La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y, por su intermedio, a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que comparezca con carácter de urgente ante esta Cámara a los fines de brindar informes verbales sobre la veracidad de la denuncia publicada en la versión impresa del diario Ámbito Financiero el 17 de octubre del corriente año, respecto a las tareas de espionaje ilegal realizadas por Gendarmería Nacional sobre la actividad de diversas organizaciones y manifestaciones sociales, tales como cacerolazos y ruidazos contra los tarifazos y particularmente sobre la actividad de la banca del Frente de Izquierda y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) en la provincia de Jujuy, realizada en común con otras organizaciones y organismos de derechos humanos.

Señor presidente:

En una nota publicada en la versión impresa del diario Ámbito Financiero, titulada “Gobierno nacional ya tiene su ‘Proyecto X’”, el periodista Mauro Federico informa que “la semana pasada, un sobre de papel madera sin remitente llegó a la redacción de Ámbito Financiero. En su interior, catorce páginas fotocopiadas ponían en evidencia que el Proyecto X había resucitado”, dando cuenta de que “el Gobierno de Cambiemos continuó facultando a la Gendarmería Nacional para que reporte sobre las actividades de los sectores que generan ‘hipótesis desestabilizadoras’”.

De acuerdo a la información difundida por dicho diario, “el reporte comienza con un título neutro: ‘Antecedentes del mes en la provincia de Jujuy’. El período analizado es agosto y septiembre de 2016. El primer punteo se inicia el segundo día del mes, con el señalamiento de dos medidas de fuerza sindicales llevadas a cabo por los trabajadores municipales de la capital jujeña y con un paro del Frente de Gremio Estatales. El tono del parte es descriptivo. Luego continúa con las actividades del 4 de agosto. La información se centra en el ‘Cacerolazo’ convocado a nivel nacional en ‘repudio a los tarifazos en los servicios básicos esenciales’. A la enunciación, le sigue un detalle de los lugares y los horarios previstos para las concentraciones”, y similares punteos son expuestos para otras actividades reportadas de los días 10, 15 y 18 de agosto, con destacados especiales para las marchas de la organización Tupac Amaru y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), así como otras vinculadas a cacerolazos y ruidazos contra los tarifazos.

De manera destacada, ese medio también informa que “sin embargo, el señalamiento más representativo de la orientación ideológica de este trabajo, corresponde al 3 de septiembre, cuando se hace referencia a una convocatoria del Frente de Izquierda y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH). En el parte se señala textualmente: ‘Se aprecia que (estos dirigentes) y sectores no afines al oficialismo provincial y nacional, se encuentran llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Gobierno mediante los medios de comunicación social, Facebook, Twitter y prensa digital de la provincia de Jujuy. Se estima que estas actividades se irán incrementando en forma paulatina con el objeto de perjudicar la imagen del Gobierno provincial y nacional, con el fin de crear situaciones que distraiga al P.E.P. en sus objetivos gubernamentales’. La información se

completa con el facsímil de los volantes repartidos durante las convocatorias de las fuerzas de izquierda”.

Federico también sostiene que “según fuentes ligadas a Gendarmería, este tipo de reportes ‘nunca dejaron de realizarse’, aún a pesar de tratarse de una práctica expresamente prohibida por las leyes” y denuncia correctamente que “lo que se encuentra expresamente prohibido por la ley de Inteligencia (N° 25.520) es que el Estado ‘obtenga información, produzca inteligencia o almacene datos sobre personas por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias o laborales’. También la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales), veda almacenar ‘datos sensibles’, definidos como aquellos que revelen ‘opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, y afiliación sindical’”.

Asimismo, afirma que “de acuerdo a esas mismas fuentes, el circuito de información se generaría en cada delegación de Gendarmería (la exhibida en este ejemplo, corresponde a la Región IV- NOA, con sede en Tucumán), pasaría por una oficina especial de análisis ubicada en el Edificio Centinela y luego de ser procesada, se enviaría al Ministerio de Seguridad de la Nación. Consultados por Ámbito Financiero, funcionarios de esta cartera, aseguraron ‘desconocer en absoluto la existencia de estos partes’, y se comprometieron a ‘denunciar los hechos ante la Justicia e iniciar una investigación interna’”. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha conocido acción alguna que vaya en este sentido.

Al respecto, cabe destacar que el mencionado Encuentro, convocado por Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.DH), se dio en la provincia de Jujuy durante el mes de septiembre de este año y se enmarcó en la actividad impulsada el día previo junto a otros organismos de derechos humanos y diputadas nacionales y legisladores provinciales que viajaron especialmente a esta provincia para constituir una Comisión de organismos y referentes de los Derechos Humanos, legisladores y trabajadores que recepcionó una gran cantidad de graves denuncias por persecución, represión, atropellos y violaciones a las libertades democráticas por parte del gobierno provincial de Gerardo Morales y Carlos Haquim, en un hecho poco visibilizado y que carece de antecedentes en la provincia.

Entre las presentes en esa oportunidad estuvieron, además de Bregman (PTS/FIT), las diputadas nacionales Josefina González (FPV) y Araceli Ferreira (PPV); los legisladores provinciales Raúl Godoy (PTS/FIT - Neuquén) y Juan Manuel Esquivel (Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular-Jujuy) y diversos organismos y referentes de Derechos Humanos, como María Laura Bretal (Justicia Ya y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención La Cacha); Luz Palma Zaldua (CELS); Graciela Rosenblum (Liga Argentina Por los Derechos del Hombre); Norma Ríos (APDH); Nilda Eloy (Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos); Angela Caredela (APDH); Victoria Moyano Artigas (CeProDH) Sara Velázquez (Familiares de Ex Detenidos de Jujuy); Matías Levonian (Correpi); Inés Peña (Familiares de Ex Detenidos de Jujuy); Miguel Farías (ex detenidos de Ledesma); Luis Paz (abogado de Milagro Sala), Paula Álvarez Carrera (abogada de Milagro Sala); Francisco Jara Sánchez (presidente ex presos Libertador San Martin) y Pablo Pimentel (APDH La Matanza), entre otros.

Como fue informado por diversos medios, entre esas denuncias se encontraban las realizadas por trabajadores y referentes sindicales de la industria azucarera de Ledesma, La Esperanza y Aceros Zapla; de familiares de víctimas de gatillo fácil; de representantes de comunidades originarias; de jóvenes víctimas de la violencia policial y de docentes, trabajadores estatales, ex presos políticos de Libertador Gral. San Martín y referentes de los derechos humanos de la provincia de Jujuy, entre otros.

El Encuentro del CEPRODH, realizado posteriormente, centró su denuncia en esta escalada represiva, testimoniada por aquellos luchadores y luchadoras sociales, sindicales y de los derechos humanos durante el día anterior, y volvió a denunciar la intimidación de la que fuera objeto pocos días antes la diputada del FIT, por parte del empresario jujeño Carlos Blaquier, así como las amenazas telefónicas que sufriera en su despacho en este mismo marco, todas ellas ampliamente repudiadas por distintas fuerzas, incluido el Congreso Nacional.

Finalmente, señalamos que la práctica del espionaje ilegal por parte de las fuerzas de seguridad ya había sido denunciada en 2011 a raíz la infiltración a organizaciones sociales, políticas y comisiones internas clasistas por parte de la Gendarmería Nacional. La denuncia realizada entonces por Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros, fue conocida como ´Proyecto X’.

De confirmarse la denuncia de Ámbito Financiero, se confirmaría también que el gobierno de Cambiemos mantiene la vigencia de este Proyecto, bajo la responsabilidad de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Por los motivos expuestos, y por los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.