La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio del Interior y el Registro Nacional de las Personas (Ley Nacional Nº 17.671), informe acerca de los siguientes puntos relacionados con la tramitación y entrega del Documento Nacional de Identidad:

1.- Si existen trámites atrasados en la actualización de la información relacionada con los registros de identidad de las personas, en el Registro Nacional de las Personas (RE.NA.PER). En caso afirmativo, especificar las razones por las cuales se generan los atrasos.

2.- Si existe alguna planificación de las reparticiones destinadas a la implementación de una estrategia de acción para reducir o eliminar los atrasos. En caso afirmativo, cuáles son las características, modo y tiempo de la misma.

3. Qué acciones y/o tareas de coordinación conducentes a la agilización y perfeccionamiento de los trámites se han propuesto o llevado a cabo con las provincias, conforme lo prevé y posibilita la legislación nacional, a partir de los inconvenientes y demora registrada en la tramitación de los D.N.I.

4.- Descripción de los circuitos y controles que se realizan, desde la jurisdicción provincial, en los trámites de actualización del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) y en la solicitud de nuevos ejemplares por inutilización o extravío de los mismos.

5.- En qué consiste el trámite administrativo previsto en las provincias para el retiro del D.N.I. y qué controles se realizan para garantizar su efectiva entrega a los ciudadanos titulares.

6.- Si la entrega de D.N.I. a los legítimos titulares se realiza en forma personal al interesado o intervienen en la distribución personas que no revisten el carácter de empleados o funcionarios públicos especialmente habilitados para tal actividad. En su caso, especificar cómo se realiza la distribución, especialmente cuando se efectúa en forma masiva y descentralizada.

7.- Cuál es el tiempo promedio del trámite de otorgamiento de un D.N.I., sea por actualizaciones o nuevos ejemplares por extravío o inutilización. Especificar el tiempo promedio desde que el ciudadano inicia el trámite en cada provincia hasta el momento en que efectivamente cuenta con el documento solicitado en su poder.

8.- Cuál es la relación entre el RE.NA.PER con los Registros Civiles provinciales.

9. Cuál es la cantidad de D.N.I. correspondientes a ciudadanos de la Provincia de Santa Fe, durante el año 2005 y 2006, expedidos por el RE.NA.PER para su entrega a los solicitantes.

10. Cuáles son los soportes de registración (informático/papel) disponibles en el RE.NA.PER y qué medidas se prevén para la actualización y control de datos o novedades relacionados con los D.N.I..

11. Cuáles son medidas adoptadas por los distintos organismos para garantizar la veracidad y actualización permanente de la información transmitida finalmente a la Cámara Nacional Electoral para su asentamiento en los registros o padrones correspondientes a los distritos electorales provinciales, evitando dobles y falsas identificaciones y toda otra infracción que pudiera incidir negativamente en la regularidad de los mismos.

12.- Informar sobre la demora injustificada o ilegítima presuntamente efectuada por funcionarios públicos para la identificación de personas, comunicación o remisión de documentos que por disposición de la ley Nº 17671 debe cumplir. En su caso, informar acerca de los responsables y actuaciones llevadas adelante para deslindar la responsabilidad y/o imponer las sanciones dispuestas en la mencionada ley.

Señor presidente:

El Registro Nacional de las Personas (RE.NA.PER), creado por la Ley Nº 13.482/48, cuyas competencias y funciones están previstas en la Ley Nº 17.671 y sucesivas modificaciones, es el organismo encargado de la identificación, inscripción, registro y documentación de todas las personas de existencia visible que se domicilien en territorio argentino y de todos los argentinos con residencia en el exterior. Este organismo, autárquico y descentralizado, expide con carácter exclusivo el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).

En el proceso de expedición, cambio y/o reposición del D.N.I. interviene el Estado Nacional a través del RE.NA.PER. Asimismo, también lo hacen las oficinas seccionales que son las encargadas de llenar el formulario de inscripción sobre la base de datos y pruebas aportados. Se consideran como tales todas las oficinas de registro civil del país, dependientes de las Direcciones Provinciales de Registros Civiles y las de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Por ejemplo en la Provincia de Santa Fe, la Ley Nº 9742 establece que la Dirección General del Registro Civil actúa como órgano delegado del RE.NA.PER, en situación de dependencia funcional, en las tareas de identificación de personas y el otorgamiento de D.N.I.. Los formularios de inscripción conjuntamente con la documentación anexa, son remitidos a la Delegación Regional para su revisión y posterior envió al RE.NA.PER.

El RE.NA.PER o sus delegados regionales, proceden a su vez, a remitir las fichas electorales, nómina de electores fallecidos y las comunicaciones de cambio de domicilio a las secretarías de registro de enrolado. Asimismo debe comunicarse en forma periódica y actualizada, la situación de la expedición de nuevos ejemplares de D.N.I. para el registro correspondiente (Ley Nº 17671- Art. 45).

La inscripción e identificación de las personas con la correspondiente expedición del D.N.I., los registros de los antecedentes o novedades, son utilizados para confeccionar los padrones electorales correspondientes a los distritos electorales de cada Provincia. Por lo tanto, la inscripción en el registro electoral y el D.N.I., constituyen un requisito y la documentación base para el ejercicio del derecho político al voto.

En la conformación del registro o padrón electoral, participan además las respectivas Secretarías Electorales de los Juzgados Federales con competencia electoral de los distritos electorales correspondiente a cada provincia. La formulación del padrón o registro electoral, tanto provisorio como el definitivo, está a cargo de la Cámara Nacional Electoral.

Por lo tanto, resulta imprescindible conocer cómo se encuentran estructurados los circuitos administrativos de tramitación y los controles que se ejecutan para la expedición, cambio y/o reposición de los D.N.I y demás novedades, como así también el tiempo que insume todo el trámite, es decir, desde que la persona solicita la documentación hasta que la obtiene. A su vez, e necesario analizar el estudio de los registros, cómo se encuentran actualizados los registros de otorgamiento, cambio o baja de la documentación.

Es por ello que consideramos pertinente informarse sobre las disposiciones, medidas y/o acciones que el Poder Ejecutivo Nacional y/o el RE.NA.PER han tomado o deberán tomar a los efectos que todos los ciudadanos/as, puedan contar en su poder con el D.N.I. en tiempo y forma de acuerdo a sus necesidades o requerimientos y, particularmente, para las fechas de las comicios para cargos públicos electivos -primarias obligatorias y/o generales- nacionales, provinciales, municipales o comunales.

Resulta fundamental para garantizar la transparencia en los actos comiciales, que las autoridades encargadas de la confección de los padrones electorales y, más aún, las intervinientes en los actos comiciales, puedan contar con la documentación que garantice la veracidad de los datos registrados, asegurando a su vez que la documentación sea utilizada por los legítimos titulares evitando su disposición y/o utilización por terceros.

Los hechos de dominio público sobre los problemas con los D.N.I. en poder de terceros -que fueran denunciados en las recientes elecciones realizadas en la Provincia de Misiones-, la utilización de documentos en forma ilegítima, falsos, anulados, reemplazados o correspondientes a otras personas, deben evitarse con la actualización de los datos, impidiendo la manipulación de información y documentación por terceros.

Las posibles causas que hacen que los D.N.I. terminen en poder de terceros, serían a modo de ejemplo las siguientes: denuncia de pérdida de documento realizada por su titular que solicita el nuevo documento, luego encuentra el extraviado y no procede a retirar el nuevo que ya está emitido y termina en poder de terceros. Otros casos se presentarían cuando se emiten y se entregan al ciudadano que lo solicita copias del documento sin correlatividad, ejemplo: se pide un cuadruplicado y se recibe un quintuplicado, pero en realidad se habrían emitido los dos quedando en poder de terceros uno de los dos ejemplares del documento; hay casos de ciudadanos enrolados en dos provincias distintas; y también se presentarían casoa de solicitud de expedición y renovación de DNI a los 16 años que no llegan a sus dueños y terminan en terceros.

Es de público conocimiento que luego de las elecciones generales de la provincia de Santa Fe realizadas en octubre de 2005, no fueron entregados miles de D.N.I. y por lo tanto esos ciudadanos no pudieron votar, hechos que se reprodujeron en otras provincias. Los ciudadanos damnificados manifestaron haber concurrido a las oficinas correspondientes para retirar su D.N.I., pero éstos no fueron entregados. Se puede decir, entonces, que existe una morosidad del Estado en la entrega de los D.N.I. cuya tardanza supera, en algunos casos, los seis meses.

Este tipo de irregularidades tienen un impacto en el procedimiento electoral, a la vez que existe un creciente número de personas damnificadas por acciones realizadas con D.N.I. emitidos por el RE.NA.PER, que caen en manos de terceros quiénes realizan actos reñidos con la ley, obligando a los auténticos titulares a interminables trámites para demostrar que estas acciones no fueron realizados por ellos mismos. Situación que se agrava, cuando las víctimas son ciudadanos de bajos recursos, que debido a la falta de medios para subsanar estos hechos se dificulta el esclarecimiento.

Por último, queremos hacer referencia a los atrasos generados en el RE.NA.PER que llegarían en el orden nacional a cientos de miles de novedades, incluso se menciona un atraso en millones de novedades sin actualizar, lo que conforma un hecho grave que incide, sin dudas, sobre la actualización de datos y/o registros de los ciudadanos.

Es necesario que los poderes de estado tengan en cuenta que la problemática derivada de la indocumentación o de la documentación irregular, involucra al Estado como actor principal y excluyente. Por lo tanto, la implementación de mecanismos eficientes facilita el proceso de actualización de la información y por el contrario la ineficiencia, atraso y/o falta de medidas adecuadas, entorpece el normal ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Por todo lo aquí expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en su aprobación.