La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo se arbitren las medidas necesarias para comprometer, en el marco del Consejo Federal de Educación, una asignación francamente equitativa y progresiva de recursos educativos, cuya prioridad se encuentre puesta en escuelas rurales a las que asistan alumnos con mayores necesidades socioeconómicas.

Señor presidente:

La Encuesta sobre Educación y Desarrollo Rural 2011, a cargo de la Organización de la Sociedad Civil "Red Comunidades Rurales" (1) , cuyo objeto fue el de indagar en qué medida la acción del sistema educativo reduce, reproduce o amplía las desigualdades sociales de los alumnos que asisten a escuelas rurales, arrojó resultados interesantes, que vale la pena tener en cuenta al momento de trazar estrategias para el financiamiento de establecimientos educativos de enclave rural.

La metodología de la misma consistió en un cuestionario semiestructurado y autoadministrado, que se aplicó efectivamente a 1.015 actores clave de la comunidad educativa rural a lo largo del país, y se realizó en dos ondas. La primera se implementó en la región norte del país entre mayo y octubre de 2008: en el Noroeste Argentino (NOA) se relevaron 159 casos y en el Noreste Argentino (NEA), 246 casos. La segunda onda se realizó en el primer semestre de 2009 en la región de Cuyo (133 casos), Pampeana (406 casos) y Patagónica (71 casos).

El cuestionario relevó información sobre diversas variables, entre las que cabe mencionar las siguientes: características edilicias, recursos materiales y didácticos, servicios alimentarios, tiempo escolar, alumnos por docente, acceso a nuevas tecnologías, cantidad y perfil de directivos, y oferta pedagógica (inglés, educación física, música y educación artística).

La distribución de espacios diferenciados (que contempla la disponibilidad de laboratorio, patio, sala de computación, dirección y salón de usos múltiples) resulta el componente más regresivo en todo el trayecto de educación básica.

Luego, se verifica cierta regresividad en la oferta curricular: así, dependiendo de la región, las escuelas que atienden a la población de más recursos cuentan con una mayor oferta de inglés, educación física, música y educación artística.

Por otro lado, los servicios alimentarios son los únicos componentes de la oferta que se encuentran focalizados en los sectores más vulnerables, tanto en nivel primario como en secundario. Esta es una oferta que tiene la misión explícita de compensar a la población más vulnerable.

Otra tendencia generalizada consiste en que en el nivel secundario las desigualdades son más profundas que en la primaria. Además, se verifican diferencias en el tipo de recursos repartidos inequitativamente. Así, las características de los directores aparecen como el elemento más disímil: en la mayoría de las regiones, las escuelas secundarias que atienden a alumnos con más recursos tienen directores con mayor nivel educativo y más antigüedad.

Se observa también que hay una regresividad más marcada en la distribución de los espacios diferenciados, y en menor medida de recursos materiales y computadoras para uso administrativo.

En el nivel primario, la región patagónica presenta la distribución más inequitativa: casi la mitad de los componentes (de un total de 26) se distribuyen de modo que benefician a la población con más recursos. Luego, lo mismo sucede con un tercio de los recursos en la región norte del país (NEA y NOA), y una quinta parte para el Cuyo. La región pampeana, que es la que tiene menor población rural bajo la línea de pobreza, es la que menos inequidades presenta.

Por consiguiente, en el NEA se producen las mayores inequidades en la distribución de recursos: casi la mitad de los componentes de la oferta analizados se reparten regresivamente, al tiempo que es la región que menos focaliza sus recursos en la población más vulnerable. Luego siguen las regiones patagónica y pampeana, en donde un tercio de los recursos son distribuidos regresivamente.

Como conclusión, el documento observó que la mayoría de los recursos anteriormente citados se distribuyen de manera homogénea entre las escuelas rurales a las que se pudo acceder, independientemente del nivel socioeconómico de los alumnos, mientras que otro conjunto significativo de recursos es asignado de manera regresiva - es decir que se beneficia a los alumnos más favorecidos -, como los espacios edilicios diferenciados (laboratorios o salas de computación), el acceso a Internet y los recursos materiales, por ejemplo. Por el contrario, la oferta que beneficia solo a los sectores más vulnerables es escasa; y cuando esto sucede, el grado de progresividad resulta moderado, como en el caso de los servicios alimentarios.

Con este esquema, el sistema educativo rural argentino estaría reproduciendo inequidades sociales, ya que distribuye la mayoría de sus recursos, que alcanzan sólo una cobertura parcial de la matrícula, sin favorecer a los alumnos que más lo necesitan. Incluso, habría una ampliación de las desigualdades por el reparto regresivo de algunos componentes de la oferta, mientras que el espectro de las políticas compensatorias resulta muy limitado.

En igual razón, es valedero retomar algunas observaciones vertidas en el informe "Temas de Educación: La educación secundaria rural en la actualidad", que comparte la visión del estudio de OREALC/UNESCO referido a la ruralidad en América Latina, por la cual se plantea que "en las zonas rurales los jóvenes y adolecentes carecen, en general, de oportunidades reales que les permitan continuar su desarrollo personal y la preparación para la vida laboral (lo cual) trae aparejado el éxodo de su población joven, en gran medida, como resultado de la falta de oferta educativa adecuada. Se suma, además, que en muchos países de la región este medio está poblado por comunidades originarias que, por lo general, son marginadas de los servicios esenciales, entre ellos el educativo." (2)

Las escuelas rurales se encuentran, por lo general, en zonas alejadas de las comunidades rurales y aisladas en virtud del deteriorado y complejo acceso a ellas, lo cual comprende un obstáculo difícil de salvar para los niños que deben asistir a clases.

Todo lo antedicho configura un marco preocupante, en el que factores como la baja escolarización en nivel secundario (sólo el 53% de los jóvenes y adolescentes de entre 12 y 17 años de edad que habitan en ámbitos rurales está escolarizado en el nivel Secundario, aguzándose el problema para aquellos de entre 15 y 17 años, cuyo porcentaje de escolarización es del 28%), la taza de abandono interanual (registra un promedio de 17,1% en secundarios rurales, por comparación al 12,1% en ámbitos urbanos), el índice de sobreedad (alcanza el 42,9%, es decir, más de 4 de cada 10 alumnos tienen más edad que la correspondiente al año de estudio que se encuentran cursando) y la baja tasa de egreso del nivel secundario (21,7%) son la norma en la educación de contexto rural.

Si sumamos al análisis previo consideraciones sobre el menor desarrollo de las infraestructuras rurales en general (3) , que afecta especialmente a las zonas donde predominan pequeños productores rurales - NOA y NEA - (la escasez en la provisión de agua potable corriente en áreas rurales dispersas (4) , la casi nula provisión de servicio de cloacas, el deterioro de la red de caminos rurales, el alto riesgo de inundaciones, la creciente pero aún insuficiente provisión de energía eléctrica, la precariedad de los sistemas de riego, y la falta de mantenimiento de escuelas y hogares rurales) se puede observar un mayor grado de dificultad para que los alumnos de contextos rurales puedan acceder a una igualdad de oportunidades, respecto de sus pares de la ciudad, a través de la educación.

En virtud de todo lo descripto, y en razón de que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional (26.206) "el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, es responsable de definir las medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos", es que propongo que se analicen las conclusiones de los citados informes en aras de que exista una efectiva coordinación entre el Gobierno Nacional y las provincias para mapear y atender con prioridad a las escuelas más vulnerables.

Sin dudas que el esfuerzo y los recursos empeñados por el Estado en pos de conseguir mejoras en la oferta de educación formal pública y gratuita ha ido en franco crecimiento en estos últimos años, y es en ese contexto que se impone redistribuir de manera más equitativa los recursos educativos anteriormente citados, con el objeto de que las mejoras actuadas puedan percibirse allí en los ámbitos en los que más hacen falta.

El alcance ampliado de una educación rural de calidad es fundamental para el desarrollo y la igualdad de oportunidades genuina para los niños que asisten a dichos establecimientos, y sus familias, respetando sus particularidades culturales a la vez que atendiendo con mayor detenimiento y consideración sus situaciones socioeconómicas complejas.

Sólo mediante un esquema progresivo de distribución de los recursos educativos, consensuado y trabajado en profundidad entre el Estado Nacional y las provincias, se podrá iniciar un sendero de reducción de las desigualdades que afectan a los niños que asisten a escuelas rurales, lo que, en concordancia con una fuerte inversión en infraestructuras rurales que permita desarrollar las zonas de ruralidad concentrada y dispersa, será garantía de reconocimiento de sus derechos humanos básicos, y de aprovechamiento del potencial productivo, cultural y social que poseen y merecen poner en ejercicio.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Resolución.