La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la acción iniciada por el Gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías de la República Bolivariana de Venezuela, de renunciar a la Convención Americana de Derecho Humanos, con lo cual dejó de pertenecer a la Comisión y se sustrajo de la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Convención conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

Señor presidente:

El objeto de esta declaración es manifestar una profunda preocupación por el accionar del gobierno de Venezuela, de privar a los ciudadanos de esa Nación, el derecho fundamental de justicia en una instancia superior e independiente de los tribunales nacionales. Asimismo, esta decisión violenta claramente la propia Constitución Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 31 afirma que "toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos".

Al crear la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, los Estados -incluida Venezuela- expresaron como objetivo de la Organización el "consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". En ese espíritu, los Estados crearon el sistema interamericano de derechos humanos. Los Estados miembros y los órganos políticos de la OEA constituyen la garantía colectiva de ese sistema. En esta línea de acciones a lo largo de los años, en la última Asamblea General de la OEA, celebrada en junio de este año en Cochabamba, Bolivia, los Estados Miembros -incluida Venezuela- ratificaron su intención de avanzar en la universalización del sistema interamericano de derechos humanos. En la Asamblea General de Cochabamba, los Estados Miembros también acogieron el informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Convención Americana entró en vigencia en 1978. A la fecha, 24 de los 35 Estados Miembros de la OEA han ratificado la Convención. La denuncia de la Convención por parte de Venezuela constituye un grave retroceso en el esfuerzo por fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos.

Así, manifestaba Amnistía Internacional: "una vez que esta decisión entre en vigor, víctimas de violaciones de derechos humanos de ese país ya no podrán acceder a la Corte. Se trata de una afrenta a las víctimas actuales y a generaciones futuras de venezolanos y venezolanas. La posibilidad de recurrir a un organismo internacional como la Corte Interamericana es un derecho que todos y todas los venezolanos han adquirido y cuyo ejercicio debe garantizarse".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente. Desde su creación ambos órganos del Sistema han analizado situaciones de graves violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la protección de los derechos de los pueblos indígenas, la prohibición de la tortura, así como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los derechos económicos, sociales y culturale

Las razones que fundamentan la decisión del Gobierno Venezolano son carentes de contenido frente a la trayectoria de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado Argentino como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), miembro fundador del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) no puede ignorar este hecho. Así, Argentina y sobre todo este gobierno que ha tomado como propia la bandera de la defensa de los derechos humanos, debe recordar el importante rol que tuvo la histórica visita de la Comisión a la Argentina. Hace 30 años, la Comisión estableció la magnitud y la gravedad del problema de los detenidos-desaparecidos y fue el principio del fin de la dictadura. En este sentido, su utilidad no ha menguado en democracia. En la Argentina sirvió para derogar el desacato. Chile acaba de crear un mecanismo de acceso a la información pública como consecuencia de un caso ante el Sistema Interamericano.

Así los Estados parte de la OEA, Mercosur y la UNASUR deben reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos humanos y en consecuencia con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su decisión

Conforme a los principios que inspiran esas organizaciones y a los fines de tener un actuar coherente y consistente en la defensa de la democracia y los derechos humanos universales habría que pedir aclaraciones al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre los motivos de esta denuncia (término jurídico que implica renunciar) a la Convención. Un claro ejemplo de esto fue el accionar del Mercosur en relación al lamentable hecho ocurrido en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo, sancionando a ese país con la suspensión de sus derechos políticos dentro de la organización.

Por todo lo expuesto y esperando alguna acción del gobierno argentino en este sentido, es que pido a este honorable cuerpo que apruebe el presente proyecto de Declaración.