La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

SOLICITA AL JUZGADO FEDERAL DE RESISTENCIA LA CELERIDAD PARA LA ELEVACION A JUICIO DEL PROCESO PENAL DENOMINADO "MASACRE DE MARGARITA BELEN"

Que, manifiesta su sentada preocupación, por la demora incurrida en la definición para la elevación a juicio de las causas criminales plasmadas en los Expedientes "LARRATEGUY, Jorge A. y Otros s/Homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes y desaparición forzada de personas", conocida como "Masacre de Margarita Belén" y la causa "CABALLERO" , en ambas se verificaron violaciones de derechos humanos, asimismo RESUELVE la conveniencia de solicitar al Juzgado Federal de 1ª instancia de la Ciudad de Resistencia, a través de la Secretaria que corresponda, arbitre los medios necesarios a efectos de provocar la "celeridad" en dichas causas, hasta su elevación a juicio oral, con el objetivo de agilizar estas investigaciones y determinar, si la hubiere, la responsabilidad criminal de los imputados.

Señor presidente:

Tras haber transcurrido 32 años del fusilamiento de 22 presos políticos, perpetrado por fuerzas del Ejército y la Policía del Chaco en 1.976. Todavía se esta a la espera de que el Juzgado Federal de Resistencia eleve a juicio oral la causa contra los represores que participaron de la denominada "Masacre de Margarita Belén", "luctuoso hecho" en que 22 presos políticos fueron fusilados por tropas conjuntas del Ejército Argentino y la Policía del Chaco. Vale recordar que en el mes de agosto pasado la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Gustavo Corregido, había requerido al Juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, la elevación a juicio de la causa de "Margarita Belén", que se encuentra caratulada como "LARRATEGUY, Jorge A. y Otros s/Homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes y desaparición forzada de personas" y cabe también subrayar que existe otra causa con la misma connotación en violación de Derechos Humanos denominada "Causa CABALLERO". La posibilidad del inminente juzgamiento a los represores se sustancia con las novedades producidas en la causa durante los últimos meses. La causa sufrió una "parálisis significativa" durante dos años cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar a un planteo de habeas corpus negando la competencia del Juzgado Federal de Resistencia en la causa, significando la libertad de los imputados y el freno de la causa.

Este tema que hoy nos preocupa, (sobre hechos que posibilitaron violaciones de Derechos Humanos durante la última Dictadura Militar) suman, en todo el país, casi 800 causas que están muy retrasadas en su instrucción, una de ellas es la de la masacre de Margarita Belén, que ya tiene solicitada la elevación a juicio por el Ministerio Publico Fiscal.

Se busca impedir que se produzcan nuevos fallos como el que ordenó la libertad de los ex marinos Astiz y Acosta y otros 19 represores, y que generó un fuerte cruce de acusaciones por la responsabilidad de cada poder del Estado en la decisión de la Cámara de Casación. "Mucha demora" Los números son inapelables, como la necesidad de que justicia mediante, los delitos de lesa humanidad tengan nombre y apellidos. Al 13 de diciembre de 2008 transcurrieron 32 años de la masacre y también pesares lamentables: hay personajes acusados de ser partícipes en distintos grados que ya fallecieron. También el 13 de diciembre del año pasado se cumplieron 25 años del reclamo público de "verdad, justicia y castigo a los culpables". Hace más de 2 décadas que la causa deambula por aquí y por allá como si fuera una herencia vacante en quien nadie tuviera interés, cuando se debe señalar a los responsables del fusilamiento de entre 21 y 22 presos políticos que cometido en la madrugada del 13 de diciembre de 1976, en la vera de la ruta nacional 11, algunos kilómetros más delante de Margarita Belén (en dirección hacia la Provincia de Formosa). La causa se inició en 1984, cuando los familiares de las víctimas hicieron su primera presentación judicial. Luego, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida el proceso se paralizó hasta el 8 de marzo del 2003 cuando el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la Dictadura Militar. La causa se tramita actualmente en ese juzgado federal.

Afirmar que la mora en el enjuiciamiento a represores evidencia "una falta de compromiso de operadores judiciales, de algunos jueces y fiscales, después de tantos años", no puede ser la respuesta que se le puede dar a la comunidad". Por ello se advierte que la solución es acelerar esta etapa del proceso en base a un logro de justicia que se aspira obtener, en otras palabras, hay que actuar en consecuencia De allí, mi interés como Diputado de la Nación, de exhortar debidamente, en este caso, dado que se encuentran involucrados violaciones a los derechos humanos, para que en caso de comprobarse la responsabilidad criminal de los represores en este hecho, el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, tome las medidas necesarias para evitar se repita la dilación indeterminada en la resolución de elevación a juicio.

Exhorto solicitando la debida celeridad para lograr el ideal de justicia que reclaman a "gritos" el tema del reconocimiento de los derechos y de este modo determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los imputados involucrados. Aspiro, que la preocupación aquí señalada, sea compartida por los señores imputados, por lo que solicito me acompañen en la aprobación de este Proyecto