La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio y preocupación por la destitución e inhabilitación por 18 años para ejercer cargos públicos de la Senadora liberal Piedad Córdoba, por parte de la Procuraduría General de Colombia, por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Señor presidente:

Como es de publico conocimiento, la Procuraduría General de Colombia ha dispuesto el día lunes 27 de septiembre del corriente año, la destitución de la Senadora colombiana Piedad Córdoba, al acusarla de nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Asimismo, esa Procuraduría ha dispuesto, además, la inhabilitación de la Senadora por 18 años para ejercer cargos públicos, por cuanto considera que en el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, la misma "se ha extralimitado en sus funciones", así como "en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario" de secuestrados.

Entre otros, la Procuraduría sostiene que la congresista "instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países".

La investigación se basó en documentación hallada en una computadora del jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido en un bombardeo ilegal de las fuerzas militares colombianas a su campamento en territorio ecuatoriano en 2008, en la cual se menciona a una tal "Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra o la Negrita", quien según el Procurador, corresponde a la senadora liberal.

En cuanto a la sanción, es ahora el pleno del Consejo de Estado quien debe avalar la misma, en cuyo caso la Senadora perderá su lugar en el Senado, ya que la Procuraduría carece de competencia penal y sólo tiene alcance de justicia administrativa o disciplinaria. En este sentido, el vicepresidente Angelino Garzón ha dicho que aspira a que la senadora pueda "demostrar su inocencia para que dicha sanción no prospere".

El Partido Liberal lamentó la decisión del Procurador, pese a que se declaró "respetuoso de las determinaciones de los órganos de control" y destacó que "las gestiones humanitarias de liberación de secuestrados contaban con la autorización del gobierno de ese entonces y el respaldo del liberalismo". El Procurador, que también la investigaba por sospechas de traición a la patria, señaló que la había absuelto de ese cargo.

Respecto de la senadora Córdoba, cabe destacar que además de su cargo legislativo, la misma integra el grupo "Colombianos y Colombianas por La Paz", quienes desde el 2008, y con la participación de políticos, intelectuales, artistas, periodistas y ex rehenes de la guerrilla, entre otros, han impulsado la propuesta de intercambio humanitario con las FARC, como primer paso para establecer un diálogo y una salida pacífica que ponga fin al conflicto armado que vive esa nación suramericana desde hace ya casi medio siglo.

De tal forma, este grupo ha facilitado la liberación de 14 rehenes de la guerrilla, siendo artífice de las misiones para llevar a cabo las liberaciones unilaterales de varios retenidos a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano. La senadora Córdoba ha defendido intensamente un acuerdo humanitario entre las FARC y el Estado, motivo por el cual ha sido duramente criticada por el Gobierno de su país y acusada de tener relaciones con el grupo rebelde.

La senadora, reelecta en el mes de marzo por el Partido Liberal, atribuyó el fallo a una "persecución política" y considera que "la investigación disciplinaria adelantada por el Procurador no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético".

Varios defensores de los derechos humanos, como el Premio Novel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, la senadora socialista chilena Isabel Allende y el ex presidente colombiano Ernesto Samper, entre otros, han expresado su rechazo a la sanción impuesta por la Procuraduría General de Colombia.

En este sentido, el Secretario General de la UNASUR, Dr. Néstor Kirchner, también ha expresado su apoyo a la senadora Piedad Córdoba, destacando la labor de la misma en su país, la cual ha calificado como excelente. Asimismo, ha considerado que nadie la puede relacionar con las FARC y aseguró que ha tenido una actitud democrática.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que tareas como las llevadas adelante por la Senadora Piedad Córdoba son verdaderas gestiones humanitarias en defensa de los derechos humanos, que favorecen a la plena democracia de los países latinoamericanos, invito a mis pares a que me acompañen en el presente proyecto de declaración.