La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por el recorte presupuestario al Poder Judicial de la Nación, efectuado por el Poder Ejecutivo Nacional en el proyecto Presupuesto Nacional para el año 2011 enviado a esta Honorable Cámara.

Señor presidente:

El pasado 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2011, incluyendo el presupuesto del Poder Judicial de la Nación con un recorte de $778 millones.

Esta decisión del Poder Ejecutivo sobre el presupuesto del Poder Judicial afectó a la Corte Suprema de la Nación con un recorte del 39% de su presupuesto ($355 millones menos), mientras que el Consejo de la Magistratura sufrió una reducción del 12% ($423 millones menos).

Esta quita al presupuesto se evidencia en el recorte de los créditos presupuestarios para las obras proyectadas por el Alto Tribunal: el Proyecto Informático, el Archivo General, la Biblioteca y la Refacción del Palacio de Tribunales, y en los cargos y créditos presupuestarios para el Proyecto Informático y la Oficina de la Mujer.

El Poder Judicial de la Nación representa el 1,2% del Presupuesto Nacional del año 2011 y contribuye en un 45,5% en el resultado financiero del mismo. Expresado en cifras, aporta $724 millones de los $1.593 millones del superávit financiero previsto en el Presupuesto Nacional.

Este desfasaje es aún mayor si se compara el Presupuesto Nacional con el presupuesto de la Corte. El presupuesto de ésta última, que es de $918 millones, representa un 0,25% y aporta con su superávit $403 millones al resultado financiero, es decir cubre un 25,3% del Nacional .

El recorte que reclama el máximo tribunal no está basado en los números del Presupuesto 2010, sino con la cifra que le había solicitado al Ejecutivo para el próximo año. Es decir, que la Justicia pidió un monto (5.351 millones de pesos), pero el Gobierno le otorgó otro menor (4.572,4 millones de pesos) impidiendo la proyección y la realización de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las políticas de estado fijadas por el Poder Judicial de la Nación.

Por los argumentos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto de Resolución.