La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar preocupación por la confusa situación que vivieron una treintena de trabajadores de la empresa Fadea (fabricación Argentina de Aviones Brigadier San Martin S.A.) a partir de la suspensión de empleados que se negaron a contestar cuestiones referidas a su actividad sindical.

Señor presidente:

Durante más de siete años la sociedad argentina vivió bajo un "régimen" de facto que prohibió los más elementales derechos. Hubo persecuciones políticas, ideológicas, raciales, étnicas, producto de haber sido subvertido el orden constitucional y el estado de derecho. Se vivieron momentos de zozobra en la sociedad y en el pueblo, se encontraban cercenados los derechos de asociación y los derechos políticos partidarios.

Hubo amedrentamiento, averiguación de antecedentes e ideas políticas, de pensamiento. Estos comportamientos dieron motivo a discriminación, estigmatización, marginación, que motivaron que por producto de una idea, pensamiento y militancia o filiación política gremial, miles de personas hoy sigan desaparecidas y que miles de argentinos hayan tenido que refugiarse y exiliarse en otros países. La cultura del "no te metas" fue ganando la calle, y haciéndose carne en la sociedad, profundizando el individualismo y el "sálvense quien pueda".

El proceso electoral y la nueva apertura democrática corrieron el velo de ese pasado cruel, oscuro y marginal. Los poderes públicos y el sistema de libertades volvieron a imperar en la Argentina y el "nunca mas" ganó la calle y la confianza nuevamente en la política como modo de transformación social. Las instituciones y la división de poderes volvió a aplicarse en el país, aires de libertad, justicia y equidad se apoderaron nuevamente de los días de la República.

Por eso cuando nos topamos con los hechos que se describen más abajo, luego de casi 30 años de aquella epopeya popular, nos trae a un llamado de atención. No debemos ni podemos volver al pasado. Y cuando leemos y presenciamos ciertas prácticas debemos denunciarlas en forma contundente, para que el pasado no vuelva y las viejas practicas y sufrimientos del pueblo no coexistan en este horizonte de libertad, igualdad y de democracia.

Nuestro sistema democrático es perfectible, y día a día debemos trabajar para mejorar nuestra libertad y ampliar nuestros derechos garantizados por la Constitución Nacional.

Los Artículos 14, 14 bis y 16 de nuestra Carta Magna nos hablan de los derechos, declaraciones y garantías que nos cabe a todos los que habitamos el suelo argentino. El de saber; trabajar, publicar ideas sin censura previa, estabilidad del empleo público; organización sindical libre y democrática. Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

Los trabajadores de Fadea se sintieron amedrentados y decidieron no responder un cuestionario que pretendía indagar sobre sus filiación y participación gremial en el marco de esta empresa de industria aeronáutica que gestiona el Estado. Ante lo cual, según se ha denunciado a través de distintos medios periodísticos de Córdoba, la empresa estatal les aplicó una sanción. Si bien ese hecho fue llamativo por el contexto, el delegado de una de las tres agrupaciones sindicales, Apta (Asociación del personal Técnico Aeronáutico), alertó también que en otra oportunidad se dictaron "cursos para adoctrinar políticamente" y fue un hecho que ni él ni sus compañeros recuerdan que se hayan realizado aun en la época de la última dictadura militar. Es más preocupante que esto provenga de una empresa del estado e incluso admitido por su secretario de prensa, Juan Ignacio San Martín, según publican las fuentes periodísticas. El funcionario explicó que se trató de una capacitación amplia, pero reconoció que hubo sanciones a los que no quisieron contestar las 10 preguntas sobre su actividad gremial y argumentó: "Estamos enfrentando una etapa decisiva en esta fábrica y necesitamos que todos sepamos adónde vamos", afirmación esta última que esperamos se coincide que es al menos llamativa. El mismo funcionario también aludió a la "falta de colaboración" de algunos de los trabajadores.

El articulo19 primer párrafo de la C.N. sentencia en forma textual: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios...".

En nuestro país, desde la recuperación del orden democrático en 1983, el Estado argentino ha confiado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un instrumento vital para la consolidación de los derechos humanos, en el país y la región. El presidente Raúl Alfonsín firmó el tratado el 2 de febrero de 1984, apenas semanas después de su asunción, luego de siete terribles años de dictadura y fue ratificado por el Congreso el 14 de agosto siguiente.

Por otra parte, en el fallo Ekmekdjian de 1992, la Corte Suprema agregó que los derechos de la Convención son directamente aplicables en el país y que para su interpretación debemos servirnos como guía principal de la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sigue vigente.

Una década después de la firma del tratado, la Asamblea Constituyente de 1994 no solo convalidó ese rumbo, sino que, además, por amplia mayoría le otorgó a la Convención jerarquía constitucional. Esto lo reafirma nuestra Carta Magna en el artículo 75 inciso 22. Y más específicamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, en su articulo 2: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía".

En definitiva, es nuestra vocación defender el sistema de promoción y protección de derechos que consagra nuestro sistema democrático y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es importante que estos hechos se rectifiquen y se pida aclaratoria urgente en este caso.

Por todo ello, invitamos a todos y todas las colegas de la Cámara a sumarse a este proyecto.