...". A su vez, conforme surge de los Decretos 1023/2001 y 436/2000 son principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de las contrataciones: (a) la razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado; (b) la promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes; (c) la transparencia en los procedimientos; (d) la publicidad y difusión de las actuaciones; (e) la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones; (f) la igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes.

En esta línea, la contratación pública debe desarrollarse en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los principios antes mencionados, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.