La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la aprobación efectuada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de la Resolución 68/304 denominada "Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana".

Manifestar su reconocimiento al logro político y diplomático de la República Argentina y agradecer el apoyo brindado por la amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU, en especial al Grupo de los 77 más China que preside el Embajador de Bolivia ante ese organismo D. Sacha Llorenti Soliz.

Solicitar a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas que impulse, con carácter prioritario, el debate de los asuntos propuestos en la Resolución "Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana" de la Asamblea General e instar a los Parlamentos de los Estados parte a manifestarse en favor de la adopción de una norma internacional multilateral que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana de los Estados.

Disponer que se remita copia de la presente Resolución a la Secretaría General de la ONU y a todos los Parlamentos de los Países que integran esa organización.

Señor presidente:

Por 124 votos a favor, 41 abstenciones y sólo 11 en contra, la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas aprobó el día martes 9 de septiembre la resolución 68/304 que establece la necesidad de crear un "marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana". El organismo resolvió que deberá trabajar y definir esa reglamentación antes de septiembre de 2015, cuando termine su próximo período de sesiones ordinarias. La Argentina consiguió el respaldo del G-77 más China, que llevó una propuesta común a la última reunión anual de la Asamblea General. "Es un día histórico", aseguró el canciller Héctor Timerman, que encabezó la comitiva argentina, de la que también participó la representante permanente ante la ONU, María Cristina Pérceval, y la Embajadora en los Estados Unidos, Doctora Cecilia Nahón, entre otros funcionarios.

El Canciller Héctor Timerman dijo en su discurso que dicha votación "es la expresión más contundente de esta representatividad global: los pueblos del mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente un camino ético, político y jurídico capaz de ponerle frenos a la especulación desenfrenada, eligiendo el camino del derecho justo, que es el que se construye a través de un debate plural y democrático, como éste, en donde todos, exactamente todos, tenemos voz y voto".

El encargado de presentar el proyecto en la ONU fue el representante de Bolivia, Sacha Llorenti, en su condición de presidente del G-77 más China, que nuclea a 133 países en desarrollo. El embajador Sacha Llorenti manifestó el "compromiso de construir un sistema financiero internacional en el que las reglas sean justas y favorables al desarrollo, para que los países puedan también lograr un desarrollo sostenible".

El proyecto aprobado, entre otros puntos, sostiene que deben intensificarse los esfuerzos para prevenir las crisis de deuda, definirse las modalidades de adopción del texto jurídico a aprobarse y recuerda las reiteradas oportunidades en las que tanto las Naciones Unidas así como otros foros multilaterales han intentado sin éxito abordar este tema. El debate sobre el sistema financiero internacional en Naciones Unidas se realiza al menos desde 1970, aunque uno de los primeros antecedentes concretos sobre el tema de deuda soberana es la cumbre de Monterrey en la que, hace 12 años, los líderes de distintos países expresaron el compromiso de trabajar en un mecanismo internacional de negociación.

Así queda expresado en la resolución cuando reconoce "la necesidad de crear un marco jurídico que facilite la reestructuración ordenada de la deuda soberana, que permita restablecer la viabilidad y el crecimiento sin crear incentivos que aumenten inadvertidamente el riesgo de incumplimiento, y que sirva de elemento disuasorio para que los acreedores no entablen litigios desestabilizadores durante las negociaciones de reestructuración de la deuda soberana"

De los 193 miembros de las Naciones Unidas, sólo 11 votaron en contra: Estados Unidos, Australia, Canadá, República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Israel, Japón e Inglaterra. Las abstenciones alcanzaron un número más alto y 41 países votaron de esa forma. Muchos de ellos pertenecen a la Unión Europea, como Bélgica, España, Grecia, Italia, Francia, Holanda y otros a Estados nórdicos, como Dinamarca, Noruega o Suecia. Para la comitiva argentina, fue un avance que muchas naciones se hayan expresado de esta manera, ya que no obstaculizaron el tratamiento de una reglamentación mundial sobre deuda soberana. De hecho, al comenzar las negociaciones, unos 46 países habían adelantado que rechazarían el proyecto y ese número luego se redujo a 11.

Uno de los principales argumentos de los países que votaron negativamente a la creación del marco regulatorio, fue la necesidad, a su juicio, de "un debate técnico", que debería realizarse en foros especializados, como el FMI o el Club de París. "Tratar esta cuestión en las Naciones Unidas, en un plazo irregularmente corto y con irregularidades de procedimiento, politiza una cuestión que es de índole técnica. Foros como el FMI o el G-20 son más apropiados", señaló el representante de Canadá, en la misma línea que la representante de Japón.

Entre las voces que se pronunciaron en contra, la más destacada fue la de Estados Unidos: "generaría incertidumbre en los mercados financieros, lo que hará que cobren primas más elevadas y eso asfixiará a los países en desarrollo", advirtió la representante estadounidense, Samantha Power, quien anticipó "resultados muy inciertos" en el debate sobre el marco regulatorio. Según Power, los países del G-77 cometieron irregularidades en el procedimiento para tratar el tema y además, "adelantaron el resultado" del debate sobre el marco regulatorio.

Sacha Llorenti, representante de Bolivia y presidente del G-77 desechó las críticas al afirmar que la Asamblea General es "el lugar más legítimo y democrático" del andamiaje institucional global para tratar el tema. "La Argentina le ha abierto los ojos al mundo y ha ubicado a la Asamblea General en el escenario que corresponde para discutir y debatir los temas más importantes", afirmó.

Según lo establecido en la Resolución sancionada, la Asamblea General de Naciones Unidas deberá aprobar antes de fin de año la modalidad con la que se llevará a cabo el debate durante el año próximo. Una vez resuelta la modalidad de trabajo, comenzará el análisis del texto, que podría tener la forma de una convención, de directivas o leyes modelo, entre otras. El primer caso sería una apuesta de máxima, ya que la aprobación de una Convención implicaría un marco legal de carácter vinculante que establece obligaciones para los Estados. Incluso, una vez aprobada, debería ser tratada por los poderes legislativos de cada uno de los países miembro y posteriormente ratificada para que tenga plena vigencia.

La expectativa de la República Argentina y de los países que apoyaron la Resolución es la redacción y adopción de una marco legal regulatorio para reestructuración de deudas soberanas en forma equitativa, justa y legal. Se busca así impedir que un sector minoritario de acreedores obstaculice el proceso de reestructuración de deuda de una porción mayoritaria. Este es el caso de Argentina con los denominados "Fondos Buitres", que poseen el uno por ciento de los bonos y a través del confuso accionar del juez norteamericano Thoamas Griesa, traban el cobro del 92,4 % de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

Por otro lado, la norma señala que el pago de las obligaciones de deuda externa de un país no debe impedir el desarrollo económico y social de su pueblo. Por último, que se respete la soberanía de los Estados, evitando que las legislaciones de otros países interfieran entre sí. Esta preocupación queda de manifiesto en la resolución cuando señala, "Reconociendo también que los esfuerzos de un Estado por reestructurar su deuda soberana no deben verse frustrados u obstaculizados por los acreedores comerciales, incluidos fondos de inversión especializados como los fondos de cobertura, que adquieren deuda de Estados altamente endeudados con fines especulativos en los mercados secundarios a precios con grandes descuentos con la intención de litigar para tratar de obtener el reembolso de la totalidad del valor".

Hay que destacar especialmente que la Resolución recibió el apoyo de la gran mayoría de los países latinoamericanos (con excepción de México), de muchos países africanos y también de países de mayor incidencia política en el contexto internacional como China, India y Rusia.

También es importante señalar el excelente trabajo de la diplomacia Argentina que fue urdiendo una estrategia sobre los fondos buitre desde la cumbre del G-77 en Santa Cruz de la Sierra, proceso que fue rematado con el apoyo conseguido en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Se valora enormemente, asimismo, que este proyecto resolutivo fuera presentado por el Grupo de los 77 más China, ya que se trata de un espacio que ha sabido señalar los efectos devastadores de la injusta distribución de la riqueza global y que es capaz, en ese foto multilateral, de proponer iniciativas para construir un mundo más justo, libre y solidario.

También se destaca de manera muy positiva la actitud y la eficacia de su titular pro témpore, Bolivia, cuyo embajador permanente ante la ONU, Sacha Llorenti, ha manifestado que el caso argentino "abrió los ojos" al mundo sobre el riesgo que significan los fondos especuladores para la soberanía de los países.

Al respecto, también son importantes las palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Acabamos de ganar una posición que es de las naciones que quieren dignidad y defender el derecho de sus pueblos, de los países que no quieren ser

estafados. ¿Qué sustentabilidad puede tener un mundo donde dos o tres millonarios pueden lograr con sentencias beneficios usurarios?".

La resolución aprobada recoge esta preocupación cuando reconoce "que el elemento central de los procesos de reestructuración de la deuda ha de ser la determinación de la capacidad real de pago, de modo que no afecten negativamente al crecimiento económico y al cumplimiento de los aspectos pendientes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015"

El voto en contra de los Estados Unidos puede ser visto tanto como una reivindicación de su propia autoridad política en el sistema internacional como su percepción de que aún están vigentes las instituciones de la segunda posguerra, como el Fondo Monetario Internacional. Vale la pena señalar que la República Argentina ha manifestado que buscará dialogar con todos los países en este proceso, pero que pondrá sus mayores esfuerzos en aquellos que no apoyaron la resolución, en pos de generar consensos y acuerdos con la mayor amplitud posible.

Ya en la parte resolutiva de la norma aprobada, la Asamblea general de la ONU:

- Pone de relieve la especial importancia de hallar una solución rápida, eficaz, completa y duradera al problema de la deuda de los países en desarrollo a fin de promover su crecimiento económico inclusivo y su desarrollo;

- Pide que se intensifiquen los esfuerzos por prevenir las crisis de la deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de prevención y solución de crisis, en cooperación con el sector privado, con miras a hallar soluciones aceptables para todos;

- Decide elaborar y aprobar , mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario, en su sexagésimo noveno período de sesiones, un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, a aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales;

La resolución que se ha votado es la prueba de la importancia que la mayoría de las naciones del mundo le asignan a una realidad que nos encuentra desprotegidos ante el uso y abuso que hacen los especuladores del vacío legal en el actual sistema financiero internacional, en materia de reestructuración de deuda soberana. Es, al mismo tiempo, la confirmación de que el diálogo democrático, el trabajo sostenido y la defensa de las causas justas pueden alcanzar resultados exitosos.

La República Argentina ha llamado, un vez más, la atención al sistema político internacional y ha logrado instalar en su agenda, una preocupación y un problema cuyas consecuencias pueden ser catastróficas para el sistema económico internacional si los países y organismos multilaterales no dan una respuesta estructural a los fondos especulativos que, en ausencias de regulaciones, desafían la condición soberana de los Estados.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Resolución.