La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que resulten competentes, se sirva informar a esta Honorable Cámara acerca de los siguientes interrogantes, que guardan relación con los controles efectuados respecto del tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos a través de la "Hidrovía Paraguay - Paraná":

1) Cuáles son los mecanismos de control que efectúan las autoridades de la Aduana, de la Prefectura Naval Argentina y el Servicio de Sanidad Animal (SENASA) en todos los puertos y terminales ubicados sobre la extensión completa de la "Hidrovía Paraguay - Paraná", especificando especialmente los efectuados en puertos privados.

2) Cuáles han sido los resultados de esos controles en lo referido al tráfico de estupefacientes y precursores químicos durante el período 2009 - 2013 y cuántos sumarios y denuncias han sido practicados.

3) En relación al punto anterior, detállese la totalidad de expedientes en trámite ante la Justicia Federal sobre los delitos constatados a los que venimos haciendo referencia

4) En caso de haberse detectado acciones irregulares en este sentido, detállese cuales fueron las medidas o procedimientos que han implementado los organismos competentes a fin de mejorar la eficiencia en el control de cargas ilícitas.

5) Informe si el Estado Nacional cuenta con estadísticas actualizadas acerca del comercio ilícito de estupefacientes y precursores químicos en la Hidrovía. En caso afirmativo sírvase remitir testimonio escrito de las mismas.

6) Informe si el Estado Nacional cuenta con estadísticas actualizadas sobre el volumen y tipo de tráfico fluvial que transita la Hidrovía Paraguay - Paraná

7) Informe cómo está compuesta la dotación de personal afectada a las referidas actividades de control, precisando la distribución de personal por dependencias;

8) Informe cuáles son los recursos materiales puestos a disposición para llevar adelante dichas funciones de auditoria;

9) Indique si existen ámbitos permanentes de discusión, colaboración y coordinación conjunta entre las distintas fuerzas o poderes del Estado que comparten el espacio jurisdiccional (AFIP, Prefectura Naval, Policía Federal, etc.) a los fines de desarrollar un eficiente control;

10) Indique si existen tareas de coordinación efectiva entre las Aduanas de los países firmantes del acuerdo de Hidrovía, con el objeto de garantizar una adecuada vigilancia del tránsito fluvial;

11) Indique si actualmente el PEN cuenta con un sistema de seguimiento de barcazas, buques y demás tipo de embarcaciones que circulan por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

12) Indique las razones por las que no se ha procedido a reglamentar la Ley 24.385 sancionada y promulgada en el año 1994.

13) Cualquier otra información que a vuestro criterio sirva al presente.

Señor presidente:

La Hidrovía Paraguay-Paraná -que se extiende desde Puerto Cáceres, perteneciente a Brasil en el extremo norte y Puerto Nueva Palmira, perteneciente a Uruguay en el extremo sur- es la principal vía fluvial de la Argentina y una de las más importantes de todo el mundo. La mitad de su extensión pertenece a nuestro país. A través de la misma circula diariamente una vasta cantidad de barcos de gran calado que transportan productos y mercaderías de gran significado económico. Ello la transforma en un recurso estratégico, no sólo para los puertos y productores de la llamada Cuenca del Plata, sino fundamentalmente para la propia economía nacional, en tanto de allí surge la provisión de divisas con más peso en el balance de nuestro comercio exterior. Vale destacar que por esta ruta transitan buques y barcazas con granos que concentran el 82% de las exportaciones de este sector. Es preciso agregar que este importante sistema fluvial es compartido por nuestro país, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, circunstancia que lo erige como un elemento de integración física y económica de toda la región sur del continente.

El subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Horacio Tettamanti, identificó las hidrovías como "una oportunidad para la integración nacional y continental" y señaló que "la industria naval debe tener otro protagonismo en comparación con la extensión territorial y de vías navegables" del país. Asimismo, reconoció que "Argentina debe dar un salto en energía y en transporte" y expresó su preocupación sobre cómo se movilizarán las 150 millones de toneladas previstas por el PEA 2020 (Programa Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020): "Con esta infraestructura no lo podemos sostener"(1)

Sin embargo, la Hidrovía Paraguay-Paraná es al mismo tiempo un ámbito propicio para que operen las organizaciones vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, en la medida en que este importante corredor hídrico, por su conexión con el Atlántico, es una vía de acceso directo al resto del mundo. De este modo permite a quienes se dedican al comercio ilegal de narcóticos acceder al mercado europeo.

La difusión del informe anual de drogas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubica a Argentina en el tercer lugar de los principales puertos de embarque de cocaína por detrás de Brasil y Colombia. No obstante, esto último no hace referencia a la producción de esta droga en nuestro país. Para elaborar ese ranking se tomó en cuenta la captura de drogas entre 2001 y 2012. En esas evaluaciones, realizadas por las autoridades de cada país, se hizo referencia en repetidas oportunidades a la Argentina como lugar de despacho de los cargamentos de cocaína.

El análisis de las incautaciones durante 2011 muestra también una alerta de la ONU sobre la falta de información oficial por parte de la Argentina respecto de los secuestros de drogas. El documento informa claramente que debió nutrirse de información parcial en el caso argentino, único país que fue señalado por esa falta de datos.

Lo anteriormente expuesto puso de relieve el deficiente control fiscal sobre los puertos de la hidrovía. En este sentido, la Auditoría General de la Nación (AGN) elevó a la AFIP un documento con duras conclusiones luego de inspeccionar los muelles de Buenos Aires, Campana y San Lorenzo.

El mismo jefe de la AGN, Leandro Despouy, calificó como "zona liberada" estas terminales por el funcionamiento ineficiente de los escáneres. Esto es así porque la cantidad de artefactos no es suficiente para analizar el caudal de la operatoria y tampoco tienen la capacidad de determinar si un contenedor transporta drogas, al no discernir entre sustancias orgánicas e inorgánicas.

La auditoría se realizó entre julio de 2010 y junio de 2012, abarcó a las aduanas de Buenos Aires y Campana. Pero la oficina de San Lorenzo, tiene especial trascendencia por tener a su cargo el complejo de puertos por donde sale la mayor cuota de las exportaciones del país: entre 2008 y 2010 salió de esos amarres el 34% de las cargas despachadas al exterior, por un valor de $53.331 millones de dólares.

Los veedores de la AGN observaron que los llamados "controles de fondeo" sobre los buques amarrados en los puertos privados del cordón norte están a cargo de la sección Resguardo, pero que los perros para realizar esa tarea están a cargo de otra área, Medición, que no tiene tareas que requieran de esos animales entrenados. También descubrieron que los agentes aduaneros en San Lorenzo eligen qué buque inspeccionar de manera azarosa, sin una norma que los guíe, y a criterio de la orden del administrador de la Aduana. "No se nos aportó ninguna norma que especifique la manera de llevar a cabo la selección de los buques", cuestionó la auditoría. Un funcionario confirmó que la nave a inspeccionar se define en función de "analizar el destino del buque, la naturaleza de la mercadería y el seguimiento de control a determinadas terminales por magnitud de operaciones".

La AGN detectó otra anomalía en el modo de analizar muestras de las mercaderías que se exportan. En el caso de las cargas peligrosas, como gases y combustibles, dichas muestras son proporcionadas directamente por las empresas exportadoras, y retiradas por un agente aduanero de la Terminal, aproximadamente una vez por semana. En cambio, el reglamento de la AFIP manda que esa extracción de muestras debe ser supervisada por los agentes aduaneros para constatar que la muestra entregada corresponda a la mercadería a ser exportada, para evitar adulteraciones. Eso no ocurre en los puertos locales. Tampoco llevan un registro ni consta quién traslada esas muestras de carga hasta la Aduana.

En ese punto, el informe del organismo dirigido por Despouy señaló exportaciones de Minera Alumbrera SA, con permisos de embarque de cinco años de antigüedad y sin terminar de cargar al Sistema Informático María, fuente central de información para la AFIP.

El informe describió una situación caótica en el depósito, cuya puerta no se encontraba precintada, y con las muestras sin ordenar según sus características, algunas de varios años anteriores.

La inspección denunció que las balanzas fiscales en cada puerto no están sujetas a control de vencimientos por parte del INTI, y señaló como criticable que la Aduana sanlorencina cuente con un solo bote para realizar tareas de control en las embarcaciones que arriban por la hidrovía. También encontró que el personal aduanero es insuficiente a juzgar por la proliferación de nuevos puertos que hubo en los últimos años entre los kilómetros 464 y

441 del río, el incremento de operadores con planta propia y el creciente movimiento de mercadería transportada por barcazas desde la hidrovía Paraguay - Paraná. "La falta de personal trae aparejado un deterioro en la calidad del servicio prestado", indicó el informe de la AGN.

Otros graves problemas de seguridad fueron detectados en lo que respecta a la inexistencia de una clara norma para verificar a los precintos de los contenedores, situación que puede permitir la recarga del transporte tras una inspección. Además fue verificado que no funcionaban las cámaras de seguridad tanto en el puerto de Campana como en San Lorenzo. Incluso no hay resguardo de las imágenes cuando son efectivamente filmadas, por lo cual no se tiene garantías sobre su utilidad en caso de ser requeridas por una investigación judicial. Y menos constancia queda sobre posibles verificaciones antidrogas con otros métodos, como el uso de perros adiestrados.

La utilización de canes adiestrados para detectar drogas no queda grabada en sistemas electrónicos al "no estar informatizado" el resultado de las pesquisas. Sólo queda un registro manual de esos procedimientos.

En diciembre de 2012 fue decomisada en Lisboa una carga de 1200 kilogramos de cocaína que había partido del puerto de Campana, uno de los que tiene instalado el escáner que no puede detectar drogas.

Además, no todos los contenedores pasan por el sistema de control electrónico, sino que la AGN determinó que en ese puerto se utiliza un sistema especial para decidir qué carga pasará por el escáner: un agente decide cada día si serán inspeccionados camiones con patentes terminadas en números pares o impares.

La auditoría sobre el control aduanero en las terminales portuarias se encuentra desde mayo pasado en poder del titular de la Afip, Ricardo Etchegaray.

Además de todo esto, requerimos saber las razones por las que la Ley 24.385 no ha sido reglamentada. La misma fue sancionada y promulgada en el año 1994, por la cual el Congreso Argentino aprobó el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay- Paraná y Protocolos Adicionales, que establece derecho y obligaciones en ese ámbito.

Con respecto a esto, en el año 2010 solicitamos explicaciones de por qué habían transcurrido 16 años en los que no se procedió con la efectivización de la norma y no hemos recibido respuesta alguna. Ahora reiteramos este pedido habiendo pasado 19 años, lo que genera un vacío legal en lo que refiere al ámbito de la hidrovía.

Como expresáramos en los fundamentos de un proyecto de resolución anterior (Nº de expediente 8021-D-2010), "la lucha contra el narcotráfico exige la adopción de políticas de Estado orientadas a reducir las enormes ventajas comparativas que nuestro país ofrece, tales como cercanía a países productores de estupefacientes como Bolivia, Perú y Colombia, extensas fronteras que dificultan los controles estatales, presencia de un polo industrial que permite a los narcotraficantes hacerse de precursores químicos vitales para la síntesis de drogas. Sin embargo vemos con preocupación que no se adoptan las medidas necesarias a tal fin. En este sentido debemos señalar que tampoco se ha reglamentado aún la ley 26.045 -que crea el Registro Nacional de Precursores Químicos- sancionada y promulgada en el año 2005; no se ha dado cumplimiento al plan de radarización del Espacio Aéreo Argentino; no se actúa en materia de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas".

Por los motivos expuestos solicito a mis pares que me acompañen en el tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de resolución.

(1) http://www.lacapital.com.ar/ed_impresa/2013/10/edicion_1791/contenidos/noticia _5164.html

(2)

http://www.hcdn.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=120947