La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio a las intimidaciones explícitas e implícitas dirigidas hacia Enrique Piñeyro, director de la película "El Rati Horror Show" y Luis Rios, testigo de la "Masacre de Pompeya" tras el estreno del documental que retrata la historia de Fernando Ariel Carrera, el 16 de septiembre de 2010.

La impunidad de estos actos de amedrentamiento públicamente denunciados y la falta de protección de los afectados es un atentado directo hacia la libertad de expresión, y calidad de nuestra democracia. Es una obligación insalvable y superior la que tiene el Estado Nacional de proteger el derecho humano fundamental de libertad de expresión, tal como la Constitución Nacional y los tratados internacionales, encomian.

Señor presidente:

I - Objeto

El objeto de este Proyecto de Declaración es, en primer lugar, repudiar las intimidaciones implícitas y explícitas percibidas por Enrique Piñeyro, director del documental "El Rati Horror Show", y Luís Ríos, testigo de la Masacre de Pompeya que participa en el film.

, remarcar que la indiferencia ante este tipo de acontecimientos deleznables, ocasiona en forma directa perjuicios sobre el desempeño saludable de nuestra democracia y el correcto ejercicio del derecho humano fundamental de libertad de expresión.

II - Intimidaciones explícitas e implícitas denunciadas públicamente (1)

En una primera instancia, Luís Ríos, testigo de la Masacre de Pompeya, denunció que al día siguiente del estreno fue intimidado por dos personas que descendieron de un auto (Peugeot 504 blanco con vidrios polarizados) y le dijeron "Ojo con lo que decís, porque vas a terminar en el Riachuelo". "Si seguís así vas a terminar con la boca llena de trapos", agregó el otro. Ruiz volvió a ver a las mismas personas el lunes último: estaban en la puerta del bar donde él había ido a tomar un café, en Pompeya.

Rios manifestó que realizó la denuncia ante la Defensoría del Pueblo porteña, cuya titular, Alicia Pierini, envió sendas notas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; al ministro del Interior, Florencio Randazzo, y al procurador general de la Nación, Esteban Righi, en las que los pone al tanto de la denuncia y les pide que "adopten las medidas que correspondan".

Por su parte, Enrique Piñeyro denunció públicamente que por orden de un jefe de la Policía Federal le sacaron a los tres custodios que pagaba él mismo y que se encargaban del cuidado de su familia. El hecho se realizó sin ningún tipo de explicación. Ante tal sensación de indefensión, Piñeyro decidió resguardar a su familia en el exterior.

III - Contenido del documental (2) : Causa Fernando Carrera

El documental denuncia la manipulación deliberada de la causa judicial de Fernando Ariel Carrera quien fuera condenado injustamente a treinta años de cárcel tras el acontecimiento de "La Masacre de Pompeya".

El 25 de enero de 2005 Fernando Ariel Carrera, un joven comerciante de 30 años, sin antecedentes penales, casado y con tres hijos, se encontraba en su auto a pocos metros del Puente Alsina, esperando para cruzar desde Pompeya a Lanús. Al mismo tiempo, efectivos de la Comisaría 34 y 36 buscaban a tres ladrones en un auto blanco - ese era el único dato que tenían- que en la zona habían realizado dos robos. Al ver el Peugeot 205 blanco de Carrera, los policías, dispuestos a detenerlo, se dirigieron hacia él a bordo de un auto sin sirena ni insignia alguna que los identificara como de la Policía Federal.

Carrera declara ver un auto acercándose a toda velocidad con uno de sus integrantes con medio cuerpo fuera de la ventanilla y blandiendo un arma de fuego. Temiendo ser asaltado, Carrera movilizá su vehículo hacia Capital. El policía dispara y el impacto le da de lleno en la mandíbula, dejándolo inconciente. Sin embargo, Carrera sigue manejando por automatismo y a bordo de su auto recorre 500 metros, atravesando la Avenida Sáenz. En el trayecto el Peugeot atropella y mata a tres personas -dos mujeres y un niño de seis años- y termina chocando contra una camioneta frente a la Iglesia de Pompeya. Los policías se bajan del auto, forman un abanico y disparan sobre Carrera. Desde el puente y hasta estos disparos finales, los efectivos policiales dispararon dieciocho veces contra Fernando Carrera. Ocho de esos disparos impactaron en su cuerpo.

Al final del día los medios habían bautizado como "La Masacre de Pompeya" a un supuesto raid delictivo en el cual unos malvivientes habían asesinado a tres personas inocentes. Carrera es acusado de robo agravado y homicidio, siendo trasladado al penal de Marcos Paz. Su esposa, acude a la ayuda del Programa Nacional Anti-Impunidad del Ministerio de Justicia, quienes la asesoran judicialmente.

Antes del comienzo del juicio, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel -entre otras organizaciones de derechos humanos- manifiestan su apoyo a Carrera y a su familia, avalando la teoría de la causa judicial armada.

Durante las audiencias, los abogados de Carrera desentrañan la causa armada: cuatro de los testigos que en la instrucción aparecían diciendo que habían visto a Carrera disparar, lo negaron frente a los jueces; parte de las pruebas procesales misteriosamente desaparecieron; ninguno de los damnificados por los robos reconoció a Carrera como el autor de los hechos; todos los testigos afirman no haber escuchado sirenas durante la persecución; entre otras tantas irregularidades presentes en la causa. El 7 de junio de 2007 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº14 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Fernando Carrera a la pena de 30 años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio reiterado, lesiones graves reiteradas, lesiones leves reiteradas, abuso de armas y portación ilegal de arma de guerra.

La defensa de Carrera interpuso un recurso de casación contra dicho pronunciamiento que fue rechazado por la Sala III de la CNCP, el 5 de mayo de 2008. En consecuencia, se interpuso recurso extraordinario federal, que también fue denegado dando origen a un recurso de queja ante la CSJN.

El 1 de Julio de 2010, el fiscal ante la CSJN González Warcalde, dictaminó que correspondía declarar improcedente la queja y confirmar la condena.