La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara su más absoluto rechazo a la falaz argumentación de la potencia usurpadora, Gran Bretaña, sobre la pretensa e infundada autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas e igualmente rechaza por nulo de nulidad absoluta el previsto y engañoso referéndum a realizarse presuntamente en marzo de 2013.

Señor presidente:

La Argentina con su Declaración de Independencia, heredó todos los derechos de España de acuerdo al principio "uti possidetis juris", según el cual a las emancipadas Provincias Unidas del Sud les correspondieron los mismos límites que el Virreinato del Río de la Plata poseía en 1810.

Cuando Gran Bretaña reconoció la Independencia argentina, en febrero de 1825, no formuló reserva alguna acerca del uti possidentis juris 1810 que incluía a las Islas Malvinas como parte integrante de la jurisdicción territorial del país con el que acordó.

El 3 de enero de 1833 se produce la invasión y usurpación Británica de las Islas Malvinas, implantando población del mismo origen y desplazando ilegítima e ilegalmente a la población nativa argentina.

Gran Bretaña, en la era contemporánea, comienza a fundamentar la autodeterminación de dichos habitantes de las Islas Malvinas, argumentando que ellos "eligen" ser británicos.

Es sabido que Londres ejerce un insuperable magisterio mundial en materia de crear estados artificiosos y en dibujar mapas. Lo hizo en África, en el Cercano Oriente, en el Caribe y América Central y hasta en nuestras propias narices, en el Río de la Plata.

Empero, en principio para que ello ocurra, se debe observar que todas las variables del derecho de autodeterminación se cumplan legítimamente. En este caso puntual el derecho de autodeterminación de los pueblos se encuentra viciado por la invasión forzada y violenta de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, trasplantando a su gente y desplazando la población nativa.

La Resolución 2065 de la ONU insta a las partes a negociar sobre la base del otro gran principio que regula las relaciones internacionales y la descolonización: el de integridad territorial.

Que dichas partes son la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por lo tanto es inválido sostener o hacer ingresar a los habitantes del territorio malvinense como parte con poder de decisión sobre el diferendo.

Recientemente se ha conocido una estadística sumamente significativa y sugerente: la población nativa malvinense, proveniente del trasplante efectuado por la potencia usurpadora, ha descendido a sólo 1.300 personas. Los inmigrantes superan en número a los vernáculos trasplantados. Son 1.500.

Inconcebiblemente, 1.500 inmigrantes extranjeros, únicamente atraídos a radicarse en las Malvinas por los altos ingresos personales que asegura la pesca ilegal que realizan las autoridades colonialistas usurpadoras en el Mar Argentino, decidirán o pretenden que decidan, para mejor decirlo, el destino de las islas, de los otros archipiélagos - Georgias y Sándwich del Sur y hasta se aspira a proyectar esa decisión hasta el Polo Sur. Esto significa la irracionalidad de que filipinos, ceilandeses, originarios de Santa Helena y por supuesto, los 350 chilenos que viven en las Malvinas, resuelvan un conflicto histórico. Marginándonos a nosotros, los dueños jurídicos, históricos, geográficos y por mandato espiritual - en todos anida el sentimiento malvinense y su redención - de las Malvinas y sus áreas circundantes, incluidos los otros dos archipiélagos.

¿Qué legitimidad tiene que un recién llegado de Santa Helena diga si quiere ser parte de Gran Bretaña o ser independiente y consecuentemente un país títere, tutelado por Londres? ¿Cuál es el derecho para que los chilenos, desgraciadamente enseñados desde la cuna a tener resentimiento antiargentino - algo que dificultosamente parece estar revirtiéndose en la actualidad, muy morosamente -, sean quienes resuelvan el litigio?

Ya han existido en los últimos meses protestas de chilenos que quieren que el presidente Sebastián Piñera revise su apoyo a la reivindicación argentina. Pueden más las ominosas rivalidades intestinas sudamericanas - producto de décadas de deformación cultural y educativa - que los altos intereses geopolíticos, geoestratégicos y económicos que nos compelen en América del Sur a unirnos.

Asimismo las sucesivas del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (Comité de los 24) han establecido la inaplicabilidad del principio de autodeterminación en el caso Malvinas, pues sus habitantes no son un pueblo originario del archipiélago, sino trasplantado por la potencia que de hecho usurpa el territorio.

La Argentina, con respecto a los ciudadanos británicos que habitan las Islas Malvinas, al contrario del accionar de la usurpadora de 1833, reconoce la ciudadanía argentina nativa de dichos habitantes y con ello todos los derechos inherentes a ella. Que, cabe subrayarlo, son amplísimos y generosos, sin parangón en el plexo constitucional del planeta, incluidos los extranjeros residentes. Por ende, aquellos habitantes de las islas que deseen ser ciudadanos británicos, gozarán, en la práctica, de iguales derechos que los nativos, sobre todo en materia civil, penal, laboral, administrativa y todas las restantes prerrogativas, incluyendo la de votar en las elecciones locales. Esta limitación, hasta tanto se apruebe el proyecto de ley de extender los derechos a la ciudadanización automática para los residentes extranjeros que acrediten cinco años o más de radicación, tal como, por otra parte, reconocía la Constitución de 1949, luego abrogada.

No debe omitirse que Londres, transgrediendo los Derechos Humanos que reconoce la Organización de las Naciones Unidas, prohíbe la radicación de ciudadanos argentinos continentales en las islas Malvinas. Ello contribuye aún más a invalidar los actos de la potencia usurpadora de las Malvinas.

El referéndum que se realizaría en marzo de 2013 no es en absoluto vinculante para la República Argentina. Desconocemos total y concluyentemente su validez y lo declaramos nulo de nulidad absoluta. Es una falsificación de la genuina expresión de la voluntad de un pueblo. Es un engaño al mundo entero que pretende escenificar la usurpadora Gran Bretaña. No serán ni los trasplantados ni los inmigrantes de Santa Helena, ni siquiera los provenientes de Chile, quienes van a decidir el destino de una tierra que fue y será argentina.

Nosotros queremos las Malvinas y el Atlántico Sur argentinos, pero lo hemos dicho y lo reiteramos: argentinos y por ello sudamericanos. Es decir, al volver al redil argentino regresan a la integración sudamericana. Esto deberían entenderlo algunos contumaces trasandinos que se empecinan en mantener vivos resentimientos que a esta altura deberían ser inhumados.

La autodeterminación no es prerrogativa que disponga la población usurpadora - sea nativa o sea inmigrante. Y por ende, el referéndum que ha anunciado la autoridad local malvinense - que no reconocemos- es absolutamente inválido, nulo de nulidad absoluta. Es una falsificación. Un fraude intrínseco.

Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta Declaración.