La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y/o el organismo que corresponda, una copia de los contratos suscriptos sobre la exploración y explotación hidrocarburíferas en las áreas del Mar Argentino, tanto en la Plataforma Continental Argentina como en el Talud.

Señor presidente:

El día 20 de mayo de 2010, el Ing. Daniel Cameron, Secretario de Energía de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación, visitó a la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados de la Nación. En esa oportunidad, el Diputado Fernando Ezequiel Solanas, presidente de la comisión, le solicitó una copia de los contratos suscriptos por la cartera a su cargo y por ENARSA (ENERGÍA ARGENTINA S.A.) en referencia a la explotación y exploración hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. La documentación requerida es de importancia para conocer el rol del Estado Nacional en la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La solicitud fue reiterada mediante una nota dirigida al Secretario de Energía el día 24 de junio del corriente año.

El día 20 de julio la Secretaría de Energía contestó a la Presidencia de la Comisión de Energía y Combustible de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación remitiendo solamente un listado de las áreas otorgadas sobre el mar argentino y el marco legal otorgante, a saber:

Sin embargo, omitió la copia del instrumento público donde consta el otorgamiento de las áreas, en conformidad con lo dispuesto en el art. 55 de la ley 17.319 que establece: "Toda adjudicación de permisos o concesiones regidos por esta ley y la aceptación de sus cesiones será protocolizada o, en su caso, anotada marginalmente, sin cargo, por el escribano general de gobierno en el Registro del Estado nacional, constituyendo el testimonio de este asiento el título formal del derecho otorgado."

Es cierto que en algunas de las normas legales mencionadas por la Secretaría de Energía de la Nación consta la concesión de las áreas de exploración y explotación en el Mar Argentino, por ejemplo en el decreto 214/1994, en su art. 23 establece la protocolización por instrumento público del título del Permiso de Exploración y de las Concesiones de Explotación de la área CMA-1. El instrumento emitido por el Escribano General de Gobierno, es el instrumento solicitado por la Presidencia de la Comisión de Energía y Combustible de la Honorable Cámara de Diputados a la Secretaría de Energía de la Nación.

No obstante, en cuanto a las concesiones de ENARSA (ENERGÍA ARGENTINA S.A.), donde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación tiene delegada la titularidad y el ejercicio de los derechos del Estado Nacional, la Secretaría de Energía de la Nación se limitó a nombrar la ley de su creación pero no remitió las copias de los contratos de los tres consorcios que constituyó ENARSA S.A. para la ejecución de la prospección, exploración, desarrollo y explotación de tres áreas de la Plataforma Continental Argentina. En el área E1 el consorcio está constituido entre ENARSA S.A., YPF S.A., Petrobras Energía S.A. y Petrouruguay S.A.. En el área E2 conformó una Unión Transitoria de Empresa entre ENARSA S.A. , YPF S.A. y Enap Sipetrol Argentina S.A. Por último, en el área E3 cerró un acuerdo con Petrobras Energía S.A..

Las perspectivas de la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina son inmensas, en el área del talud continental y la faja plegada marina el potencial estimado se ubica en los miles de millones de barriles de petróleo, que torna importante el tener acceso a los contratos de las áreas concesionadas y ver la participación del Estado Nacional en la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina

Asimismo, el derecho de acceso a la Información Pública que posee todo ciudadano y las organizaciones sociales de acceder a la información administrada por el Estado Nacional, Provincial y municipal, ya sea producida por sus órganos, o por otros organismos o particulares sobre lo que recaiga la obligación de informar está garantizado en nuestra Constitución Nacional en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Asimismo, el art. 4º del decreto 1172/2003 aprueba el "Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional" que reglamenta el derecho de acceso a la información pública.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.