La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar a la Subsecretaría de Reforma Institucional para el Fortalecimiento de la Democracia, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se sirva informar acerca de diversos aspectos a continuación detallados, desde el inicio de la gestión del actual Subsecretario, Andrés Larroque.

En este sentido, requerimos informe:

1- Dirección URL oficial de la página web de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia.

2- Informes sobre:

a) La cantidad de solicitudes de información que le fueron presentadas y el objeto década una de ellas;

b) La cantidad de solicitudes respondidas, las pendientes y el tiempo de procesamiento de las mismas.

c) La cantidad de resoluciones que hubieren denegado solicitudes de información y los fundamentos de cada una de ellas;

f) Las medidas adoptadas para el mejor cumplimiento del Decreto 1172/3.

3- Informes sobre la ubicación del Registro Público de Audiencias para consultas.

4- Nómina de los responsables de las Unidades de Enlace, cumplimentando los siguientes datos:

a) Nombre y Apellido

b) Dirección

c) Teléfono

d) Correo electrónico

e) Área a cargo.

Señor presidente:

Ante los cuestionamientos de público conocimiento sobre la gestión del Sr. Andrés Larroque a cargo de la Subsecretaría de Reforma Institucional para el Fortalecimiento de la Democracia, a partir del 14 de mayo de 2010, creemos imperioso acceder a la información que detallamos en este proyecto de resolución.

El acceso a la información, es un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Art. 19 establece que el acceso a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Art. IV recoge el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio, como un derecho inherente a todo ser humano. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Art.13 protege, asimismo, el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otra parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2001 hace eco de de esta facultad de acceder a información pública y resalta nuevamente que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos.

Además de los instrumentos internacionales mencionados, la jurisprudencia interamericana ha establecido que el acceso a la información es un derecho humano y como tal, es obligación del Estado garantizar su ejercicio, para lo cual deberá guiar sus actuaciones por los principios de publicidad y transparencia y de máxima divulgación, limitando el numero de excepciones permitidas a las mínimas posibles, y garantizando, en todos los casos, el derecho de las personas a ser oídas y a que exista un recurso sencillo y rápido para hacer efectivo este derecho.

En este sentido, la garantía, reglamentación, y el ejercicio del derecho a acceder a la información pública tiene una relación directa con la calidad de la democracia republicana perseguida por los Estados. Por un lado, la libertad de información coadyuva al desarrollo pleno de otras prerrogativas tales como el derecho a la libertad de expresión; el control sobre la gestión pública, integridad en el manejo de los recursos públicos y rendición de cuentas; y la participación ciudadana.

Como es sabido, en el año 2003, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó a través del Decreto 1172/3, "el mecanismo de Acceso a la Información Pública, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento" (Anexo VII - Capítulo I - Artículo 1), cuya finalidad "es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz" (Anexo VII - Capítulo I - Artículo 4).

En definitiva, el rol fundamental de la la Subsecretaría de Reforma Institucional para el Fortalecimiento de la Democracia es velar por la plena vigencia del Decreto 1172/3, que reglamenta el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Cualquier sospecha de incumplimiento, es absolutamente repudiable por el Honorable Congreso de la Nación, quien viene trabajando arduamente para la sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública.

Por este motivo, es que resulta de gran transcedencia contar con los elementos solicitados para garantizar el libre acceso a la información pública.