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PROYECTO DE TP
Expediente 7434-D-2006
Sumario: EMPRESAS RECUPERADAS. PRIVILEGIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES PARA ADQUIRIR BIENES INMUEBLES O MUEBLES DE LOS MISMOS, DE LOS CUALES SE HAYA ORDENADO SU VENTA EN LA QUIEBRA.
Fecha: 20/12/2006
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 194
El Senado y Cámara de Diputados...
EMPRESAS RECUPERADAS
Art. 1.- En los casos de procesos falenciales
en donde se haya ordenado la realización de los bienes de la fallida podrá disponerse
el carácter de utilidad pública, de acuerdo a lo establecido mediante ley 21.449, a todo
bien mueble e inmueble destinado a la explotación, agropecuaria, industrial y de
servicios siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
1) Exista un pedido formal, por parte
de los trabajadores de la fallida, de continuar con la explotación comercial del
establecimiento.
2) Presenten ante la autoridad de
aplicación el Estudio Integral de Viabilidad Empresaria conforme a lo establecido en los
artículos 2, 3, 4 y 5.
Art. 2.- La cooperativa de trabajadores que
se considere incluida en esta norma, deberá, dentro de un plazo prudencial previo al
remate, presentar ante la autoridad de aplicación un Estudio Integral de Viabilidad
Empresaria, incluyendo en el mismo un dictamen profesional sobre: viabilidad de la
continuación de la explotación en un plazo no menor a diez años; organización
empresaria de la cooperativa y determinación de los valores de los bienes sujetos a
expropiación.
Art. 3.- El Estudio Integral de Viabilidad
Empresaria descripto en el artículo anterior deberá ser elaborado conjuntamente con
las universidades seleccionadas previamente al efecto.
Art. 4.- El Estudio Integral de Viabilidad
Empresaria deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación conforme a los criterios
técnicos expuestos y a los criterios de oportunidad y conveniencia.
Art. 5.- La declaración de utilidad pública
sujetará a expropiación tanto a los inmuebles como las instalaciones, maquinarias,
marcas, patentes y toda herramienta destinada a los fines de la actividad.
Art. 6.- La expropiación deberá practicarse
mediante ley especial que determine el alcance en cada caso.
Art. 7.- Declarada la utilidad pública, el
Poder Ejecutivo Nacional deberá proceder a la expropiación hasta treinta días después
del remate en caso de que éste se hubiere efectuado.
Art. 8.- Los bienes expropiados serán de
titularidad del Estado Nacional, cediendo a titulo oneroso los inmuebles expropiados a
las cooperativas de trabajo constituyéndose derecho real de hipoteca sobre los mismos
y un cargo de explotación de la unidad productiva por un plazo no menor a diez
años.
Art. 9.- Efectuado el remate dentro del
proceso de quiebra, el Estado podrá igualar la suma ofrecida siempre que no supere la
tasación oficial del valor del bien, en cuyo caso el Juez interviniente dispondrá la
adjudicación del inmueble al Estado Nacional.
Art. 10.- La cooperativa de trabajo deberá
reintegrar al Estado Nacional el monto abonado por el inmueble subastado. Dicho
monto deberá efectivizarse en un plazo de hasta veinte años en cuotas semestrales
consecutivas, correspondiendo pagarse la primera de ellas a los dos años de
celebrarse la cesión a titulo oneroso. La tasa de interés no podrá superar el 10%
anual.
Art. 11.- En los casos contemplados por la
presente ley se eximirá del pago de todo impuestos, tasas, sellados o timbrados de
carácter Nacional, que tengan origen en la tramitación de las habilitaciones y
certificaciones administrativas.
Art. 12.- En los casos de expropiación
contemplados en la presente ley, el Estado Nacional entrará en inmediata posesión de
los bienes adjudicados, sin necesidad de consignar a cuenta de precio el importe
resultante.
Art. 13.- En caso de existir créditos fiscales
verificados en el proceso falencial del expropiado, podrá el Estado Nacional compensar
el total de las acreencias fiscales con el monto que resulte determinado como
indemnización por la expropiación.
Art. 14.- No serán objeto de indemnización
las mejoras introducidas en los bienes por la cooperativa de trabajo que haya asumido
el gerenciamiento o administración de la unidad productiva.
Art. 15.- Las cooperativas que reciban los
beneficios de la presente ley deberán donar el 2% del producido a entidades del bien
público a elección de la cooperativa con acuerdo del Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 16.- Podrá expropiarse el uso temporal
de los bienes comprendidos en la presente ley conforme a los arts 57 y ss. de la Ley
Nacional 21.499 y por el plazo máximo de 2 años en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de uno o mas
establecimientos que se encuentren dentro del activo concursal de empresas
declaradas en quiebra y:
1. Haya cesado la explotación o se
haya autorizado judicialmente su continuación por la cooperativa de trabajo respectiva
o;
2. Se haya ordenado judicialmente la
realización de los bienes de la fallida entre los que se encuentre el o los
establecimientos a expropiar.
b) Exista, dentro del proceso falencial
un pedido formal de los trabajadores de la fallida que tengan créditos laborales
verificados quienes bajo su responsabilidad deberán asumir la continuidad de la
misma actividad del establecimiento presentando:
1. Un estudio de explotación del
establecimiento en el que se demuestre la factibilidad técnica y económica de continuar
o reiniciar las operaciones y permita asumir en un plazo de 4 años el compromiso de
pago de la indemnización por expropiación.
2. El estudio previsto en el inciso
anterior deberá estar fundamentado por un dictamen técnico y legal por parte de
profesionales idóneos y aprobado por la autoridad de aplicación de la presente ley
Art. 17.- La indemnización de uso temporal
establecida en la presente ley dará lugar a la indemnización correspondiente con mas
las indemnizaciones establecidas en el art. 59 de la Ley 21.499. El valor de la
indemnización se determinara conforme a la tasación efectuada por las oficinas
técnicas correspondientes
Art. 18.- En el caso de expropiación
temporal previsto en esta Ley se notificará la intención de expropiación al Juez de la
quiebra y al sindico haciéndose saber el uso de la facultad expropiatoria y las distintas
propuestas de pago de la misma a fin de que el Sindico formule las consideraciones
necesarias.
Art. 19.- Créase el Consejo Consultivo de
Empresas Recuperadas dentro del ámbito del Ministerio de Economía que tendrá las
siguientes funciones:
1) Brindar asesoramiento contable y
legal a las empresas recuperadas.
2) Evaluar técnicamente y elevar
dictamen profesional sobre la viabilidad de las empresas que se encuentren
comprendidas en la presente ley.
3) Promover la capacitación de los
trabajadores en el ámbito del desarrollo empresarial.
4) Organizar y llevar registros
actualizados de las empresas recuperadas.
5) Realizar estudios e investigaciones
de orden jurídico y contable sobre las materias propias de su actividad, organizando
cursos, conferencias y publicaciones y colaborando con otros organismos
especializados.
Art. 20.- El Consejo estará integrado por 5
representantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, 2 representantes
del Estado Nacional y 2 de las provincias. Resolvera por mayoría simple y dictará su
propio reglamento interno.
Art. 21.- El Poder Ejecutivo deberá:
1) Promover la implementación de
líneas de crédito para las ERT procurando incentivar su otorgamiento, acorde con las
necesidades de funcionamiento que se requieran para impulsar la recuperación plena
de las empresas.
2) Fomentar políticas públicas que
aseguren la viabilidad económica y financiera, mejorando las condiciones de
producción e inserción en el circuito económico y suministrando el asesoramiento y los
recursos técnicos necesarios.
3) Incentivar aportes de instituciones
de Ciencia y Tecnologia tendientes a facilitar el acceso a capital de trabajo, asistencia
técnica y capacitación.
Art. 22.- La autoridad de aplicación será el
Ministerio de Economía y Producción. El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la
presente ley en el término de 60 días a partir de su sanción.
Art. 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados de los años 90 se
inician las primeras experiencias de empresas en quiebra que son recuperadas
por sus trabajadores a fin de asegurar la continuidad de la fuente de trabajo, en
un contexto de implementación de salvajes políticas económicas y sociales de
corte neoliberal. En el marco de la convertibilidad se cerraron numerosas
produciéndose aumento de la desocupación que alcanzó niveles críticos. Por
ello, si bien existen antecedentes de empresas recuperadas a lo largo de la
década, mayoritariamente el fenómeno comenzó hacia fines de los 90
alcanzando el mayor número luego del año 2001. A partir de esa crisis las
experiencias se multiplicaron rápidamente para sostener un fuerte incremento
en el período 2003-2004.
La situación de extrema necesidad en
medio de procesos de desindustrialización, impulsó la búsqueda de soluciones
innovadoras. Las herramientas gremiales tradicionales fueron insuficientes para dar
una respuesta eficaz y evitar el pasaje del trabajador a la condición de desocupado sin
perspectivas futuras.
Más de un centenar de empresas de
diversos sectores de actividad como metalúrgicas, frigoríficos, textiles, clínicas,
establecimientos educativos en crisis, se organizaron como cooperativas de trabajo
exigiendo continuar con la actividad productiva o de servicios prestada ante el cierre o
abandono de sus propietarios.
En general estos emprendimientos se
caracterizaron por buscar formas participativas y democráticas, que aseguraran la
toma de decisiones en forma solidaria y colectiva. El Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas (M.N.E.R.), plantea que, independientemente de la forma legal
que adopte la empresa sus principios son:
- Asociación abierta y voluntaria.
- Control democrático por los
trabajadores
- Participación económica de los
trabajadores
- Autonomía e independencia
- Educación, capacitación e
información
- Cooperación , integración y
solidaridad entre empresas
- Preocupación e interacción por y
con la comunidad
Dentro del movimiento cada empresa tiene
un voto, independientemente del tamaño, poder económico o antigüedad de la
misma.
El debate en un comienzo se centró en cual
era el tipo de organización jurídica más conveniente, si cooperativa o estatización con
control obrero. Pero luego, se advirtió que ese no era el tema central, sino los
mecanismos más idóneos para poner en marcha el emprendimiento productivo. La
gran mayoría de los establecimientos se organizó como cooperativa de trabajo,
descartando la estatización poco probable ante el nulo interés demostrado por el
estado.
Lo que en general se reconoce es que
estas empresas requieren un preferencial apoyo público, que provea asesoramiento
integral. Recuperar una empresa y ponerla a producir supone un compromiso, tanto
individual como colectivo, que supone en una primera instancia transitar un proceso,
conflictivo y difícil, pero también impone como resultado la construcción de nuevas
prácticas sociales y apuntan a desarrollar condiciones que refuerzan la dignidad
humana y nuevos valores solidarios.
En este sentido las empresas recuperadas
están generando y construyendo un significativo entramado de redes sociales no sólo
entre las mismas cooperativas, sino también en relación con la sociedad y el
Estado.
Las diversas experiencias de recuperación
de empresas conforman un universo heterogéneo de iniciativas productivas y sociales.
Las herramientas jurídicas necesarias que
disponen para garantizar la posición de estas empresas son aún parciales junto con el
desarrollo de los vínculos y apoyos institucionales que requieren para sostenerse en el
tiempo.
La fragmentación de las acciones llevadas a
cabo desde distintas instancias estatales y sin un ámbito único de coordinación, llega
según lo indica la experiencia, a la superposición y duplicación de iniciativas, y por
ende, a una utilización deficiente de los recursos de la sociedad como a un bajo
impacto en los resultados esperados.
Por lo tanto es necesario que el estado
planifique y gestione con la participación de los actores implicados (gubernamentales y
no gubernamentales) una nueva política estratégica para estos casos, que trascienda
los límites de lo inmediato, abordando las distintas dimensiones legales, sociales,
económicas, tributarias, etc (1) .
Consideramos indispensable para respaldar
este proceso, la formulación de claras políticas públicas que fortalezcan y aseguren la
continuidad y la expansión de una de las experiencias más ricas y más
esperanzadoras que los trabajadores argentinos han logrado generar, después de más
de una década de continuas derrotas y creciente marginación y precarización.
El trabajo de relevamiento realizado por la
UBA (2) sobre 72 empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires y de algunas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Neuquén y Río Negro pone en evidencia que detrás de los números existen decenas
de historias de conjuntos de trabajadores que lucharon y luchan cotidianamente para
conseguir la reproducción de su vida en condiciones notablemente difíciles.
Entre sus datos generales se destaca que
las empresas recuperadas son 136 que ocupan a 8727 trabajadores (datos de 2004).
Un 56% en la Provincia de Buenos Aires, un 24% en la Ciudad de Buenos Aires, y un
20% en el interior del país.
Mientras que en el año 2002 se registraba
una preeminencia de las metalúrgicas, las alimenticias y las gráficas, en 2004 las
metalúrgicas continúan reuniendo el mayor número, aunque en un porcentaje algo
menor, seguido por la alimenticia y en menores proporciones textiles, gráficas y otros
rubros industriales y de servicios.
Asimismo, se destaca que la
mayoría de estas empresas tienen menos de 50 trabajadores y que su nivel de
producción está estrechamente vinculado a la antigüedad de la empresa. Es
decir, el nivel de producción es mayor cuanto más antigua es la empresa en su
funcionamiento como recuperada. Las ERT más recientes tienden a producir
menos del 30% de su capacidad instalada, en tanto el mayor porcentaje lo
registran las empresas más antiguas. No obstante, las dificultades no han
desaparecido, ni siguiera entre las más antiguas, incluyendo algunas que no han
logrado recuperar niveles significativos de productividad. Por otra parte, se
registran empresas que llevan años de conflicto y que aún no han logrado
ponerse en producción, si bien no se registra ninguna ERT que no produzca que
sea anterior a 2001.
Comparando con el año 2002 podemos ver
que a lo largo del tiempo las ERT van logrando volver a poner los establecimientos en
producción y que la ausencia de políticas públicas destinadas a facilitar este proceso,
entre otras cuestiones, impacta sobre los tiempos en que esto se da y en algunos
casos, con la viabilidad del proceso.
Otro factor que incide para volver a poner a
la empresa en producción es la conflictividad del proceso vivido. No es lo mismo,
señala el trabajo citado, pasar a gestionar la fábrica mediante un acuerdo o
negociación con los patrones que luego de un proceso de lucha de varios años, con
desalojo y alto nivel de conflictividad. El impacto sobe la capacidad de recuperación de
la unidad productiva es importante.
El proceso conflictivo también incide en la
solución del mismo, aclarando que las expropiaciones son temporarias y que esta
resolución mientras el Estado no dé un marco jurídico apropiado, siempre tienen
carácter provisorio, salvo en los contados casos en que los trabajadores lograron
comprar sus empresas en remate.
Destacan los autores que el conflicto es
traumático y desgastante, pero constituye en general una forma eficaz de hacer tomar
cartas en el asunto a los legisladores que sancionan las expropiaciones. Hasta el
momento sigue siendo mayor la cantidad de ERT que no han obtenido la expropiación.
Cuando la obtuvieron, en la totalidad de los casos han sido temporarias. Las
expropiaciones se dieron con exclusividad en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia
de Buenos Aires y recién en agosto de 2004 se logró la sanción de una ley de
expropiación de la provincia de Santa Fe donde una importante cantidad de empresas
fueron a remate. En los casos en que estas expropiaciones se han dado, han sido
principalmente sobre las maquinarias, y los inmuebles y en menor medida sobre la
marca y la materia prima.
Este proceso también tiene vinculación con
el nivel de ingreso de los trabajadores que aumentó con el correr del tiempo, es decir, a
medida que el funcionamiento de la empresa se va regularizando y obteniendo mejores
condiciones de operación, se eleva del monto del ingreso mensual de los trabajadores.
En los momentos iniciales de la recuperación (2003-2004), según lo muestra la
investigación citada de la UBA, las dificultades existentes se ven reflejadas en un
ingreso inferior a los de las ERT que llevan más tiempo de funcionamiento. A pesar de
ello ese promedio es notablemente superior al ingreso percibido por los desocupados
mediante los planes asistenciales, el cual sería seguramente el destino de estos
trabajadores de no haber iniciado la lucha por la recuperación de la empresas.
Los problemas de las ERT van
desde la carencia de capital de trabajo, la falta de posibilidades de acceso al
crédito, la falta de infraestructura, falta de trabajadores especializados para
ciertas tareas y dificultades para recuperar o crear mercados. Nuevamente la
forma de políticas de apoyo dirigidas al sector por parte del estado es
determinante.
En síntesis, concluye que el fenómeno de
las ERT ocupa a una cantidad importante de establecimientos, que si bien no
representan una porción significativa del aparato productivo nacional ni un porcentaje
relevante de la PEA, no dejan de ser por ello un movimiento social y políticamente
importante, no tanto por su dimensión cuantitativa, sino por su irrupción como una
práctica económica novedosa de respuesta a la crisis por parte de los trabajadores,
una modalidad de lucha en forma colectiva al problema de la desocupación y del cierre
de unidades productivas y un ejemplo de superación de las formas de producción y de
gestión tradicionales.
Estas empresas no han tenido el apoyo de
ninguna política pública concreta. Por el contrario, los desalojos violentos y las
ocupaciones parecen ser las únicas respuestas que la desesperación alienta ante la
mirada indiferente del Estado.
El estudio de la UBA, señala que la única
presencia que se puede advertir del Estado nacional frente a esta problemática es un
programa de empresas autogestionadas que se encuentra en ejecución en el Ministerio
de Trabajo y que tiene como máxima aspiración un subsidio de $500 por trabajador.
Deberíamos tener en cuenta también que
en las cientos de fábricas o empresas quebradas y cerradas, los principales
acreedores son los propios trabajadores y en segundo lugar, los bancos pertenecientes
al estado que prestaron en forma irresponsable los dineros públicos a empresas y
empresarios que habían elegido el camino de la debacle productiva. O sea que existe
una real posibilidad de reabrir esas fuentes de trabajo si existiera en el estado una
decisión política en ese sentido.
Consideramos que la iniciativa que
proponemos se enmarca en asegurar el valor esencial del trabajo para el desarrollo
digno de la persona. No estamos proponiendo dádivas, sino un mecanismo objetivo y
transparente para rescatar bienes objeto de remate poniéndolos al servicio de la
producción y el trabajo. La cesión de los bienes que se propone a las cooperativas de
trabajo no es gratuita sino onerosa, atendiendo a las reales posibilidades del
emprendimiento y de la situación vulnerable que estas empresas ocupan en el
mercado, con toda la adversidad y dificultades que tan fundadamente han señalado los
estudios reseñados en estos fundamentos.
Las expropiaciones no pueden ser sólo
temporarias, tienen que tener carácter definitivo y ser la base de la cesión a título
oneroso que posibilite aportar recursos y seguridad jurídica a las ERT para poder
despegar e insertarse con mayor estabilidad en el contexto económico.
El proyecto de ley que sometemos a
consideración en este sentido propone ambos procedimientos así como la creación de
un Consejo Consultivo de Empresas Recuperadas. Que impulse la adopción de
políticas públicas activas así como líneas especiales de crédito y apoyo
tecnológico.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto de ley.-
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| BINNER, HERMES JUAN | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| DI POLLINA, EDUARDO ALFREDO | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| ZANCADA, PABLO V. | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| JUSTICIA (Primera Competencia) |
| LEGISLACION DEL TRABAJO |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | REPRODUCIDO POR EXPEDIENTE 2955-D-09 |