La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por la situación y posible vulneración del derecho de defensa en juicio de Reina Maraz, de origen Kichwua, nacida en Bolivia, detenida desde noviembre de 2010 en la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos, Provincia de Buenos Aires, quién pasó un año encerrada sin comprender el proceso judicial que la mantiene privada de la libertad junto a su hija, por no hablar español y no contar el organismo competente con intérpretes de lenguas originarias.

Señor presidente:

Nos hacemos eco de un caso particular pero no único en nuestro país, en el que una persona indígena es sometida a un proceso judicial que no puede comprender, por no hablar español, por hablar el idioma quechua y carecer los organismos competentes de intérpretes en lenguas originarias. En casos como estos las garantías de defensa en juicio se desvirtúan absolutamente, alguien es privado de su libertad sin que se le pueda explicar las razones o los pasos procesales que tendrán lugar en el juicio del que es parte. Cómo será indagada esa persona? Cómo se le asegura que tendrá un juicio justo si no puede declarar, expresar su versión de los hechos, si no puede comunicarse con quién ejerza la defensa.

Reina Maraz está detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos por homicidio agravado desde noviembre de 2010. Pasó un año encerrada sin comprender el proceso judicial que la mantiene allí alojada junto a su beba, que ahora tiene 2 años.

La Sra. Maraz es oriunda de Bolivia de una comunidad Kichwua, por lo que se comunica a través de su lengua materna, el quechua, y no comprende ni puede expresarse en español. Nadie reparó o se detuvo en esta cuestión hasta que en diciembre de 2011 durante una inspección en la unidad el equipo de monitoreo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se entrevistó con ella.

"Cuando la conocimos, en diciembre de 2011, Reina se encontraba en un absoluto estado de indefensión, y no comprendía las razones de su encierro", informaron desde la CPM quienes realizaron distintas intervenciones que empezaron por exigir que se garantice la presencia de intérpretes para tomarle declaración o interactuar con ella.

A través de la intérprete que propuso el organismo se le pudo explicar de qué se la acusaba y ella pudo contar por primera vez su versión de los hechos. En ese relato la detenida describió su condición de migrante, una situación de violencia doméstica y sexual previa a los hechos por los que la juzgan, violencia que era ejercida, principalmente, por su marido y el vecino a quien señalan como su cómplice.

Su causa está caratulada "Maraz Bejarano Reina, Tarija Juan Carlos y Vilca Ortiz Tito s/Delitos: Homicidio Agravado "criminis causa", Homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas". Se le imputa haber asesinado a su marido junto a un vecino que aparentemente abusaba de ella.

En abril de 2012 el Juzgado de Garantías Nro. 6 de Quilmes, a cargo del Dr. Diego C. Agüero, dispuso la nulidad de la audiencia celebrada hasta el momento y ordenó que se le tome una nueva declaración a Reina con la presencia de los intérpretes propuestos por la Comisión Provincial por la Memoria.

Actualmente la causa se encuentra a disposición del Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, próxima al debate oral. En el caso particular de Reina Maraz, en el mes de septiembre de este año, la SCJBA le ordenó al TOC la designación oficial de los intérpretes sugeridos. Así, recién a casi 3 años de su detención, Reyna tuvo un primer comparendo ante el Tribunal en el que alguien le fue explicando en su lengua materna lo que sucedía en la sala.

Por el momento procesal en que se encuentra la causa, las partes ya no pueden ofrecer pruebas, por lo que los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria expresaron su preocupación ante el hecho de que no aparezca en el expediente la voz de Reina ni la sumatoria de circunstancias que derivaron en su detención.

Toda esta información fue extraída del blog de la Comisión Provincial por la Memoria http://blog.comisionporlamemoria.org/archivos/14054.

En la provincia de Buenos Aires, así como en otras partes de nuestro país, son muchas las personas, migrantes o no, que podrían encontrarse en esta situación y las Asesorías periciales carecen de traductores o expertos en lenguas originarias. Esto quebranta la garantía de defensa en juicio, haciendo imposible el acceso a un juicio justo. Por otro lado, profundiza la vulnerabilidad de los más débiles e incumple la debida protección que el Estado debe brindarles especialmente.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto esta iniciativa.