La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación por el riesgo de vida al que están expuestas Romina Gamarra y María Cristina Ojeda, víctimas de la trata de personas para explotación sexual e insta a los poderes del Estado Nacional y de la Provincia de Santa Fe, a extremar los esfuerzos para ubicar el paradero de María Cristina Ojeda y brindar protección integral a ambas jóvenes y sus familias.

Señor presidente:

Romina Gamarra y María Cristina Ojeda, santafesinas de 18 y 21 años, escaparon de un prostíbulo en Santiago del Estero donde estaban secuestradas, el 16 de septiembre de 2006, gracias a la ayuda de un “cliente” y del padre de Romina Gamarra.

El 13 de enero de 2006, Romina Gamarra, estudiante de 18 años, fue secuestrada por un vecino de su barrio Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe, para explotarla sexualmente obligándola a prostituirse. Su relato: “Me subieron en un auto blanco, un Mitsubishi modelo Eclipse. Me dijeron que deje de llorar y que me calle la boca porque el que la iba a pasar peor era mi hermanito. Me llevaron a Paraná y me hicieron volver con un abogado de nombre Del Sel para que dijera que me había ido por mi voluntad, porque mi mamá había denunciado que estaba desaparecida” (1) . Esta presentación se realiza en el mismo juzgado donde recayó la averiguación de paradero realizada por la madre de Romina; a pesar de ello, nada se le comunica a la familia.

Luego es trasladada a una whiskería / prostíbulo en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, donde permanece aproximadamente un mes. “Ahí, contó, vio a policías que pasaban a cobrar comisión y a un político local. También se encontró con seis chicas santafesinas que, aseguró, estaban como ella: esclavizadas, durmiendo en cuartos con rejas y atendiendo clientes a toda hora.” (2) De allí es trasladada por su captor, siempre amenazándola con matar a su hermano, a un local sobre la ruta 9 en Bell Ville, provincia de Córdoba, donde también se encuentra con más santafesinas.

Finalmente es llevada a un prostíbulo en la ruta 51 de La Banda, Santiago del Estero, donde se encuentra con María Cristina Ojeda a quien conocía por ser vecina de su barrio. Es de aquí que logran escapar, ayudadas por un cliente que les facilita un teléfono celular con el que se comunican con el padre de Romina.

Lo relatado demuestra claramente la presencia de una red de trata de mujeres para prostitución, con lazos en varias provincias y comportamientos mafiosos, de presiones y chantaje.

En la ciudad de Santa Fe realizan la denuncia, con el patrocinio de los doctores Guillermo Strazza y Patricia Hidalgo, de la pastoral penitenciaria de Rosario. “Romina volvió a casa y María Cristina se reencontró con su hijito de 3 años. Ambas se presentaron entonces ante el juez provincial Diego de la Torre, quien pidió la captura de Martín "Chino" Núñez, de un primo suyo y de Juan Osuna, señalado por Ojeda como un hombre que la habría seducido para meterla engañada a trabajar como esclava en las whiskerías. Las detenciones nunca se concretaron, pero Mario (Gamarra) y su familia empezaron a recibir amenazas.” (3)

La situación de impunidad de los captores la describe claramente Luis Bordón, coordinador del Programa Nacional Anti Impunidad (PNAI), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación : “ El PNAI tomó contacto con el caso dos días después de que hicieran su primera denuncia, las dos chicas estaban asustadas, pidiendo ayuda porque la familia Núñez vive en el barrio Barranquitas, igual que ellas. Cuando las entrevistamos ya habían recibido presiones de esta gente para que cambiaran su declaración. Se suponía que los tipos tenían captura pero nadie los fue a buscar, caminaban a la vista de todo el barrio pero la policía no los veía.” (4)

El 6 de noviembre desaparece María Cristina Ojeda de su casa, a pesar de la custodia, ordenada por la justicia y que compartía con Romina aunque ambos domicilios distan 7 cuadras uno de otro. La familia realiza la denuncia. A los 2 días se presenta María Cristina, “la chica reapareció el martes: acompañada por un misterioso abogado, le dijo a la fiscal (federal) Tessio que todo había sido mentira, que no la tenían cautiva. Lo mismo repitió a un diario local y agregó que Romina miente. Enseguida, volvió a desaparecer.” (5) Tras esta desaparición, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Santa Fe, expresa en un comunicado su profunda preocupación por el riesgo de vida que están corriendo las víctimas Romina y María Cristina y solicitan al Gobierno provincial que garantice la seguridad y la libertad integral de ambas jóvenes.

A la semana siguiente se desdecía Romina Gamarra, “De hecho, Romina Gamarra terminó de cambiar su declaración esta misma semana, después de que un miembro de su familia sufriera lesiones graves en las piernas por una golpiza que se niega a denunciar.” (6) Al igual que María Cristina, la presentación la realiza acompañada de otro abogado, no de los que participaron originalmente a quienes habría revocado el poder.

En una nueva declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Santa Fe junto a organizaciones no gubernamentales, presentada a las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Santa Fe, expresan: “Nos llama la atención que en dos ocasiones, luego de aparecer el caso en la prensa nacional, se presentan las jóvenes ante los jueces, desdiciéndose de sus declaraciones; acompañadas por conocidos penalistas que difícilmente podrían contratar con sus escasos ingresos personales o los de su empobrecido núcleo familiar. Los argumentos de ambas chicas son similares. Celos de un proxeneta que ante el juzgado aparece sorpresivamente como novio.”

“Nos preocupa lo que percibimos detrás de las rectificaciones: Posibles presiones a las jóvenes y sus familias; el accionar coordinado de redes que disponen de medios económicos, acceso a la prensa, y acceso a las víctimas, una de las cuales, sólo ellos pueden ver, ya que ni la familia, ni sus allegados y amigos volvieron a ver a María Cristina Ojeda, a pesar de que para la justicia está libre y en perfectas condiciones.”

“No damos credibilidad alguna a dichas rectificaciones. Suponemos que ambas jóvenes actuaron presionadas y tememos que terminen siendo las acusadas (por falsa denuncia). También nos preocupa la inacción gubernamental, la lentitud de las tramitaciones judiciales, la falta de garantías para las víctimas. Nos alarma que sean ellas las investigadas. Creemos que sus vidas están en riesgo.”

Es evidente que estamos ante un caso de delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Sabemos que este delito no esta correctamente tipificado en el Código Penal y esperamos que esta Cámara subsane prontamente esta falencia. A pesar de ello, creemos que no hay justificativo posible para la impunidad de la que gozan los proxenetas; lo que falta es voluntad de perseguir el delito con las herramientas que tiene hoy el Código Penal, entre otras, se pena el proxenetismo (art. 126) o la promoción y facilitación de la prostitución (art. 125).

Llama la atención la celeridad con que la justicia actúa ante la desmentida de las víctimas, ordenando la interrupción del trámite de protección de testigos. Pareciera que las declaraciones donde las víctimas se desdicen tuvieran más valor que las denuncias iniciales; a pesar de que las retractaciones responden a presiones, amenazas y hasta golpizas de los explotadores.

Por otra parte, la trata de personas es básicamente una violación a los derechos humanos de las víctimas. Creemos oportuno recordar que la comunidad internacional se ha preocupado desde hace mucho tiempo por este tema, así Naciones Unidas adoptó en 1949 el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena ratificado por la Argentina, que esta vigente y establece claramente en su artículo 1 que se castigará a toda persona que Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona.

Asimismo, Argentina ratificó en el 2002 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños. En su artículo 3 b expresa en forma detallada que: el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.

Este Protocolo además, fija pautas claras de trabajo en la prevención, asistencia y protección a las víctimas de estos delitos garantizándoles sus derechos humanos fundamentales y en un todo de acuerdo con los demás tratados de derechos humanos.

Consideramos urgente aplicar esas pautas en todo lo referente a la protección y asistencia de Romina Gamarra y María Cristina Ojeda, ya que Romina y su familia han quedado en total indefensión con sus captores viviendo a pocas cuadras de su casa y María Cristina esta desaparecida.

Consideramos de suma importancia que esta Cámara se pronuncie ante la gravedad de los hechos acontecidos, por ello solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.