La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los Organismos correspondientes, se sirva informar sobre los puntos que abajo se detallan referidos a la violación de cementerios indígenas y sitios arqueológicos por parte de empresas constructoras u otros emprendimientos.

1.- Cantidad de denuncias recibidas referidas a la usurpación, daño y/o destrucción de lugares sagrados y arqueológicos por parte de empresas constructoras u otras obras o emprendimientos. Proporcione toda la información con la que cuente referida a cada uno de los casos arriba mencionados.

2.- Nómina de sitios arqueológicos y cementerios o enterratorios indígenas registrados oficialmente. Cuáles de ellos han sido objeto de intervención o sobre los que se han otorgado concesiones en el marco de la ley 25.743 o sus análogas provinciales. Si en estos últimos se ha contado con el consentimiento otorgado por las comunidades indígenas involucradas.

3.- Casos en los que haya intervenido el INAI y el Consejo de Participación Indígena ante el posible perjuicio o daño de patrimonio arqueológico, cementerios o enterratorios indígenas.

4.- Si ha tomado conocimiento de la situación del sitio "Punta Canal", en el Delta del Paraná. En caso afirmativo, explicite acciones efectuadas o propuestas por organismos nacionales o en coordinación con aquellos competentes de la Provincia de Buenos Aires.

Señor presidente:

En los últimos años, a partir del auge de la construcción+ y extracción de minerales, Argentina se vio expuesta a la violación, y destrucción de sitios sagrados, cementerios pertenecientes a pueblos originarios y de otros sitios de interés arqueológicos.

Se han hecho públicas una serie de denuncias de los pueblos indígenas en relación a este tema. Por mencionar sólo algunas, La Comunidad Diaguita Calchaquí en la Provincia de Salta ha denunciado que se continúan vendiendo y destruyendo cementerios y sitios sagrados para el cultivo o explotación de viñedos de las bodegas Labake.

Así también, numerosos sitios arqueológicos y cementerios indígenas de las naciones preexistentes de la provincia de Buenos Aires, como los Querandí, Chaná y Guaraní, han sido destruidos o han quedando debajo de emprendimientos inmobiliarios. Por citar solo dos ejemplos, el "sitio Sarandí" fue destruido por el country o barrio cerrado "Nordelta" y el "sitio Garín" quedó debajo del barrio Santa Catalina del complejo Villa Nueva, gracias al accionar de la misma empresa EIDICO S.A. y/o DESARROLLADORA DE SAN BENITO S.A..

Actualmente el sitio Punta Canal está siendo objeto de acciones judiciales. El sitio arqueológico "Punta Canal" está registrado como yacimiento en el Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y se ha estudiado el mismo, junto con otros, desde 2.001. Así da cuenta un documento oficial de dicho instituto de febrero de ese año que dice entre otras cosas: "Los depósitos arqueológicos contienen además enterratorios humanos". Ese documento también advierte sobre la destrucción de éstos por los barrios privados, refiriéndose a los sitios Sarandí y Garín, este último destruido por la empresa EIDICO S.A. al construir el barrio Santa Catalina.

En diciembre del 2.008 un equipo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) encabezado por los arqueólogos Daniel Loponte y Alejandro Acosta, extrajeron aproximadamente 100.000 piezas de fauna local, 20.000 fragmentos de alfarería y alrededor de un centenar de otros artefactos, habiendo constatado que la antigüedad de los mismos sería de aproximadamente 1.000 años.

Pero eso no es todo, en abril de 2.010 en el sitio Punta Canal aparecieron tres fragmentos de cráneos humanos. Sobre uno de ellos,el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti -Área de Antropología Biológica- (dependiente de FFyL, UBA) certificó que pertenecía a una bóveda craneana, con lo cual se confirma que en el lugar existe un enterratorio.

Dicho sitio está en peligro de ser destruido totalmente por la construcción del Barrio Privado San Benito, parte del complejo Villa Nueva, ya mencionado. Con el agravante de que esas tierras pertenecen al Estado Nacional y son administradas por ADIF S.E.

El marco legal de los derechos indígenas se encuentra sustentado en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, Convenios ratificados por nuestro país, leyes nacionales, provinciales y decretos. Con la reforma a la Carta Magna de 1994 se da paso a un nuevo tiempo constitucional, caracterizado por un fuerte compromiso estatal frente a las obligaciones que los tratados internacionales - a los cuales adhiere- le imponen, y a un nuevo horizonte de lucha de los Pueblos Indígenas de estas tierras.

El Estado Nacional, a través de las leyes existentes debe cuidar y preservar estos lugares sagrados para que los pueblos puedan seguir practicando sus ceremonias religiosas, honrar y recordar a sus muertos y evitar que el interés de los particulares, prime sobre el interés público. Es necesario impedir que las empresas se cimienten sobre la historia de un pueblo, que, además, forma parte de nosotros como ciudadanos y de nuestra historia.

La ley 24.071, que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 7 (3), sostiene: "...Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas, puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas".

En ese sentido el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de garantizar la participación y la consulta a los pueblos indígenas ha creado mediante Resolución Nº 152 del 06 de agosto de 2004, modificada por su similar Nº 301/04, el Consejo de Participación Indígena. Todo emprendimiento científico que tenga por objeto a las Comunidades y/o a su patrimonio histórico y cultural deba ser informado al INAI, a fin de que éste informe. El consentimiento otorgado por las comunidades indígenas, será condición necesaria para realizar cualquier tipo de investigación científica.

Una población indígena no es sólo el lugar donde habitan sus pobladores, también es el lugar donde transcurre parte de su vida, el lugar donde se practican sus rituales y ceremonias. Esto es lo que hace a la identidad como pueblo.

La protección de su espiritualidad, de su cosmovisión y no sólo como la protección a la libertad de conciencia sino, como en toda religión, la protección al rito, al culto, es decir a la exteriorización de las creencias, hacen fomentar entre las naciones la tolerancia, hace a que cada ser humano pueda comprender el porqué el otro cree en determinado dios o realiza determinada acción. La protección a la espiritualidad indígena no solamente tienen estas consecuencias si no que ayuda a preservación de su identidad indígena, de su identidad como persona y es por esa razón que le debemos protección. ( www.BIOETICA.org. Copyright G.A.T.z(c)2005-2006)

Argumentos y Legislación sobran para velar por el cuidado de estos lugares. Sin embargo, en la práctica algo diferente parece suceder cuando lo que empieza a primar son los intereses económicos de una minoría, en detrimento de las voces acalladas de muchos. Es por esto que, desde nuestro lugar, tenemos que poder defender estos derechos que, en definitiva son los derechos de todos nosotros.

Es por lo expuesto que invito a mis pares a acompañen con su voto esta iniciativa.