La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, y por su intermedio a las autoridades competentes, que tenga a bien informar a ésta Honorable Cámara las siguientes cuestiones vinculadas a la política de subsidios a diversos servicios públicos y su posible recorte:

Informe detalladamente la totalidad de los servicios públicos que actualmente se encuentran subsidiados por el Estado Nacional, discriminando según rubros y empresas.

Informe a cuanto asciende el monto total de los subsidios. Cuantos usuarios se ven beneficiados por los mismos, distinguiendo según el poder adquisitivo de los mismos.

Informe las erogaciones en concepto de subsidios desde 2003 a la fecha, precisando según años..

¿Existen planes para reducir los subsidios? En caso afirmativo, indique cuándo comenzarán a implementarse, en que rubros, detalle montos. Indique si los mismos serán reducidos escalonadamente, y si habrá diferencias de acuerdo al poder de los usuarios.

Indique que monto de los subsidios se destinan a empresas privadas y el monto destinado a empresas públicas.

Informe el monto de los subsidios percibidos por las empresas CAMMESA y ENARSA.

Remita un informe de las distintas alternativas de políticas de subsidios y su impacto en la economía.

Señor presidente:

En la última década el Estado Nacional ha tenido un mayor papel e intervención en la economía en diversos sectores, siendo los subsidios a los servicios públicos, especialmente energía, una de las principales herramientas de esa intervención. Debido a que los mismos son costeados con los recursos que provienen del trabajo de todos los argentinos y residentes, percibidos por el Estado través de los impuestos, es de máxima importancia contar con un seguimiento pormenorizado del uso de los mismos, y conocer los planes que el Gobierno Nacional tiene sobre el particular.

Preocupado por los problemas de caja y las dificultades para hacer frente al costo de la importación de energía , el Gobierno analiza volver a encarar tras las elecciones de octubre la antipática tarea de reducir subsidios a los consumidores de luz y gas, una iniciativa que dejó inconclusa en sus últimos dos intentos.

El tema comenzó a debatirse en los últimos días en la comisión que fiscaliza las inversiones en hidrocarburos, liderada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y de la que también participan los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Se trata del órgano que más pesa a la hora de definir cuestiones vinculadas con la energía en general, más allá del petróleo y del gas.

Uno de esos trabajos, que será presentado a la comisión luego de las elecciones para su debate, indica que el Estado gastará este año entre 12.000 y 15.000 millones de pesos en subsidios al gas y la electricidad para sectores de alto poder adquisitivo.

"Esa cantidad se podría recortar sin afectar la demanda y, por lo tanto, la economía", completó el funcionario. No se trató de una aclaración ingenua.

Puertas adentro, el Gobierno tomó nota de las dificultades que representan las transferencias a la energía desde hace tiempo. En diciembre de 2008, por caso, lanzó el decreto 2067 para traspasar el costo creciente de las importaciones de gas a un sector de los consumidores, pero el intento trastabilló en la Justicia debido a las demandas de consumidores y asociaciones que los representan. Meses más tarde, De Vido dio parcialmente marcha atrás con la norma tras una orden directa de la presidenta Cristina Kirchner. Y en noviembre de 2011, cuando Cristina Kirchner apenas estrenaba su triunfo en las elecciones presidenciales que le aseguraron un segundo mandato, los ministros De Vido y Amado Boudou (por aquel entonces a cargo de Economía) anunciaron el inicio de un proceso de quita paulatina de subsidios. Cayó sobre bancos, cerealeras, petroleras, countries, barrios cerrados y los vecinos de Barrio Parque y Puerto Madero.

Con el mismo impulso, se abrió una lista para renunciar voluntariamente a los subsidios. La lista aún está en la página web de Planificación. La Presidenta fue la primera en dimitir, pero la iniciativa fue un fracaso rotundo: casi dos años después, sólo se anotaron 32.137 personas, sólo 0,6% de las conexiones eléctricas en las áreas de Edenor y Edesur. Sin ningún anuncio oficial, la iniciativa fue dejada de lado por el Gobierno pocos meses después de su puesta en marcha. Los memoriosos del sector energético sostienen que eso ocurrió a partir de febrero de 2012, cuando fue el accidente en la estación de Once que causó 51 muertes y cambió el envión anímico que había recibido Cristina Kirchner en las elecciones.

Hasta ahora, los puntales del kirchnerismo que defienden la política de subsidios sostienen que está en línea con la intención de mantener cargados los bolsillos de los consumidores para que vuelquen sus ingresos al mercado interno. De acuerdo con el estudio que circula en despachos oficiales, el recorte previsto a los sectores de mayor poder adquisitivo que no entraron en los recortes hechos hasta ahora no afectaría la economía.

Desde 2009, el peso de los subsidios se constituyó en un lastre muy pesado para una economía que dejó de transitar las aguas calmas de los años anteriores. En 2012, el último año del que hay registros completos, el Gobierno destinó $ 61.896 millones a subvencionar el consumo de gas y electricidad.

El número es enorme. Representa un 85% del superávit de la balanza comercial del año pasado (US$ 12.419 millones al dólar oficial, de $ 5,85), un ítem que Moreno defiende con ahínco mediante las restricciones a las importaciones y el reclamo constante a empresarios para que produzcan más en el país.

La cifra del año pasado, además, muestra un aumento sensible. Es, por ejemplo, casi cuatro veces mayor que los $ 15.944,1 millones que se destinaron al mismo rubro en 2009, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

La mayor parte se destinó a dos empresas: Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, que en los papeles es mixta, pero en la práctica está bajo el control del Gobierno, y Enarsa , la compañía estatal de energía. Ambas se encargan de comprar gas a Bolivia, que llega por barco, y combustibles líquidos, como gasoil y fuel oil, para reemplazar la menor producción local en las usinas eléctricas.

Se trata, en todos los casos, de ítems que están contemplados en las facturas, pero que en la mayoría de los casos no se pagan. La boleta correspondiente a septiembre de María Gracia, una jubilada de 76 años que vive en Caballito, indica que debió haber pagado más de 380 pesos por el servicio eléctrico. Pero el ítem denominado Subsidio al Consumo, resaltado en anaranjado por orden del Gobierno, le bonifica $ 297, casi el 80% de sus obligación. Algo similar ocurre en el caso del gas.

La política de subsidios tiene gran impacto en los índices macroeconómicos, como en las economías de los hogares y de las empresas, por lo tanto es menester conocer los lineamientos que el gobierno nacional tendrá en ésta materia en el corto, mediano y largo plazo.

Por las razones oportunamente expresadas, invito a los señores diputados a acompañar el presente proyecto.