La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por las consecuencias ocasionadas a raíz del conflicto entre la Prefectura Naval Argentina y el Gobierno Nacional, a partir del día 02 de octubre del 2012, con la aplicación del decreto 1307/12.

Señor presidente:

La Prefectura es la Autoridad Marítima Argentina por antonomasia, conforme lo consagra la Ley General 18.398, la Ley de la Navegación 20.094 y la nutrida legislación que en forma coincidente define el amplio y homogéneo perfil de sus competencias. Asimismo lo es, y en virtud de su tradición histórica y funcional, inalterable a través del tiempo, que la identifica como el órgano a través del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos. Además es órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas, conforme lo establecen las leyes de aceptación del país. También cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de Abanderamiento y Estado Rector del Puerto, para el registro de los buques y el control de sus condiciones de seguridad, según las leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos. La Prefectura es, en suma, la Autoridad Marítima Argentina por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y específicas que abarcan sus responsabilidades y en mérito a la legislación que

reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional en el concierto de los organismos del Estado.

Nacía la Patria en 1810 y ya desde sus inicios el Gobierno Patrio comprendió la importancia de disponer y organizar las capitanías de puerto, origen de nuestra actual Prefectura Naval. Adecuada a los tiempos y circunstancias la Prefectura Naval Argentina ha venido cumpliendo desde los albores de la Patria con su misión fundamental como "Autoridad Marítima Nacional" cuyas responsabilidades podemos sintetizar en la policía de seguridad de la navegación y de los puertos, la salvaguarda de vidas y bienes transportados por buques y las demás funciones asignadas por las leyes vigentes.

Podemos considerar que tanto la seguridad del medio ambiente como la de los habitantes de nuestro territorio están bajo la responsabilidad de esta Fuerza.

El día 02 de octubre próximo pasado, a raíz del decreto 1307/12 designado por la Sra. Ministra de Seguridad, Nilda Garré, y firmado por la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, surgió un conflicto entra la Prefectura y el Gobierno Nacional por los perjuicios salariales que conlleva la aplicación del mencionado decreto, con la consecuente manifestación de muchos de los integrantes de la fuerza. A la protesta se adhirieron en condición de apoyo y reclamo la Gendarmería Nacional.

El reclamo surge como reacción ante una decisión arbitraria que deja a los integrantes de las instituciones en conflicto, en una situación de una gran

pérdida en sus ingresos mensuales, que refleja mayor perjuicio si consideramos que gran parte de los trabajadores se han trasladado de diferentes provincias del territorio nacional dejando a sus familias y debiendo contar con los recursos necesarios para abastecer todos los gastos para lograr el sustento familiar y propio, sustento con el que contaban y que ahora caprichosamente encuentran recortado.

Teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen los integrantes de las fuerzas de seguridad que debería reconocerse en un apropiado salario y considerando que las medidas económicas del país exigen a todos los gremios llegar a acuerdos de subas salariales, parece una provocación la medida adoptada con el decreto 1307/12, ya que en lugar de beneficiar a los agentes les aplicaron un recorte en sus haberes.

Lamentable y consecuentemente, esta situación ha ido generando una situación de desprotección a todos los argentinos, ya que con motivo de la manifestación, muchos agentes han abandonado sus puestos de trabajo, por no poder contar con representantes gremiales. Esto no sólo deja en desmendro la seguridad de todos los ciudadanos, que encima deben enfrentarse cotidianamente con todas los flagelos sociales que se acrecientan todos los días, sino que también expone al país como un territorio desprotegido y vulnerable.

Es importante señalar que aquello de lo que se ufana el Gobierno Nacional

en relación a que como beneficio de la aplicación del decreto 1307/12 se eliminaría las diferencias de ingresos salariales frente a la misma categoría de escalafón que surgen como resultado de juicios y de medidas cautelares ganadas al Estado por agentes de las instituciones de seguridad, la realidad es que nada de esto ocurriría si los sueldos desde siempre hubieran sido remunerativos en su totalidad, es decir que el Estado siempre hubiera hecho todos los aportes al fisco, de la misma manera que exigen sin piedad a cualquier empresa privada. Dicha práctica salarial data desde el año 1990 y no sólo perjudica al trabajador por la ausencia de todos los aportes correspondientes, sino que es a su vez una práctica que refleja la dicotomía propia del Gobierno que exige lo que no profesa.

En un estado de derecho basado en la democracia y la libertad de expresión, fueron pasados a disponibilidad algunos integrantes de la fuerza de seguridad terrestre por oficiar como voceros de los manifestantes, evidenciando una vez más, el atropello al derecho de reclamo de los ciudadanos.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha actuado desde una postura desconsiderando todos los resultados que sus medidas están ocasionando en todos los ciudadanos argentinos, es que considero necesario expresar mi mayor preocupación por las consecuencias actuales y futuras que ocasionen el conflicto.

Solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto de declaración.