La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por el destino incierto del buque escuela, Fragata (Q2) ARA Libertad, el de sus tripulantes y por las consecuencias políticas, económicas y sociales, resultantes del atraco de la navegación en el país africano de Ghana. Deseando que el ejecutivo, a través de las medidas que corresponda, arribe a una pronta solución y regularización del conflicto suscitado.

Señor presidente:

La Fragata (Q-2) ARA Libertad es un buque escuela que tiene como misión completar la formación profesional de los guardiamarinas de la Armada Argentina, contribuyendo al incremento de sus conocimientos marítimos e integrándolos a la vida en el mar. Asimismo contribuye a la política exterior representando a la República Argentina en los puertos en los que recala, donde difunde la realidad geográfica, cultural y productiva de su país. Por otro lado fomenta las relaciones navales internacionales, estrechando los vínculos profesionales y de amistad con las armadas de otros países.

El pasado 02 de Octubre la Fragata ARA Libertad fue atracada en el puerto de Tema, capital de Ghana - país dentro de la esfera de influencia del Reino Unido y donde prevalece un escrupuloso respeto por la ley- impedida de navegar, luego de que prosperara en la justicia local el reclamo de fondos buitres de los EE.UU., quedando en medio del desconcierto y temor.

Esta situación ha dejado a la Argentina expuesta una vez más como un país que gobierna con decisiones desorganizadas, desacordadas y desacertadas. El itinerario del recorrido de la Fragata Libertad es un trabajo que se decide en conjunto entre la Armada, el Ministerio de Defensa y la Cancillería, donde se considera la operatividad sobre la utilidad del viaje referido a los ejercicios

militares. Pero también entran en consideración la Secretaría de Comercio, con sus políticas de comercio exterior, la Secretaría de Relaciones Internacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los que debieron prestar especial atención en el momento de armar este último itinerario, tomando en cuenta los lugares que debía evitar el buque en su recorrido, a fin de que no sea incautado. La Fragata Libertad es un bien propiedad del Estado Nacional que debe resguardarse de los tribunales que permitan favorecer en juicios a bonistas que están aún en default. Hay toda una secuencia lógica en la designación de los puertos y de la travesía final que debe realizar la Fragata y toda esa secuencia es un proceso cooperativo interministerial. En esta oportunidad, el Estado cometió un acto de irresponsabilidad al desconsiderar el riesgo a que se exponía el buque, sus tripulantes y la nación, tanto por sus perjuicios económicos, políticos y sociales, entre otros.

A esto debemos sumarle que, de este confuso episodio el buque escuela permanece inactivo, sin brújula ni directivas claras; su tripulación conformada por alrededor de trescientos marinos se encuentra a bordo sin demasiadas precisiones en torno al rumbo que tomará finalmente el conflicto. Esto a su vez ha generado que los tripulantes deban medicarse a fin de evitar contraer malaria, así como también han iniciado actividades de esparcimiento para intentar soslayar el estado anímico de los mismos.

Este acontecimiento también ha traído como consecuencia el pase a disponibilidad por parte del Poder Ejecutivo del Director General de

Organización y Doctrina de la Armada y el Secretario General de la Armada, determinando de esa manera el perjuicio de las responsabilidades a las autoridades militares sin demostrar intencionalidad de crítica ni juzgamiento a la gestión coordinada por los ministerios y secretarías intervinientes en la desacertada medida.

Esta situación no tiene precedentes en el país, la detención de la Fragata Libertad en un puerto africano ilustra los problemas de gestión de la forma elegida por el Gobierno Nacional que tiene como antecesor el conflicto con Prefectura y Gendarmería, donde en especial el Ministerio de Defensa viene tomando medidas desatinadas que perjudican la defensa nacional de todos los habitantes del suelo argentino.

Es considerable agregar, que estos acontecimientos tienen poco que ver con la ideología sino más bien con la negligencia. Están más emparentados con la imprudencia que con la política. Revelan más improvisación de gestión, que deliberado dogmatismo. Una vez más, se subestiman los peligros y no se prevén las consecuencias nefastas de imprudencia que afecten de manera decisiva el derecho de propiedad.

Como Legislador Nacional siento el compromiso de expresar mi preocupación, haciendo sentir la voz de muchos ciudadanos que tienen el mismo sentimiento de reprobación, desolación, desprotección, inseguridad y

también de repudio por la falta de asunción de las responsabilidades pertinentes por parte de los funcionarios intervinientes y por la falta de respeto que significa descuidar de los bienes que representan y pertenecen a nuestro patrimonio nacional. Será menester y atinado que todas las consecuencias políticas, económicas y sociales que está ocasionando este injustificado y vergonzoso error sean respondidas por TODAS las partes intervinientes y en el grado de responsabilidad que les compete.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.