La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación que atraviesan las comunidades aborígenes de la Quebrada de Humahuaca, en cuanto al ejercicio de su derecho sobre el territorio y que provocaron hechos de extrema violencia, como el asesinato de Luis Condorí.

Señor presidente:

La declaratoria de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003 fue un hecho muy importante, tanto para la provincia de Jujuy como para la Argentina. Sin embargo, trajo aparejado enormes problemas sobre la propiedad de las tierras, ya que fueron apareciendo "nuevos dueños con papeles" que quieren vender las tierras donde se asientan las comunidades aborígenes.

Desde el 2003 a la fecha, los pueblos quebradeños de la provincia de Jujuy tuvieron grandes cambios en su vida cotidiana. La denominación de Patrimonio Cultural promovió el mayor ingreso de turistas, la inversión de capitales en servicios turísticos como la apertura de restaurantes, hoteles, locales de ventas de artesanías y otros puestos comerciales que ofrecen distintas actividades de esparcimiento al turista como visita a sitios arqueológicos, cabalgatas, trekking entre otros.

Estos cambios también provocaron el encareciendo el valor de la tierra. Es así que la tierra se convirtió en un mercado de valor agregado en la Quebrada de Humahuaca, generando varios conflictos y problemas para las comunidades indígenas. Fueron apareciendo "nuevos dueños" que se adjudicaban ser los titulares de tierras, llegaron con "papeles" en mano y fueron enviando intimaciones y órdenes de desalojos en contra de las comunidades del lugar.

Ante esta situación, se sancionó la Ley 26.160, la cual declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. También, ordena la suspensión de las ejecuciones de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o la desocupación de las tierras contempladas.

Las comunidades de la Quebrada realizan los trámites legales para que desde el RETECI (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), culminen con las carpetas de informes sobre el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras que tradicionalmente ocupan. EL Relevamiento de Territorios de Comunidades Indígenas fue creado en el año 2007, por el INAI Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para lograr la ejecución de la Ley 26.160. En la provincia de Jujuy la ejecución de los Programas RETECI Y PRIPCI está a cargo la Secretaría de Derechos Humanos, junto al aporte de delegados del CPI Consejo de Participación Indígena.

A pesar de las normativas, muchas comunidades están siendo presionadas por medidas judiciales que parecen desconocer las leyes. Pero, tristemente, las presiones no sólo provienen del Estado, sino también de organizaciones cuyos intereses sobre las tierras llevan a ejercer acciones violentas para desalojar los predios.

Un claro ejemplo de ello es lo sucedido en Humahuaca. El pasado miércoles 5 de septiembre Luis Condorí fue asesinado durante un enfrentamiento entre los pobladores y un grupo de militantes de la agrupación "Titi Guerra", la cual integra el colectivo Tupac Amaru, cuyo líder es Milagro Salas.

Según trascendidos periodísticos, al llegar la agrupación Titi Guerra a Humahuaca, se metieron en un predio, donde había seis casas de adobe, pero cuyos dueños decían ser Enrique Miranda y Vicente Acosta, este último agente inmobiliario. Aparentemente habrían comprado 70 hectáreas a uno de los descendientes y su intención era lotear la zona. Esta situación provocó el enfrentamiento entre los miembros de las comunidades en defensa de sus propiedades y los usurpadores, quienes eran defendidos por la policía jujeña.

Este hecho terminó con la muerte de Luis Condorí, de 28 años, padre de tres hijos y guía turístico. Terminó con la muerte de un joven, que defendía su casa, su comunidad, su identidad.

A casi un mes de la muerte de Condorí, la situación no se ha revertido, sino que las familias del lugar siguen sufriendo presiones de todo tipo. Esta situación no puede continuar así. Es necesario que el Estado cumpla con la normativa existente y garantice el derecho de las comunidades quebradeñas sobre su territorio.

Por lo antes expuesto, y con el deseo de que esta situación no vuelva a ocurrir, es que solicito a mis colegas legisladores y legisladoras que me acompañen con el presente proyecto