La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de requerirle proceda a remover al contador Celso Alejandro Jaque (DNI 13.642.727) de su cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario (art. 5 ley 20957) ante la República de Colombia designado por decreto 489/2012 como consecuencia del notorio perjuicio que ocasiona al Estado Nacional su decisión -cuando fue gobernador de la Provincia de Mendoza- de rescindir el contrato de concesión de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) que administraba la empresa Saur Internacional mediante decreto provincial 1541/10.

Tal consideración se sostiene a partir que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó a la República Argentina a abonar 43 millones de dólares en concepto de de compensación e indemnización por daños generados a través de la violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (Appri), a inversores nacionales y extranjeros (expropiación de la inversión y trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur), por la estatización de la empresa OSM en el año 2010.

Señor presidente:

El Estado nacional sumó un nuevo revés en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). El 4 de setiembre de 2014 se conoció que el país fue condenado a pagar unos u$s 43 millones en concepto de indemnización a inversores nacionales y extranjeros por la estatización de la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en el año 2010.

La multa fue decidida por el tribunal de justicia del Banco Mundial, tras un extenso litigio entre los inversores que controlaban la concesión y la provincia de Mendoza. El Tribunal arbitral resolvió "condenar a la República Argentina por un monto de u$s 39.990.111 a favor de Saur International, además de las costas (unos u$s 686.500) y gastos de defensa de la demandante (casi 1,5 millón de euros)".

Se trata de una condena en carácter de compensación por daños generados a través de la "violación de dos estándares del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Argentina y Francia (Appri), dice el fallo.

Además, agrega que la expropiación de la inversión estuvo marcada por "un trato injusto e inequitativo hacia las inversiones de Saur", aunque descartó el tercer argumento de los litigantes, que consistía en la violación de la "protección y seguridad". Ante la perspectiva de sentencia desfavorable, la Procuraduría del Tesoro de la Nación apeló el monto a pagar, que equivale a desembolsar casi un tercio de la demanda inicial presentada en septiembre de 2004, que totalizaba en unos u$s 144 millones. Pero el Tribunal consideró una "expropiación directa" de una inversión equivalente al 32,08% del capital social de la empresa, más dividendos y derechos como operador, además de la participación accionaria de Saur en la empresa, equivalente a unos u$s 20,6 millones.

En el resumen de la sentencia, los jueces consideran que conceder u$s 39,99 millones "es una cifra a todas luces razonable, teniendo en cuenta que es algo más de la mitad de lo que invirtió 15 años atrás. Por ello, el tribunal del Banco Mundial condenó a la Argentina a pagar en total u$s 40.676.611 y 1.486.975,13 euros entre capital, intereses y costas, ajustable al 6% anual. No quedan instancias de apelación.

Antecedentes:

El 27 de septiembre de 2010, el entonces gobernador Celso Jaque rescindió el contrato a la empresa y la Legislatura aprobó la creación de Aysam Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), lo que avivó un juicio en el Ciadi que ambas partes arrastraban desde 2003. Según informó el diario mendocino Los Andes tras la notificación al Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado, en el medio quedan una serie de acciones cruzadas entre el ex poder concedente y concesionario a nivel de la Justicia argentina: OSM S.A.L (sociedad anónima en liquidación) reclama a la Provincia un crédito deudor por $ 132 millones en bienes de uso.

A su vez, según el diario Los Andes, el Estado mendocino es acreedor quirografario desde que en 2013 la firma se declaró en concurso, a partir de un reclamo conjunto de algo más de $ 450 millones entre obligaciones impagas a ATM, EPAS, Irrigación y AFIP y una demanda por incumplimiento del contrato de concesión (falta de inversiones en la mejora del servicio) e impacto ambiental que presentó como prueba al Tribunal.

En el primer caso, los ex accionistas confirmaron que se interpuso una acción de inconstitucionalidad que llevó el caso a la Suprema Corte. Para neutralizar la demanda iniciaron una acción administrativa para pedir que se declararan nulos los decretos de intervención y la posterior estatización y creación de Aysam (Aguas Mendocinas) (Fuente diario El Cronista).

La sentencia recae sobre el Estado nacional porque es el país el asociado al Banco Mundial y por ende oficia de agente jurídico que debe responder ante un litigio que afecte a alguna de las provincias argentinas.

Ahora se abre el interrogante: cómo la Nación transferirá el costo a la gestión del actual gobernador mendocino Francisco Pérez.

Conclusión:

Por lo pronto, el Estado Nacional debe remover al señor Jaque de su cargo como embajador en Colombia, habida cuenta del patente perjuicio que le provoca su decisión política como gobernador de Mendoza al dictar el decreto 1541/2010, que hoy por resolución del CIADI coloca a la Argentina en la obligación de abonar alrededor de 43 millones de dólares.

Además, es de esperar que las demandas entabladas contra la ex concesionaria signifiquen a la postre una suerte de compensación entre la suma a la que nos condena a pagar el Tribunal del banco Mundial y las que Mendoza reclama.

Sería un acto ejemplar que los funcionarios que con su mala gestión causen gravamen pecuniario al Estado sean sancionados, como mínimos relevándolos de funciones públicas que pudieran estar ejerciendo como es el caso del ex gobernador mendocino y actual embajador en Bogotá.

Pido por consiguiente el apoyo de mis pares a fin de aprobar esta resolución.