La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su repudio a la inacción, el encubrimiento y el silencio que, por parte del Estado, rodearon la segunda desaparición de Jorge Julio López durante los ocho años posteriores al hecho.

Exigimos la desclasificación y apertura de todos los archivos que existiesen sobre el caso López en manos de las fuerzas de seguridad del Estado y de aquellos referidos a la represión de la dictadura militar de 1976- 1983.

Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la prosecución de una causa penal contra el tribunal que juzgó el represor Miguel Etchecolatz y contra las abogadas que representaron a Julio López en su querella contra los genocidas.

Señor presidente:

El 18 de septiembre se habrán cumplido ocho años de la segunda desaparición de Jorge Julio López.

López, de profesión albañil, fue secuestrado por los grupos de tareas de la dictadura militar el 27 de octubre de 1976 y retenido por los represores dentro de lo que se llamó el "Circuito Camps".

Fue privado de su libertad y torturado en los campos de concentración montados en el "Pozo de Arana" y, más tarde, en las comisarías Quinta y Octava de la ciudad de La Plata.

López estuvo detenido-desaparecido durante 160 días hasta que fue "blanqueado". Luego permaneció detenido a disposición del PEN por 812 días más. Fue liberado recién el 25 de junio de 1979.

Veintisiete años más tarde, en el año 2006, López declaró en los tribunales de La Plata en marco del juicio oral contra ex policías bonaerenses que participaron del mencionado "Circuito Camps". Entre quienes resultarían condenados por la comisión de crímenes de lesa humanidad, se encontraba el ex Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz.

El 18 de septiembre de 2006, el día que alegaban sus abogados, Lopez salió de su casa pero nunca llegó a la sala de audiencias.

Ese mismo día, bajo una lluvia intensa, los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles se movilizaron reclamando su aparición. Asimismo, presentaron dos denuncias: una en la Comisaría Tercera del barrio de Los Hornos y otra en la Justicia Federal, a través de un recurso de Habeas Corpus.

A pesar de la alarma que generó la ausencia de López, la respuesta oficial fue minimizar el hecho.

Para el entonces Ministro del Interior y actual Senador Nacional, Aníbal Fernández, López se había 'extraviado'. Incluso llego a afirmar que debía estar en la casa de alguna tía (textuales palabras).

Para quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel tiempo, Felipe Solá, el caso de López ponía en tela de juicio la gobernabilidad de la Policía provincial. Su elección objetiva, evidentemente, fue mantener el pacto político con esa fuerza, heredera estructural de los Etchecolatz y los Camps.

El 21 de mayo del 2013, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner afirmó, en la ciudad de La Plata: "acá nadie puede desaparecer. Estamos todos vivitos y coleando cantando nuestras consignas". Sin embargo, a la segunda desaparición de López siguieron los secuestros de Juan Puthod, Luis Román Geréz, Víctor Martínez y el asesinato de Silvia Supo en Santa Fe. Todos ellos también fueron testigos en juicios contra genocidas y ninguno de estos casos tampoco fue esclarecido. Una confirmación de que la impunidad sólo genera más impunidad.

La impunidad de los autores materiales es la que permite que López continúe desaparecido. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, que el caso sea esclarecido y que los autores sean debidamente castigados, corresponde a los gobiernos nacional y provincial.

La investigación judicial, primero a cargo del juez Arnaldo Corazza y luego del recientemente fallecido Manuel Blanco, nunca superó el punto cero. No existe ninguna imputación concreta en la causa sobre los autores materiales del crimen, tampoco avance alguno sobre la ubicación de su paradero.

En los últimos tres años, la única novedad en el plano legal fue la de una denuncia penal contra las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio contra Etchecolatz.

Acusar a los compañeros de Julio y a las organizaciones de derechos humanos que lo acompañaban de "no haberlo cuidado" es a todas luces una distorsión de las verdaderas responsabilidades.

Ninguna de las "líneas investigativas" -por llamarlas de alguna manera- que se siguieron a raíz de la segunda desaparición de Julio López se orientó hacia la Policía Bonaerense, heredera dilecta de Camps y Etchecolatz, como dijimos, y que en todos estos años, sin importar las variaciones en políticas de seguridad, demostró ser una verdadera organización mafiosa.

En el séptimo aniversario de la segunda desaparición se presentaron cientos de habeas corpus en el país y en el exterior. La mayoría de ellos fue rechazada in limine. En un caso, la Justicia le solicitó un informe al Poder Ejecutivo. Éste, a través del entonces Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, se limitó a relatar que varios años atrás los entonces funcionarios Eduardo Luis Duhalde y Aníbal Fernández habían mantenido reuniones con los organismos de derechos humanos integrantes de Justicia Ya, y que estaban al tanto de la causa penal que existe en la ciudad de la Plata. Al mismo tiempo desde el Gobierno afirmaron que existe una comisión de la Policía Federal llamada "Comisión Caso López" (sic) que "presta colaboración en la causa". Jamás se investigaron las pistas que involucraban al propio Etchecolatz y su entorno en la bonaerense ni las innumerables amenazas que sufrieron durante el juicio, testigos, querellantes y familiares de desaparecidos, jueces y fiscales.

En la jurisdicción de La Pampa, el juzgado de turno rechazó el habeas y condenó a los denunciantes a pagar las costas.

El Estado tiene la obligación de responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen de los poderes ejecutivos nacional y provincial: la Side, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Bonaerense y Federal.

Como ya dijéramos, la impunidad acarrea más impunidad: en el juicio que se lleva actualmente en curso por el Centro Clandestino La Cacha, donde también está imputado Etchecolatz, el genocida Oso Acuña profirió amenazas a una sobreviviente.

Desde el Estado Nacional se ha desaparecido a Julio Lopez del discurso oficial y no se ha desarrollado ninguna actividad tendiente a dar con su paradero. La misma posición sostiene con otros desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, también víctima del mismo aparato represivo no desmantelado.

El Gobierno que mantiene un silencio encubridor fue quien instruyó la promoción de la ley 26548 que contrajo la competencia del Banco Nacional de Datos Genéticos a la fecha del 10 de diciembre de 1983. López, Arruga y los más de 200 desaparecidos en democracia desmienten que las prácticas más terroríficas de los genocidas hayan sido efectivamente desterradas.

Existe una continuidad entre la impunidad y el reforzamiento del aparato represivo que representan la sanción de la ley antiterrorista, la pretensión de establecer una ley contra las manifestaciones populares, el nombramiento de César Milani al frente del Ejército -sobre quien pesan graves denuncias sobre su participación en secuestros durante la dictadura militar- y el accionar de Sergio Berni en la Panamericana.

Por todo lo expuesto, repudiamos la inacción estatal, el encubrimiento y el silencio oficial durante estos ocho largos años, y hacemos responsable al poder político por no haber promovido medidas concretas para dar con el paradero de Julio López.