La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación, establezca la incorporación de talleres referidos a la "Trata de Personas" en la currícula escolar del Nivel Secundario de Enseñanza, tanto en los servicios educativos de gestión estatal y privada, como de gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación.

Señor presidente:

La globalización constituye una realidad política, cultural y económica que propicia diversas formas de dominación, una de ellas es la trata de personas, un delito complejo que afecta a todos los países del mundo.

Nuestro país no fue ajeno a esta situación y ya en 1913 se colocó a la vanguardia legislativa al promulgar la primera Ley contra la trata de blancas, la prostitución de niñas y adolescentes y el rufianismo, que en ese momento, fue impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. Es importante aclarar que a principio de siglo sólo se hacía referencia a la trata de blancas ya que señalaba como únicas víctimas posibles a mujeres blancas y europeas y determinaba como único fin el de la explotación sexual.

Con el correr del tiempo, este concepto quedó obsoleto y actualmente entendemos a la Trata de Personas como un fenómeno que afecta mujeres, niñas, niños y hombres de diferentes orígenes étnicos pero también con otros fines, no sólo la explotación sexual, sino también la explotación laboral, entre otros.

Entendemos que durante muchos años, hubo una falta de continuidad en las políticas públicas, que sumado a la naturalización social de este delito, y al proceso de globalización al que hacíamos referencia, el negocio de la trata de personas se incrementó, llegando a disputar los primeros lugares, junto al tráfico de armas y de drogas, de delitos cometidos por las redes de crimen organizado.

Recién desde 2003 nuestro país incluyó en la agenda de políticas públicas, la lucha contra este delito con una firme decisión política de combatir la trata y la explotación de personas, que se ha plasmado en dos niveles de políticas: el de la emergencia y la necesidad de rescatar a las víctimas de las redes de trata, y el más profundo, de construcción de un modelo alternativo que desactivara los factores que posibilitan la explotación, basado en la inclusión social y la restitución y el reconocimiento de los derechos humanos. Se redactó entonces un proyecto de ley para reprimir, sancionar y brindar asistencia a sus víctimas.

En el mes de diciembre del 2006 este proyecto obtuvo media sanción en la cámara de senadores de la nación. Sin embargo al año siguiente recibió críticas que no permitieron que se tratara en cámara de diputados.

Como consecuencia de esto el entonces presidente de la nación Néstor Kirchner firmó un decreto Nro. 1281 el 2 de octubre del 2007 que dio origen al "Programa nacional de prevención y erradicación de la trata de personas y asistencia a sus víctimas".

Continuando con políticas públicas en la actual gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se avanzó en esta temática, y finalmente el 29 de abril del 2008 se sanciono la ley 26.364 (de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas)

Además de ser considerado una violación a los derechos humanos, la trata es considerada un delito vinculado al crimen organizado, ya que requiere el accionar encadenado de múltiples actores (quien realiza el ofrecimiento del trabajo, quien fragua la documentación, quien traslada, quien recibe ene l lugar de explotación, quien explota, etc.)

Recientemente, luego de darse a conocer el escandaloso fallo del tribunal tucumano que absolvió a los trece imputados de haber secuestrado y sometido a la explotación sexual a Marita Verón, organizaciones sociales, políticas y ciudadanos argentinos en todo el país salieron a la calle en repudio al fallo de la justicia tucumana, ante lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner toma la decisión de convocar a sesiones extraordinarias para tratar en la cámara de diputados el entonces proyecto de ley que sustituye la ley 26.364. Producto de este tratamiento el 19 de diciembre del 2012 es sancionada por el congreso y promulgada la ley 26.842 que modificó la normativa sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

Las modificaciones más importantes que encontramos en esta nueva ley son:

- El consentimiento, ya que muchas veces no se podía llegar a una condena porque la víctima aseguraba que había consentido la relación de explotación sexual debido a que estaba amenazada.

- la diferenciación de las víctimas de trata según sean mayores o menores de 18 años y dentro de esta diferenciación los medios comisivos tomados del protocolo de Palermo.

- La creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

- La constitución del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

- Modificaciones respecto la estipulación y alcance de las penas.

Este proyecto, está enmarcado en la línea de acciones concretas que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández lleva adelante, entendiendo que la trata de personas no es sólo un delito, sino también un problema social y cultural que implica la vulneración de los derechos humanos.

Si realizamos un análisis de la población en riesgo, identificamos principalmente a niños, niñas y adolescentes, evidenciando que es el grupo etario al que hay que prestar especial atención; por ello, incluir en la escuela talleres en los que se pueda hablar, conocer e informarse sobre esta realidad contribuye a la prevención y futura erradicación de este flagelo.

El objetivo principal es difundir a docentes y alumnos de nivel secundario, toda la información disponible de un tema tan delicado, utilizando la metodología del taller con la finalidad de crear conciencia, adquirir conocimiento y a la vez de difundir esta información a esta parte de la población que es una de las más susceptibles.

Creemos que la escuela es la institución óptima para generar este necesario espacio de debate y diagnóstico que permita unificar criterios sobre el problema social de la trata de personas, y concientizar a todos los niños, niñas y jóvenes del país.

Es por estas razones que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.