La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su preocupación y repudio por el secuestro, extorsión y agresión física del día 4 de octubre de 2012 contra Alfonso Severo, testigo en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra ocurrido en octubre de 2010, y manifestar el desagrado por la actitud tomada por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Señor ministro de Justicia, Julio Alak, durante la desaparición y posterior aparición del mencionado ciudadano.

Señor presidente:

Es sabida la situación de Alfonso Severo, quien no se presentó a la audiencia donde estaba citado el día 4 de octubre de 2012 a las 12 horas, como testigo para declarar en el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra. La familia de Severo denunció su desaparición desde la madrugada del mismo 4 de octubre, en la localidad bonaerense de Avellaneda. Casi 24 horas después Severo apareció manifestando haber sido maniatado y golpeado luego de ser secuestrado por otros individuos que se movilizaban en moto.

El 21 de octubre de 2010, un día después del crimen de Mariano Ferreyra, Alfonso Severo se había presentado en la Justicia y denunció que su casa había sido baleada a las 3.35 de esa madrugada por desconocidos; y en lo referido a lo ocurrido en el barrio de Barracas con el ataque a los tercerizados del ex ferrocarril Roca un día antes, explicó que el 19 de octubre "todo el personal de Ferrobaires fue citado por Humberto Martínez" el delegado de la Unión Ferroviaria, quien les dijo que tenían que ir al día siguiente a la estación de Avelllaneda para "impedir el corte de vías" programado para el 20 de octubre. En la instrucción dijo además que Ferrobaires, con oficinas en Constitución, era "manejada por José Pedraza", detenido y juzgado como supuesto instigador del crimen de Ferreyra. Además, dijo que se guardaban armas en esa empresa y en el Museo Ferroviario bonaerense en la localidad de Avellaneda.

Así, el testimonio de Severo es clave para el desarrollo del mencionado juicio, y vital que las autoridades judiciales y gubernamentales abocaran sobre él la protección correspondiente. Por eso resulta inadmisible la actitud llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional a través del ministro de Justicia, Julio Alak, quien durante la desaparición de Severo, priorizó desligarse de cualquier responsabilidad diciendo que el testigo no quería protección. Y el mismo ministro, tras la aparición de Severo, expresó que las circunstancias del secuestro le resultan llamativas, y que todo puede tratarse de maniobras para desestabilizar al gobierno de Cristina Fernández.

No queremos ministros que estén constantemente a la defensiva y generando dudas sobre los hechos que sufre nuestro pueblo, sobre todo con una persona que puede ayudar a esclarecer un posible crimen planificado desde lo más oscuro y repudiable de la vieja política.

Ya todos conocemos la triste desaparición en democracia de Jorge Julio López, testigo clave que involucró con sus declaraciones a 62 militares y policías de la Dictadura militar que se instauró desde 1976 a 1983, acusados de crímenes cometidos en el marco de un genocidio. De Jorge Julio López no se sabe nada desde septiembre de 2006 y no hay ningún responsable material ni ideológico por esta desaparición. Y esto que ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿también fue una maniobra desestabilizadora?

Consideramos que las autoridades gubernamentales, ante situaciones tan dramáticas como las vividas por Severo, deben generar más certezas que sospechas y dudas, porque para eso están: para defender a su pueblo, no para desligarse de los problemas.

Queremos una democracia sólida institucionalmente, una democracia que nos devuelva a todos los desaparecidos y que no permita el sufrimiento de quienes declaran lo que saben o lo que piensan; y es por ello que les solicito, diputados y diputadas, me acompañen en el presente Proyecto de Declaración.