La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su preocupación por la detención de los ciudadanos argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, activistas de la ONG Greenpeace, junto a otros ambientalistas de distintas nacionalidades, acusados de piratería ante la justicia de la Federación de Rusia, a causa de la realización de una acción pacífica para impedir que la empresa rusa Gazprom hiciera la primera perforación en el Oceáno Ártico para extraer petróleo en el Polo Norte, considerando la eventual violación de sus derechos humanos fundamentales.

Solicitar que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sin afectar el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, lleve a cabo todas las gestiones diplomáticas pertinentes ante el gobierno de la Federación de Rusia, destinadas a asegurar la defensa de las garantías del debido proceso de nuestros nacionales en el exterior y a lograr, a la brevedad, la mejora de su situación penitenciaria bajo garantía de la representación diplomática argentina en la Federación de Rusia, instando a este Estado a respetar el derecho internacional, en particular, dando cumplimiento a los tratados internacionales sobre derechos humanos y protección del medio ambiente marítimo, con respecto a los cuales se ha obligado.

Señor presidente:

Un grupo de treinta ambientalistas de Greenpeace que viajaban el rompehielos "Arctic Sunrise fueron detenidos el pasado 18 de septiembre en el Océano Ártico al tratar de escalar una plataforma de extracción de petróleo propiedad de la empresa estatal rusa Gazprom para llamar la atención sobre la amenaza que implican las perforaciones petroleras en esa zona, rodeada de tres reservas naturales y sobre la necesidad urgente de hacer frente al cambio climático.

La Guardia Costera remolcó el buque hasta la bahía de Murmansk y los activistas quedaron a disposición de la justicia, que comenzó con las audiencias y dispuso en un primer momento dos meses de prisión preventiva a medida que declaraban, según dijeron por "peligro de fuga".

Entre los activistas detenidos se encuentran dos argentinos, Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi.

La justicia rusa acaba de acusarlos formalmente del delito de "piratería en banda organizada" y en caso de ser hallados culpables podrían recibir penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Greenpeace rechaza los cargos de piratería y acusa a Rusia de haber tomado por asalto el Artic Sunrise de modo ilegal, cuando se encontraba en aguas internacionales.

"Las acusaciones de piratería no tienen fundamento y no se apoyan en ninguna prueba", aseguró Irina Isakova, abogada de la ONG ecologista, al tiempo que indicó que Greenpeace presentará una demanda por las "acciones ilegales" llevadas a cabo por parte de "los investigadores y los órganos judiciales", ya que -denunció- durante la detención de los 30 ambientalistas se cometieron "irregularidades"..

A su vez, el Presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que los 30 activistas de Greenpeace detenidos por las autoridades rusas "claramente no son piratas" aunque sugirió que podrían haber violado leyes internacionales.

Ante los hechos descriptos es que nos manifestamos para expresar nuestra preocupación y para exhortar al Poder Ejecutivo nacional para que a través de la Cancillería Argentina extreme todas las acciones gubernamentales posibles a efectos de proteger la defensa de las garantías del debido proceso de nuestros nacionales en el exterior , pueda lograr a la brevedad que la prisión preventiva actual a que están sometidos nuestros conciudadanos pueda convertirse en domiciliaria bajo garantía de la representación diplomática argentina en la Federación de Rusia.

Por otra parte, es necesario que el gobierno argentino, a través de gestiones diplomáticas, inste al gobierno ruso a encuadrar los acontecimientos sucedidos en el marco del Derecho Internacional, dando cumplimiento, en particular a tratados

de los que la Federación de Rusia es Estado Parte, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (Nueva York, 1966), la Convención sobre Derecho del Mar (Montego Bay, Jamaica, 1980) y todos los tratados referidos a la protección del medio ambiente marítimo surgidos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Por las razones expuestas, sometemos este proyecto de resolución al tratamiento de esta H. Cámara.