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PROYECTO DE TP
Expediente 7388-D-2010
Sumario: MARCO REGULATORIO DE POLITICAS PUBLICAS FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO.
Fecha: 07/10/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 150
El Senado y Cámara de Diputados...
Marco Regulatorio de
Políticas Públicas frente al Cambio Climático
Artículo 1º.- Objeto. Ámbito de
Aplicación
La presente ley tiene por objeto
establecer un marco regulatorio para el desarrollo de políticas públicas frente al
cambio climático.
Sus disposiciones rigen en todo el
territorio de la Nación, respetando las particularidades provinciales y locales.
Artículo 2º.- Definiciones
A los fines de esta ley, se entiende
por:
Cambio climático, a la variación
estadística en el estado medio del clima que persiste durante un período
prolongado, debida a causas naturales o atribuida - directa o indirectamente - a
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera.
Adaptación, a los ajustes en los
sistemas naturales y humanos como respuesta a estímulos climáticos proyectados
o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos
beneficiosos.
Mitigación, a las intervenciones
antropogénicas para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de
efecto invernadero.
Vulnerabilidad, al nivel en el que un
sistema es susceptible, o no es capaz, de soportar los efectos adversos del
cambio climático.
Artículo 3º.- Responsabilidades
Concurrentes
El Estado Nacional, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires son responsables, en forma concurrente, del
diseño, implementación y financiamiento de políticas públicas frente al cambio
climático.
Artículo 4º.- Adaptación y Gestión de la
Vulnerabilidad.
Con el objeto de reducir las
consecuencias negativas del cambio climático y potenciar sus efectos favorables,
las jurisdicciones responsables garantizan la implementación de las acciones de
adaptación y gestión de la vulnerabilidad que se enumeran a continuación:
a) Promover investigaciones
tendientes a la generación de escenarios climáticos para las distintas regiones del
país.
b) Difundir los resultados de
tales investigaciones a través de bases de datos de libre acceso.
c) Evaluar la vulnerabilidad de
los sistemas naturales y de los diferentes sectores socioeconómicos, frente a las
consecuencias del cambio climático.
d) Elaborar planes de actuación
integral frente a situaciones de emergencia originadas en tales fenómenos.
e) Diseñar métodos y
herramientas para la prevención y reparación de los daños ambientales,
económicos y sociales provocados por el cambio climático.
f) Analizar potenciales
procesos de migración.
g) Desarrollar protocolos de
prevención y atención sanitaria de enfermedades relacionadas con el cambio
climático.
h) Planificar un ordenamiento
territorial que contemple el uso del suelo de manera ambientalmente
sostenible.
i) Evaluar las alteraciones
sufridas por los sistemas glaciares y periglaciales, desarrollando mecanismos
destinados a su protección.
j) Instrumentar planes de
preservación de los recursos hídricos.
k) Ejecutar un programa
integrado de manejo costero destinado a proteger los ecosistemas y los centros
poblados ubicados en las áreas más vulnerables.
l) Impulsar la adecuación y
concreción de obras de infraestructura destinadas a reducir los efectos de las
inundaciones.
Artículo 5º.- Mitigación para un
Desarrollo Sostenible.
Con el objeto de promover procesos de
desarrollo sostenible, las jurisdicciones responsables garantizan la implementación
de las acciones de mitigación que se enumeran a continuación:
a) Disponer un sistema de
medición de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero (GEI),
conforme los parámetros establecidos por el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC).
b) Fijar metas mínimas de
reducción de tales niveles tomando como base los compromisos internacionales
asumidos por la República Argentina.
c) Otorgar incentivos fiscales y
crediticios a productores y consumidores para la inversión en tecnologías,
procesos y productos de baja generación de gases de efecto invernadero (GEI).
d) Mejorar la eliminación de
gases de efecto invernadero (GEI) por medio de sumideros.
e) Propiciar la implementación
de planes de eficiencia energética por parte de los distintos sectores
productivos.
f) Impulsar el desarrollo y la
utilización de fuentes de energía limpias y alternativas a los combustibles
fósiles.
g) Promover inversiones en el
fortalecimiento de los sistemas de transporte público de pasajeros y la utilización
de medios menos contaminantes.
h) Instrumentar mecanismos de
evaluación ambiental estratégica (EAE), con carácter previo a la implementación
de programas y planes de desarrollo económico.
i) Fomentar el uso de
indicadores de sostenibilidad.
j) Proteger los bosques nativos
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.331 y avanzar en su
reforestación.
k) Fomentar la utilización de
modalidades de explotación agrícola-ganadera sostenibles.
l) Promover la minimización y
el reciclado de residuos.
Artículo 6º.- Fortalecimiento del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) elabora un programa de fortalecimiento técnico, científico y financiero que
incluye plazos de ejecución y costos de implementación para su aprobación por
parte de la autoridad de aplicación.
Dicho programa tiene por objeto su
jerarquización presupuestaria, el incremento de la investigación científica respecto
de las causas y consecuencias del cambio climático y el perfeccionamiento de los
sistemas de alerta temprana de fenómenos meteorológicos e hidrológicos
extremos.
Artículo 7º.- Campañas de
concientización
A efectos de involucrar a la ciudadanía
en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas frente al cambio
climático, se realizan campañas periódicas de concientización sobre los alcances
de esta problemática, tendientes a mejorar las capacidades de la población para
enfrentarla.
Artículo 8º.- Mesa Federal
Constitúyase la Mesa Federal de
Cambio Climático presidida por el/la titular de la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación e integrada por las máximas autoridades
ambientales de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º.- Plan Nacional
En el seno de la Mesa Federal de
Cambio Climático, se elabora anualmente un plan nacional a través del cual se
coordinan las acciones previstas en los artículos 4º y 5º, se determinan las
referencias iniciales, se dispone un cronograma temporal de ejecución, se definen
los objetivos a alcanzar y se evalúa su cumplimiento.
Artículo 10º.- Compromiso
Presupuestario
En el marco del plan nacional se
establece el porcentaje de recursos que las jurisdicciones se comprometen a
destinar, en cada ejercicio presupuestario, al desarrollo de las acciones contenidas
en el mismo.
Artículo 11º.- Cooperación
Para la ejecución del plan Nacional, la
Mesa Federal de Cambio Climático promueve la celebración de convenios de
cooperación regional e internacional.
Artículo 12º.- Informe al Congreso
Nacional
La Mesa Federal de Cambio Climático
elabora un informe anual de las acciones desarrolladas en el marco del plan
nacional, que remite a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, antes de cada
31 de marzo.
Artículo 13º.- Conferencia Permanente
Créase la Conferencia Permanente
sobre Cambio Climático, como ámbito público no estatal de consulta, debate,
formulación de propuestas y seguimiento de la presente ley.
Artículo 14º.- Convocatoria.
Participación
La Mesa Federal convoca a participar
de la Conferencia Permanente sobre Cambio Climático a expertos en la materia,
representantes de las Universidades Nacionales, las organizaciones
ambientalistas, las organizaciones sindicales y empresariales de los distintos
sectores productivos, las organizaciones de usuarios y consumidores, las
asociaciones profesionales y otras entidades no gubernamentales vinculadas a la
temática.
Artículo 15º.- Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa reconoce como
antecedente el Expediente Nº 4618-D-2008 que ha perdido estado parlamentario y
que hoy volvemos a presentar, a través de un texto enriquecido con el aporte
valioso de especialistas que recoge las recomendaciones formuladas en el seno
de la reunión del Parlamento Latinoamericano celebrada, el mes de marzo de
2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El calentamiento atmosférico es una
problemática compleja y actual de alcances mundiales, estrechamente vinculada a
temas cruciales como la lucha contra la pobreza, la superación de las
desigualdades existentes entre las distintas regiones del planeta, el desarrollo
socioeconómico, el uso de la tierra, la provisión de alimentos y, entre otros, el
crecimiento demográfico.
En aras a generar una conciencia
pública de carácter internacional, en relación a la urgencia de adoptar medidas
tendientes a mitigar sus causas y combatir sus efectos adversos, el 9 de mayo de
1992, fue adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), que entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y a la que
adhirieron la mayor parte de los países.
Dicha Convención quedó
complementada, el 11 de diciembre de 1997, con el Protocolo de Kyoto que se
planteó como objetivo la reducción de un 5,2% de las emisiones de gases de
efecto invernadero globales, tomando como base los niveles de 1990, para el
período 2008-2012.
Ese acuerdo entró en vigor, el 16 de
febrero de 2005, después de su ratificación por parte de un conjunto de países
que suman más del 55% de las emisiones. Sin embargo, la no adhesión de los
Estados Unidos y otros países fuertemente industrializados, ha limitado las
posibilidades de éxito de su implementación.
En los años sucesivos mucho han
avanzado los debates y las investigaciones sobre este tema y es así como, en el
año 2007, los máximos expertos en clima de todas las naciones del mundo
produjeron el Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC) - organismo creado por la Organización Meteorológica
Mundial y por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Sin embargo, la última Conferencia
Mundial sobre Cambio Climático convocada por las Naciones Unidas y celebrada
entre el 7 y el 18 de diciembre de 2009, en Copenhague - Dinamarca, fracasó a la
hora de alcanzar un nuevo acuerdo capaz de superar los alcances del Protocolo
mencionado.
Nuevamente, en vez de entender que
el desarrollo de humanidad excede las fronteras y va en contramano de un
crecimiento económico logrado a cualquier costo social y ambiental, las grandes
potencias priorizaron sus intereses nacionales mediatos.
Cuando hablamos de cambio climático
estamos haciendo referencia a la variación significativa y persistente del clima
durante un período largo de tiempo, susceptible de producir impactos en el medio
físico, económico y social.
Las principales causas de tales
variaciones son: la quema de combustibles, la producción de cemento, la
deforestación, la agricultura, la ganadería, los residuos, las actividades industriales
que usan refrigerantes líquidos y eléctricos, aerosoles y espumas plásticas. Estas
son todas actividades que generan cambios en la composición de la atmósfera a
partir de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Desde esta perspectiva, el Cuarto
Informe del IPCC - que mencionáramos párrafos atrás - no es uno más, en tanto el
mismo constituye la primera oportunidad en la que se confirma que el
calentamiento del sistema climático es un hecho y que la acción antropogénica
influyó en el mismo.
En ese sentido, consideramos
provechoso incluir en estos fundamentos las principales conclusiones a las que,
por consenso, arribaron los expertos integrantes del Panel, divididos en tres
Grupos de Trabajo, a través de los cuales se abocaron a analizar los múltiples
aspectos del cambio climático.
El primer Grupo (GT1), reunido en
París hacia febrero de 2007, reveló que el calentamiento del sistema climático es
inequívoco, tal y como los evidencian las observaciones de los incrementos en las
temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo
y nieve, y el aumento medio global del nivel del mar.
De la misma manera, destacó que las
concentraciones globales de gases de efecto invernadero en la atmósfera han
aumentado marcadamente desde 1750, como resultado de las actividades
humanas, en particular, el incremento en la concentración de dióxido de carbono
se debe fundamentalmente a los combustibles fósiles así como a los usos y
cambios de usos del suelo, mientras que el aumento del metano y del óxido
nitroso se debe principalmente a la agricultura.
Por su parte, el segundo Grupo (GT2),
reunido en Bruselas hacia abril de 2007, evaluó la vulnerabilidad de los sistemas
socioeconómicos y naturales ante el cambio climático, las consecuencias
negativas y positivas de dicho cambio, y las posibilidades de adaptación al mismo.
En su trabajo se pone de manifiesto, a
partir de la observación de todos los continentes y de la mayoría de los océanos,
que muchos sistemas naturales están siendo afectados por cambios climáticos
regionales, particularmente por el aumento de la temperatura. Debido al aumento
del nivel del mar, los sistemas costeros y las áreas bajas estarán expuestos a una
erosión creciente, y muchos millones de personas sufrirán el efecto de esas
inundaciones hacia el año 2080.
Particularmente para Latinoamérica,
este Grupo anticipó con un "alto nivel de confianza", que para mediados de esta
centuria habrá una pérdida significativa de biodiversidad, como consecuencia del
reemplazo gradual de las selvas tropicales por sabanas, y de las áreas semiáridas
por zonas áridas. El aumento del nivel del mar provocará inundaciones en las
zonas costeras bajas, y disminución de la disponibilidad de agua potable.
Asimismo, el GT2 pronosticó como
"virtualmente cierto" que, para mediados de este siglo, aumentará
significativamente la frecuencia de eventos climáticos extremos, lo que acarreará
graves consecuencias para la agricultura, la disponibilidad de recursos hídricos y
energía, la calidad del aire de las ciudades, el transporte, el comercio, la salud y el
hábitat humanos.
Finalmente, en Bangkok hacia mayo de
2007, el tercer Grupo de Trabajo (GT3) consideró que las emisiones de GEI han
aumentado desde los tiempos preindustriales, con un incremento del 70% entre
1979 y 2004 y que, con las actuales políticas de mitigación del cambio climático y
las prácticas de desarrollo sustentable relacionadas, las emisiones globales de
GEI seguirán creciendo durante las próximas décadas.
En ese punto y en cuanto a las
posibilidades de mitigación en el corto y mediano plazo (antes del año 2030), el
Grupo señaló que hay un potencial económico sustancial para lograr la reducción
de las emisiones globales de GEI durante las próximas décadas, neutralizando el
crecimiento proyectado de esas emisiones o, incluso, llevándolas por debajo de
los niveles actuales.
En igual sentido, señaló que todas las
metodologías de estudio indican que la reducción en la polución del aire (resultado
de la disminución de las emisiones de GEI) puede resultar, en el corto plazo, en
beneficios para la salud tan significativos como para compensar una fracción
sustancial de los costos de esa mitigación.
También, planteó que la inversión en
nueva infraestructura energética en los países en desarrollo, la modernización de
la actual infraestructura energética en los países industrializados, así como la
implementación de políticas que promuevan la seguridad en la disponibilidad de
energía (creación de fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles)
pueden lograr la reducción de emisiones de GEI. Los beneficios adicionales de
ello incluyen la supresión de la polución del aire, la mejora en las balanzas
comerciales, la provisión de servicios modernos de energía para las áreas rurales
y el empleo.
Los expertos llamaron la atención
sobre la importancia del rol de los gobiernos en la aplicación de políticas de
mitigación tales como la fijación de un precio real o implícito al carbono, la
creación de incentivos para productores y consumidores a efectos de fomentar
inversiones en productos y procesos de baja producción de GEI, y el apoyo al
desarrollo de tecnología e innovación efectiva, a través de contribuciones
financieras, créditos impositivos y creación de mercados.
Nuestro país no es una excepción al
escenario mundial descripto en el Informe mencionado. Así lo evidencian los
trabajos de investigación desarrollados por el Centro de Investigaciones del Mar y
la Atmósfera (CIMA) del Consejo Nacional de Investigaciones Ciencia y
Tecnología (CONICET) que, a partir de las proyecciones para América del Sur de
distintos modelos globales de clima, indican que la Argentina será cada vez más
cálida en el período 2020-2040.
Conforme estas proyecciones, el
aumento de la temperatura será, en promedio, de un grado para todo el país. Se
elevarán las temperaturas máximas pero más aún lo harán las mínimas. El norte
tendrá las mayores expectativas de calor, con una posible suba de 1,8º C en la
temperatura media anual, mientras que para la Patagonia habría un incremento de
0,6º C y para la Región Central uno de 0,4º C.
De la misma manera, se ha observado
un aumento de la frecuencia de fenómenos extremos y de su intensidad. Las olas
de calor son cada vez más fuertes y los episodios de lluvias torrenciales se han
vuelto más asiduos, generando un aumento de la vulnerabilidad social y de la
infraestructura.
La frecuencia de eventos de
precipitación que exceden los 100 mm en el centro y este de Argentina se ha
triplicado durante los últimos cuarenta años. Se registraron casos en los que en
cuarenta y ocho horas puede llover hasta el diez por ciento del promedio de
precipitaciones esperado para todo el año. En el centro y norte del país, cayeron
entre 1956 y 1991, entre un 10 y un 40 por ciento más de lluvias. En este período,
la pampa húmeda registró un incremento de 200 mm y lo mismo ocurrió en la
Ciudad de Buenos Aires.
En los valles del Paraná, Uruguay y
Paraguay, las inundaciones se han vuelto más frecuentes desde 1975. Doce de
las dieciséis mayores descargas mensuales del Paraná a la altura de Corrientes
se registraron en los últimos veinticinco años. En tanto, en el caso del Uruguay,
ninguno de los mayores picos de crecida, desde 1950, tuvo lugar antes de
1970.
Según datos del Banco Mundial del
año 2001, la Argentina se encuentra entre los catorces países más afectados por
las inundaciones, con pérdidas estimadas en más de 1.1 % de su Producto Bruto
Interno (PBI). Los efectos del cambio climático afectarán particularmente el
estuario del Río de la Plata y la costa de la Provincia de Buenos Aires.
En contraposición, en las regiones de
Cuyo y Comahue que son áreas de pocas lluvias, cada vez se registran en menos
cantidad. A esto, se suma que como la nieve no llega a formarse en la misma
proporción que antes porque las temperaturas son altas en la Cordillera, los ríos
alimentados por el deshielo - como el Atuel, el Neuquén, el Colorado y el San Juan
- disminuyen su caudal, afectando la disponibilidad presente y futura de agua.
Se registra, también, un retroceso
glaciar generalizado en los Andes Patagónicos.
Agravando lo anterior, el proceso de
expansión de la frontera agrícola que tuvo lugar en nuestro país se hizo sin
ninguna planificación, poniendo en severo riesgo de desaparición a importantes
comunidades vegetales, cuyas áreas de distribución coinciden con las mejores
tierras agrícolas. Tal es el caso del bosque de tres quebrachos, en el sudoeste de
la Provincia del Chaco y Este de Santiago del Estero, y la transición entre el
bosque chaqueño y el bosque pedemontano de las Yungas en Salta.
Esta expansión se vio favorecida por el
aumento de las lluvias en distintas áreas que convirtieron en aptos para la siembra
a terrenos hasta ayer dejados de lado. Sin embargo, en los últimos años se ha
manifestado en distintas zonas una marcada reversibilidad climática hacia los
valores históricos, que son mucho más secos. En estas condiciones, los planteos
puramente agrícolas implican grandes riesgos de pérdida de cosechas y de
desertificación, lo que se agrava por la virtual falta de rotación de los campos.
A esta situación climática, se le suma
una de carácter socioeconómico. A diferencia de la tradicional estructura agraria
de provincias como el Chaco, basada en colonias de pequeños productores, la
mayor parte de los actores del actual proceso de expansión de la frontera
agropecuaria son grandes o medianos productores. Sumado a esto, la notable
sustitución de un cultivo fuertemente demandante de mano de obra como el
algodón por la soja, generó una marcada caída del empleo rural, con severas
consecuencias en la estructura social.
Otro efecto adverso del cambio
climático que afecta directamente la salud de la población de nuestro país, es el
referido a la expansión de las áreas de contagio de enfermedades infecciosas
transmitidas por vectores.
Pese a la gravedad de la situación
descripta, el Poder Ejecutivo Nacional se ha limitado a crear sucesivas estructuras
administrativas de reducido nivel jerárquico para abordar el cambio climático,
incapaces de expresar la relación federal y carentes de lazos fuertes y
permanentes con la sociedad civil, que han puesto un énfasis casi exclusivo en la
instrumentación de mecanismos dispuestos por la normativa internacional que han
tenido una escasa incidencia en Argentina.
La respuesta oficial a esta problemática
ha pasado por priorizar los intereses de las compañías mineras y petroleras, tal
como quedo plasmado en el veto a la Ley de Glaciares y el reciente voto negativo
del bloque oficialista al proyecto que recogía lo dispuesto en la ley vetada.
Ha sido la reglamentación tardía de la
Ley de Bosques Nativos, ocurrida recién tras la tragedia de Tartagal; y la ausencia
de una voluntad política clara a la hora de poner freno a la deforestación.
Ha sido la ineptitud para prevenir y
atender los brotes de dengue, el colapso del sistema energético nacional y el
manejo clientelar de la inversión en infraestructura y obra pública.
Lo expuesto hasta aquí determina la
urgencia de recoger las premisas formuladas por los distintos Grupos de Trabajo
precedentemente mencionados, en una ley que sirva de marco normativo a la
generación de políticas públicas vinculadas al cambio climático, teniendo en
cuenta las características y necesidades propias de las distintas zonas de nuestra
geografía.
Ese es el objeto de esta iniciativa que
pone en cabeza del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos, la responsabilidad concurrente de desarrollar acciones de mitigación,
gestión de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
Cuando hablamos de mitigación nos
referimos a las intervenciones humanas que actúan sobre las causas del cambio
climático, para reducir las fuentes o mejorar los sumideros.
La vulnerabilidad refiere al nivel en el
que un sistema es susceptible, o no es capaz, de soportar los efectos adversos del
cambio climático.
La adaptación, por su parte, define al
ajuste de los sistemas naturales y humanos frente a entornos nuevos o
cambiantes que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.
Sobre esa base, entendemos
necesario enumerar expresamente aquellas acciones cuya ejecución resulta
imprescindible para abordar los distintos aspectos que hacen a la problemática del
cambio climático en Argentina.
Tal es el caso de la promoción de
investigaciones con el objeto de generar escenarios climáticos regionales y,
directamente vinculados a ella, el desarrollo y la aplicación de métodos y
herramientas para evaluar la vulnerabilidad y las potencialidades de adaptación al
cambio climático de los sistemas ecológicos y de los diferentes sectores
socioeconómicos de nuestro país.
En particular, se propone el desarrollo
de protocolos de prevención y atención sanitaria de enfermedades relacionadas
con el cambio climático y el análisis de potenciales procesos migratorios.
El impacto negativo que tendrá el
calentamiento terrestre en la producción agrícola, ganadera y de frutas en sus
actuales zonas de cultivo y desarrollo, debe ser paleado a través de la
planificación de un nuevo ordenamiento territorial que contemple el uso del suelo
de manera ambientalmente sustentable.
En algunos casos, la producción podría
beneficiarse si ésta fuese trasladada a regiones donde las proyecciones del
cambio climático aseguraran condiciones climáticas más propicias. Así lo
demuestran experiencias exitosas de países desarrollados como, por ejemplo, los
viñedos en el sur de Inglaterra o el café en Brasil.
No obstante, antes de avanzar en la
extensión de las fronteras agrícolas deberían analizarse integralmente las
consecuencias ambientales, sociales y económicas, para garantizar que no se
produzcan mayores daños que aquellos que se pretenden evitar y superar de esta
forma, el esquema de adaptación autónoma que, sostenido en decisiones
individuales tomadas en respuesta a los efectos del cambio climático, fue el que
primó hasta ahora en nuestro país.
En este punto, no debería autorizarse
ningún aumento de superficie para los grandes campos que presenten bajos
rendimientos de carne y granos.
Tampoco se puede perder de vista
que, con sólo aplicar tecnologías simples, se lograría producir más en la misma
superficie que hoy se explota.
Se trata, en definitiva, de aplicar los
conocimientos que existen para lograr una producción sustentable que afecte lo
menos posible al ambiente, y hacerlo de modo responsable, consensuado y
programado como instrumento de mitigación de los efectos del cambio climático y
adaptación al mismo.
Frente a la situación de riesgo en la
que se encuentran muchas zonas costeras de nuestro país, como consecuencia
de los cambios del nivel del mar y el aumento de fenómenos erosivos agravados,
urge avanzar en la implementación de un programa integrado de manejo costero
que incluya, entre otros aspectos, la posibilidad de un retroceso planificado, la
modificación de códigos de edificación, la protección de los ecosistemas en peligro
y de los centros poblados.
En igual modo, urge asumir como
prioritaria la evaluación de las alteraciones sufridas por los sistemas glaciares y
periglaciales, desarrollando mecanismos destinados a su protección.
También, la instrumentación de planes
de preservación de nuestros recursos hídricos y avanzar en la proyección de
obras de infraestructura - puentes, canales, diques y defensas - tendientes a
reducir los efectos que están produciendo las inundaciones.
Con miras a reducir la generación de
gases de efecto invernadero (GEI) es de vital importancia utilizar un sistema de
medición de los niveles de emisión y fijar metas mínimas de reducción tomando
como base los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
También mejorar la eliminación de
tales gases por medio de los sumideros y propiciar el otorgamiento de incentivos
fiscales y crediticios a la inversión en tecnologías no contaminantes así como la
implementación de planes de eficiencia energética capaces de producir buenos
resultados en el corto plazo y la utilización de fuentes de energía limpias y
alternativas a los combustibles fósiles que hoy representan casi el 90% de nuestra
estructura energética.
Cabe considerar que la Argentina
ocupa como emisor de gases de efecto invernadero (GEI) el 24º lugar a nivel
mundial y el 3º en América Latina, con tendencias a aumentar. En cuanto a la
participación de los sectores en la producción de tales gases, el 47% corresponde
al energético, el 44% a la agricultura y la ganadería, el 5% a los residuos y el 4%
al industrial.
Es necesario compatibilizar lo anterior
con la protección de los bosques nativos y la concreción de actividades de
forestación. Esto tiene que ver con que, si bien la producción de biocombustibles
puede ser ventajosa con respecto al nivel de emisiones generadas por los
combustibles fósiles, si se producen a partir de campos que estaban originalmente
ocupados por bosques que fueron desmontados y quemados, los aspectos
favorables se diluyen porque aumentan en forma masiva las emisiones de dióxido
de carbono y de otros gases de efecto invernadero. No se puede hablar de un
impacto positivo en la reducción de emisiones, si antes de comenzar a producir ya
se están quemando 50-100 toneladas de madera por hectárea.
Tomadas estas precauciones, hay que
destacar que Argentina es uno de los pocos países que puede aumentar
significativamente la producción de granos y tener un protagonismo central en
biocombustibles. Esta es una inmejorable oportunidad para el país, que debiera
ser aprovechada no sólo como emprendimiento económico, sino como ámbito
propicio para poder restaurar los pasivos sociales y ambientales.
En la misma dirección, se incorpora la
promoción de inversiones destinadas al fortalecimiento de los sistemas de
transporte público de pasajeros y la utilización de medios menos
contaminantes.
Entre las acciones, el proyecto incluye
también, nuevos instrumentos de gestión ambiental.
Uno de ellos es la Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) como instancia tendiente a la evaluación temprana
de las diferentes iniciativas y programas de desarrollo, con el objeto de orientar las
decisiones que se tomen a prevenir los efectos ambientales no deseados,
promoviendo la articulación interjurisdiccional y la coordinación de políticas
sectoriales, sobre la base de los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.
Otro de los instrumentos previstos, son
los Indicadores de Sustentabilidad que señalan los aspectos en los que las
relaciones entre la economía, el ambiente y la sociedad son débiles, favoreciendo
el reconocimiento de las áreas problemáticas y la determinación de posibles vías
de solución.
Por eso es importante, la promoción
por parte de los Estados del uso de estos indicadores como instrumentos de
medición, control y monitoreo de la situación ambiental en la Argentina.
Cabe mencionar, por ejemplo, el Índice
de Bienestar Económico Sostenible (ISEW) que, con el fin de conseguir una
imagen más completa del progreso económico, resta del PIB las consecuencias
dañinas de la actividad económica y corrige otras desviaciones como el trabajo
doméstico no pagado.
Este índice contabiliza la
contaminación atmosférica estimando el costo de daño por tonelada de varios
elementos contaminadores del aire. También considera el agotamiento de
recursos, estimando el costo para sustituir un barril de aceite equivalente por la
misma cantidad de energía de una fuente renovable. Además, estima el costo de
cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero por una
tonelada de estas emisiones y calcula el costo de la disminución del ozono por
tonelada de la sustancia que lo elimina. Finalmente, contempla la realización de
ajustes para reflejar la desigual distribución de ingresos.
Otra herramienta de este tipo es la
Huella Ecológica (HE), que fue reconocida como indicador por la Comunidad
Europea. La HE es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que
ejerce una cierta comunidad humana - país, región o ciudad - sobre su entorno,
considerando tanto los recursos necesarios como los residuos generados para el
mantenimiento del modelo de producción y consumo de la comunidad.
Finalmente, con el objeto de generar
un cambio de los patrones culturales contaminantes, el proyecto contempla la
promoción de la minimización y el reciclado de residuos.
Para concretar la jerarquización
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el proyecto también propone la
elaboración de un programa destinado al aumento de su presupuesto, el
incremento de la investigación científica respecto de las causas y consecuencias
del cambio climático y el perfeccionamiento de los sistemas de alerta temprana de
fenómenos meteorológicos e hidrológicos extremos.
La necesidad de un programa de estas
características surge a las claras de la respuesta brindada por el Director del
Servicio Meteorológico Nacional - Dr. Héctor Ciappesoni - con fecha 30 de
diciembre de 2008, a un pedido de informes referido a inundaciones ocurridas en
la Ciudad de Buenos Aires: "...el SMN no cumple con su función. El estado de
deterioro que hoy presenta es el resultado de una política que desde hace 40 años
ha hecho de una institución ejemplar - fue el tercer SM del mundo - un organismo
obsoleto y desjerarquizado, con una planta de personal técnico-científico
envejecida y carente de recursos para dar respuesta a las necesidades de la
comunidad y del gobierno".
Asimismo, se incluye un artículo
específico dedicado a la necesidad de desarrollar campañas de difusión y
concientización pública de las problemáticas relacionadas al cambio climático.
La previsión normativa de todas esas
acciones perdería potencialidad si, en la misma ley, no se contemplarán garantías
de financiamiento y la creación de un espacio de articulación entre las distintas
jurisdicciones.
Ese es el objetivo de la conformación
de una Mesa Federal de Cambio Climático integrada por las autoridades
ambientales del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en cuyo seno se elabore un plan nacional en el que se coordinen las
acciones a desarrollar y, al mismo tiempo, se acuerde el porcentaje de recursos
que cada jurisdicción deberá destinar a las mismas, en cada ejercicio
presupuestario.
Reconociendo el carácter global de
esta problemática, también se prevé el establecimiento de convenios de
cooperación regional e internacional para el desarrollo de las acciones
previstas.
Asimismo, se impone a la Mesa
Federal, la obligación de elaborar un informe sobre las acciones desarrolladas en
el marco del plan nacional, que debe remitir anualmente al Congreso Nacional,
como otro mecanismo tendiente a favorecer el seguimiento de su
implementación.
Como corolario, se propone la
convocatoria a una Conferencia Permanente como ámbito público no estatal de
consulta, debate, formulación de propuestas y seguimiento, en el convencimiento
que - más allá del rol trascendente de los Estados en materia de cambio climático
- el abordaje del mismo requiere también de un soporte científico y técnico
adecuado así como de procesos de búsquedas de consenso entre distintos
sectores como pueden ser los productores industriales, agrícolas, ganaderos y
forestales, los campesinos, las comunidades aborígenes y las organizaciones
ambientalistas; sectores que muchas veces defienden intereses claramente
contrapuestos.
El mandato constitucional del artículo
41 es claro en cuanto determina que "todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."
También lo es cuando en forma
contundente dispone que "las autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural ... y de la diversidad biológica ...", agregando que "corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección ..."
Ante la inmediata necesidad de
jerarquizar este tema como un punto central de la agenda pública de nuestro país,
venimos Señor Presidente, a solicitar el tratamiento y la pronta aprobación del
presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
| BONASSO, MIGUEL LUIS | CIUDAD de BUENOS AIRES | DIALOGO POR BUENOS AIRES |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL AMBIENTE HUMANO (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | REPRODUCIDO POR EXPEDIENTE 5717-D-12 |