La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias para todas las empresas que residen en el Área Aduanera Especial, instalen y radiquen sus administraciones en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Señor presidente:

Gran cantidad de empresas radicadas al amparo del Sub régimen industrial de la Ley N° 19640, en la Provincia de Tierra del Fuego, no tienen sus administraciones instaladas en la provincia. Esta situación dificulta e imposibilita el debido control de los beneficios que la ley de promoción económica establece, ya que la aduana, la DGI, Rentas provincial y municipal se encuentran entorpecidos a la hora de realizar inspecciones, solicitar información o ejercer sus funciones de fiscalización y control.

Debemos recordar que las empresas radicadas en el Área Aduanera especial (AAE), tienen beneficios económicos establecidos por ley, y que llevando sus administraciones al Territorio Nacional Continental, estarían aprovechando otros beneficios que la ley no otorga y que, a fin de sostener, y apoyar el régimen, deben establecerse normas más rígidas para el control administrativo de circulación de mercadería.

Sr. Presidente, la Nota del Poder Ejecutivo que acompañó el Proyecto, que luego se convirtió en la Ley N° 19640 manifestaba que "la posibilidad de establecer una promoción económica por medio de las disposiciones que regulan el tráfico de mercaderías otorgando beneficios especiales, está forzosamente condicionada por la existencia de actividad económica estable de algún grado y de la posibilidad de hecho de ejercer los controles correspondientes".

Es importante destacar que la Corte Suprema de la Nación ha dicho que la ley 19640 es aplicable bajo estrictos condicionamientos económicos y de control. Y estos requisitos indudablemente apuntan a proteger la economía local y nacional para evitar un aprovechamiento indebido de los beneficios fiscales. Este es el sentido de la ley, e imponiendo que las administraciones se radiquen en la provincia es una forma de proteger un régimen de promoción y beneficios fiscales, porque si esto no es así seguramente violaríamos el art. 16 de la Constitución Nacional ya que ubicaría en desigualdad de trato a una empresa

del Área Aduanera Especial con otra del Área Continental, y ese no es el espíritu de ninguna ley de beneficios fiscales.

Es claro que el proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen una empresa, y dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar. El administrador debe tener una función individual de coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla como la esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo. Es importante, ya que la administración forma parte del proceso productivo, que ésta este debe estar radicada en el lugar donde se encuentra la industria.

Finalmente destaco el número de profesionales y trabajadores que residen en la provincia de Tierra del Fuego, como el dictado de la carrera de ciencias económicas y afines, que se ofertan en las Universidades UTN y UCES, contando con ello con una cantidad satisfactoria de recursos humanos locales.

Por los motivos expuestos es que solicito de mis pares el acompañamiento de este Proyecto de Resolución.