La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en efectivo cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina y en atención al pedido de la justicia y el gobierno chilenos y a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda a autorizar la extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra.

Señor presidente:

La cuestión abierta en torno al pedido de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra no deja lugar a dudas ni a las polémicas. La justicia y el gobierno de Chile reclaman el envío del Apablaza Guerra por acusaciones que pesan sobre él relacionadas con el asesinato del senador Jaime Guzmán en el año 1991, y por el secuestro de un empresario periodístico.

Ambos delitos fueron cometidos cuando Chile se había quitado de encima la tiranía del General Augusto Pinochet y se abría paso, con muchísimas dificultades, a una transición democrática que hoy muestra en forma ejemplar el funcionamiento de instituciones democráticas consolidadas cuya legitimidad es aceptada por todos los actores políticos y sociales del país vecino y del mundo.

Esto es reconocido así por todas las tendencias políticas chilenas, incluso las más ligadas a la izquierda, como consta en las declaraciones de Marco Enríquez Ominami a Radio Continental del 22 de septiembre de 2010. Ominami sostuvo: "Me parece correcto que Chile ejerza su potestad y también que Argentina delibere de acuerdo a su institucionalidad [...] Hay condiciones para juzgar a Apablaza, hay condiciones para que se defienda también". Con relación al asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, Ominami señaló en declaraciones al diario Perfil del mismo día: "Cuando no hay Estado de derecho es legítimo que cualquier ciudadano se defienda... (pero) es completamente inaceptable el crimen de un senador por muy reaccionario que haya sido. Ese fue un gran error de una parte de la izquierda chilena. Y concluyó: "El crimen de un chileno, una vez que hay democracia, me parece inaceptable. Y siempre me parece inaceptable".

La democracia chilena ofrece hoy todas las garantías necesarias para que el ciudadano Apablaza ejerza sus derechos y pruebe -si fuera el caso- su prescindencia de los hechos por los cuales es acusado. El proceso judicial llevado a cabo en Argentina contó, en primera instancia, con una sentencia del juez Claudio Bonadío a favor del acusado. Frente al pedido de revisión, la Corte Suprema de Justicia dictaminó dando lugar a la apelación presentada por el gobierno chileno. La principal línea argumental del fallo consistía en que no podía considerarse un crimen político el asesinato de un senador y un secuestro extorsivo mientras en el país regía un sistema democrático.

Como es de público conocimiento, la resolución final de este caso depende ahora de la acción del PEN, que estaría evaluando la posibilidad de aplicar a Apablaza Guerra el status de refugiado político para evitar su extradición, evitando al acusado rendir cuentas ante la justicia de su país y aceptando en forma no implícita sino directa que el Estado chileno no otorga las garantías necesarias para ejercer el derecho a la defensa. Además de desconocer la decisión de la justicia de ambos países, esta determinación tendría serias consecuencias en las relaciones con Chile, país decisivo en la integración regional con el que se ha conseguido una excelente relación diplomática en los últimos tiempos, lo que ha generado importantes avances en lo comercial y lo geopolítico.

La experiencia del conflicto con Uruguay por la instalación de las pasteras debe actuar como recordatorio que las relaciones del Estado con los países vecinos deben tomarse con la máxima seriedad y previsión porque no es recomendable utilizarlas para contentar a grupos partidarios o sectoriales. La posibilidad que sea negada la extradición tornaría contradictoria la adhesión argentina a diversos tratados internacionales -algunos firmados por este mismo gobierno- y debilitaría su posición para reclamar su aplicación cuando esto responda al pedido del gobierno o la justicia argentina, como es el caso de los funcionarios iraníes acusados en la Causa AMIA.

Por otra parte, resulta difícil pensar el desarrollo de este caso -como el del ex procurador de la Provincia Santa Cruz- sea ajeno al conflicto que mantiene el actual gobierno argentino con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta situación tiene como transfondo la independencia con que la máxima instancia judicial del país necesita contar para realizar su trabajo, la que no es aceptada por un gobierno que ha hecho de la acumulación de poder y la obediencia -por cooptación o por la fuerza- una característica distintiva de su práctica política, en particular con aquellos organismos destinados a controlar o marcar los límites en el accionar del poder ejecutivo. Las palabras del Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini (se ve al funcionario kirchnerista en un video publicado en la pagina digital del diario Clarín del 22 de septiembre de 2010, sobre el encuentro que mantuvo el viernes anterior con dirigentes oficialistas de Santa Cruz donde asegura: "¿Dónde está mi decepción con esta Corte? Nosotros los pusimos para otra cosa" son la mejor muestra de la molestia del Gobierno ante a la independencia de los magistrados y el contenido de sus decisiones.

Finalmente, también existe otra cuestión de fondo con respecto a la situación de Apablaza Guerra, y se relaciona con debates y autocríticas aun no realizadas frente a nuestro pasado reciente y se vincula con la utilización de la violencia armada como parte legítima de la política. En el conocido debate iniciado por la carta de Oscar del Barco a la revista "La intemperie" y que se conoció como "No matarás" se desarrolló detalladamente una discusión al respecto. Allí, numerosos intelectuales y protagonistas de la conflictiva -y terrible- política argentina de los 70, reflexionaron sobre la cuestión de la violencia política, aunque sin llegar a un acuerdo que permita dar por cerrado un debate que -en sus implicancias morales y éticas- se encuentra también en el centro del caso del ciudadano chileno acusado del crimen del senador Guzmán.

En el caso Apablaza Guerra esto es peor aún, ya que el crimen se concretó bajo el imperio de un gobierno democrático, lo cual sugiere que muchos de los actores que defienden y reclaman la suspensión de la extradición siguen considerando que la violencia es una herramienta legítima para dirimir conflictos políticos, y que la renuncia a ella es sólo una cuestión táctica que podría reverse en el futuro.

Para finalizar, reproducimos fragmentos de la carta de Oscar del Barco que sintetizan el núcleo moral que contiene la decisión de considerar la supresión física del adversario político como una posibilidad abierta de la lucha política

Este reconocimiento me lleva a plantear otras consecuencias que no son menos graves: a reconocer que todos los que de alguna manera simpatizamos o participamos, directa o indirectamente, en el movimiento Montoneros, en el ERP, en la FAR o en cualquier otra organización armada, somos responsables de sus acciones. Repito, no existe ningún "ideal" que justifique la muerte de un hombre, ya sea del general Aramburu, de un militante o de un policía. El principio que funda toda comunidad es el no matarás. No matarás al hombre porque todo hombre es sagrado y cada hombre es todos los hombres. La maldad, como dice Levinas, consiste en excluirse de las consecuencias de los

razonamientos, el decir una cosa y hacer otra, el apoyar la muerte de los hijos de los otros y levantar el no matarás cuando se trata de nuestros propios hijos. Y mientras no asumamos la responsabilidad de reconocer el crimen, el crimen sigue vigente.

No sé si es posible construir una nueva sociedad, pero sé que no es posible construirla sobre el crimen y los campos de exterminio.