La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y preocupación por las pérdidas irreparables del patrimonio cultural, arqueológico, de nuestro país producto de decisiones políticas erráticas y poco transparentes del Gobierno de la Provincia de Corrientes con respecto al Gabinete de Investigaciones Antropológicas. A toda esta situación se suma el maltrato humano y laboral que sufre el personal de dicho organismo.

Señor presidente:

El Gabinete de Investigaciones Antropológicas fue creado como Organismo Autárquico Provincial por la ley provincial 4250/88. En el año 2002 a través de la Ley 5460/02 se lo nombra custodio y depositario del Patrimonio Antropológico creando el Museo de Antropología y Medio Ambiente con una sede permanente ubicada en la histórica Casa Quinta Ferro que data de 1865.

Su objetivo es la investigación del sistema de interrelaciones entre cultura, biología y medio ambiente de Corrientes y la Región desde el pasado remoto hasta el presente, abarcando tanto la cultura material como la no material o espiritual de población de áreas rurales, urbanas y marginales urbanas, en sus distintos medios ambientes. Esta información de base se aplica a programas de desarrollo basados en la identidad cultural de la población destinataria. El asesoramiento científico y la capacitación complementan este objetivo primario.

Toda la transferencia de conocimientos se realiza a través del Dpto. de Extensión Académica que posee más de cincuenta y cinco programas de cursos, talleres y seminarios especializados en cada rama o especialidad de la Antropología, además de cursos de Epistemología y Metodología de la Investigación, Ecoturismo, Museología y otras derivaciones aplicativas de este amplio campo científico. Todas las áreas mencionadas, incluida la Dirección Administrativa-Contable funcionan bajo una Dirección General y una Secretaría General que coordina los planes estables de investigación. y las operatorias institucionales.

Desde 1991 al presente ha representado a Corrientes y a la Argentina en Reuniones y Congresos Científicos nacionales e internacionales.

Posee un numeroso banco de imágenes fotográficas y de diapositivas inéditas obtenidas en los trabajos de campo de los distintos medios ambientes y de todos los aspectos socioculturales de la Provincia.

Existen denuncias realizadas por el propio director del GIA, José Miceli, por usurpación y desaparición de piezas arqueológicas pertenecientes a los pueblos guaraníes de entre 4 mil y 6 mil años de antigüedad.

La Casa Ferro, sede donde funcionaba, fue construida en el año 1865 y consta de un terreno de 1868 metros cuadrados que fueron cedidos por Ley que está vigente al GIA en el año 2002 para su funcionamiento, y desde marzo de este año tiene un muro que mutiló el terreno dejando de lado usurpado material arqueológico y etnográfico de importancia para la Historia de la Provincia.

Según la denuncia, dicho muro fue construido por personal a cargo del Hotel de Turismo que se encuentra lindante a la Casa Ferro. Tras hacer la construcción las piezas arqueológicas pertenecientes a los guaraníes, cuya valoración económica supera los 2.300.000 de dólares, desaparecieron del lugar.

Transcribimos un texto que nos hiciera llegar José Humberto Miceli desde el Gabinete de Investigaciones Antropológicas (GIA): "La cadena de sucesos se inicia con la aprobación de la Ley 6.027 en 2010 que crea el Instituto de Cultura y menciona al ex Gabinete de Investigaciones Antropológicas sin derogar en ninguno de sus artículos la Ley 4.250/88 que lo crea como organismo autárquico ni a la Ley 5.460/02 que asigna la casa Quinta Ferro con una superficie de 1.865 m2 al GIA y al Museo de Antropología y Medio Ambiente. Según el ordenamiento vigente, las leyes administrativas deben ser derogadas expresamente y no se puede argumentar una derogación tácita, como se intentó al descubrir que el GIA seguía con sus leyes intactas. Tres años más tarde, con más forma de ardid que técnica legal, incorporan a la ley 6.233 un artículo que dice en su art.26: 'Aclárase que la sanción de la Ley 6.027 de creación del Instituto de Cultura implica la derogación de la 4.250 de creación del Gabinete de Investigaciones Antropológicas...', algo a todas luces inconstitucional pues la interpretación de las leyes es privativa del Poder Judicial y no del Legislativo, que se la termina dando al Ejecutivo al aclarar en una ley lo que quiso implicar en otra ley diferente, cuando que bastaba con incluir en las numerosas leyes derogadas en la 6.027 que toma dos artículos para derogar y abrogar leyes a granel sin mencionar las del GIA. El Instituto de Cultura envía un expediente comunicando el traslado de las oficinas del GIA a un galpón de localización desconocida, haciendo caso omiso a la fragilidad del patrimonio antropológico consistente en urnas funerarias de más de 1.500 años de antigüedad, restos esqueletarios humanos, cestería aborigen original, y numerosas bolsas conteniendo material lítico y cerámico, vasijas y escultura de barro crudo, que a toda vista no soportaran el maltrato de un traslado en camioneta sin ningún tipo de resguardo. El argumento esgrimido es de un traslado transitorio 'para proteger a los bienes y a las personas' cuando por más de un año se soportó la obra de 'restauración' que consistió en demoliciones y construcciones nuevas ya terminadas, que no respetan ningún criterio de armonización con la arquitectura de la Casa Quinta Ferro que data de 1865. No se trata sólo de desprecio por el trabajo científico del GIA y por el patrimonio del Museo de Antropología y Medio Ambiente sino de un castigo, por un accionar institucional ético y coherente".

En un artículo publicado el 19 de Junio de 2012 por Tiempo Argentino, titulado "Un casino, sospechado por el robo de piezas arqueológicas guaraníes", se puede leer lo siguiente: "Ciento treinta y seis piezas arqueológicas de la cultura guaraní de entre 4000 y 6000 años de antigüedad valuadas en 2,3 millones de pesos fueron hurtadas del museo provincial correntino Gabinete de Investigaciones Antropológicas (GIA), ubicado en el casco histórico de la ciudad de Corrientes. La sustracción se produjo en el contexto de una disputa por el uso privado de bienes públicos entre el GIA y la empresa Casinos del Litoral, que busca quedarse con un predio de ese organismo que tiene construcciones históricas de 1865 y un valor inmobiliario de 5 millones de pesos. Según la denuncia policial presentada por el antropólogo Humberto Miceli, director del GIA, los objetos fueron cargados en un camión el 2 de mayo. Eran urnas funerarias, puntas de flecha en piedra, cestería aborigen y restos óseos con su respectiva documentación. El robo está siendo investigado por la fiscal Mirta Delfino de Corrali, pero no fue la primera presentación que hizo Miceli. Ya el 25 de febrero había advertido al fiscal de turno, José Buenaventura Duarte, que el patrimonio arqueológico estaba en riesgo. Esto fue horas después de que el personal del GIA encontró el portón de un depósito del museo violentado y a una cuadrilla que trabaja por orden de Casinos del Litoral que había instalado un vallado. Aquel episodio, que tuvo ribetes violentos por la intervención de guardias de seguridad pagados por la empresa, motivó primero un pedido de informes aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia, y luego dos intentos de mediación de la Defensoría del Pueblo correntina. La diputada por el Frente para la Victoria, Sonia López, autora de del pedido de informes, sostiene que el GIA fue creado por la Ley Provincial 5460/02, mientras que la ambición de ocupar el predio de la empresa se basa en una cesión de uso precario de la Secretaría General de la Gobernación. "Hay una violación concreta de la ley y una usurpación de terrenos del Estado sin la debida habilitación de obra ni ley que lo permita ceder. Sólo tiene una cesión de uso precario de un funcionario que no tiene facultades para concederla", firma López. El predio histórico en disputa está ubicado enfrente de donde funciona una de las salas de la compañía que además explota otros cinco casinos en la provincia. En tanto, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes informó que no autorizó obras en esa manzana. Sin embargo, no hubo clausuras ni intimaciones".

Por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.