La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de la Secretaria de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, se proceda a:

1. Adecuar los parámetros y criterios de distribución de los fondos que conforman el Sistema Integrado de Transporte Automotor “SISTAU”, en particular el Coeficiente de Participación Federal (CPF) y el Coeficiente de Distribución de Compensaciones Tarifarias (CDCT), a los efectos que las Jurisdicciones no pertenecientes al área metropolitana, según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 25.031, sean consideradas en igualdad y equivalencia de condiciones con las mencionadas.

2. Modificar los criterios y porcentuales establecidos en el régimen de Compensaciones Complementarias, constituido por Decreto N* 678/2006, contemplando en la aplicación de los mismos, la efectiva incidencia reflejada por los aumentos de salarios del sector comprendido y los mayores costos emergentes para garantizar el normal funcionamiento de las empresas de transporte público de pasajeros que operan mas allá del área metropolitana.

3. Constituir un Consejo Consultivo Federal, integrado por representantes de todas las provincias para redefinir las pautas de fijación de los regímenes antedichos, con objeto en establecer parámetros federales de igualdad y concurrencia a los fines de las asignaciones previstas.

Señor presidente:

El motivo de la presente iniciativa tiende a recordar el sentido “federal” que debe priorizar y por lógica sostener el Sistema Integrado de Transporte Automotor, evitando la discriminación y peculiar olvido de la totalidad de las jurisdicciones excluidas del área metropolitana de Buenos Aires.

En tan sentido y considerando que por su naturaleza los subsidios al transporte automotor son de una significativa importancia para garantizar el acceso de la población a los medios de transporte, es mas que preocupante la situación que se evidencia con los mismos. Pues como todos recordamos desde el año 2002 frente a la crisis desencadenada por la salida de la convertibilidad, tanto el Poder Ejecutivo como en su incumbencia constitucional el Legislativo, fueron reglando un sistema de subsidios al transporte automotor que permitiera mantener los cuadros tarifarios vigentes, evitando de esta manera que los aumentos tengan incidencia en el costo de vida de millones de argentinos.

Ahora bien, corresponde precisar que en su efectiva funcionalidad dichas asignaciones al transporte parecieran que solo tienen como principal destinatario el sistema que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, ya que en concreto los mayores porcentuales de subsidio se orientan a esa región en desmedro del interior del país. Por otra parte cabe destacar que solo el régimen de compensaciones complementarias establecidas por el Decreto 678/06 significan un aumento de aproximadamente el 50 % en el subsidio por cada vehículo de las empresas que operan en el área metropolitana, producto del otorgamiento de un incremento salarial de un 16 %; que se trasladó al interior del país pero sin la compensación correspondiente a las empresas.

Paralelamente si analizamos el Coeficiente de Participación Federal, el cual fija la participación de cada jurisdicción en la distribución de los fondos que se integran, se observa en su conformación un conjunto de variables como cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos e ingresos brutos, que claramente privilegia a las grandes empresas de transporte de pasajeros que mantienen una alta recaudación debido a que realizan recorridos mas cortos y con alta densidad de pasajeros, a diferencia de las ciudades del interior, que tienen una relación pasajero/kilómetro sensiblemente inferior.

Según se desprende de un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, con fecha 1 de Noviembre y a pedido de varias defensorías del interior del país, el área metropolitana percibe un 72 % del total de los subsidios, reduciendo la incidencia del resto del país a un 28 %. Además, mediante el régimen de compensaciones referido, fundado en los incrementos de los costos de funcionamiento, la inalterabilidad de las tarifas en el área metropolitana , los aumentos de salarios de convenio y los costos regulatorios superiores a los de otras Jurisdicciones, los porcentuales reflejados anteriormente aumentan en detrimento de las zonas excluidas, compensado al transporte metropolitano en un aproximadamente 87 % más por sobre el solo 13 % restante a distribuir en el resto del país.

Se acompañan gráficos con la distribución nacional de los subsidios para el mes de Septiembre del año 2006:

Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) -

La defensoría del Pueblo de la Nación se ha hecho eco de esta situación por demás delicada para el interior del país y en términos semejantes al contenido de este proyecto. Es más, recomienda al Secretario de Transporte de la Nación que revea estos criterios de distribución y envía el informe a las diferentes comisiones del Parlamento Nacional a los fines de que consideremos esta problemática; conocida en profundidad por quienes provenimos del interior.

En tal sentido cabe destacar el carácter paradójico de una norma que, esencialmente debe velar por el principio de igualdad y en realidad se convierte en una que por su propia naturaleza discrimina a los habitantes de ciudades con la magnitud de Córdoba, Rosario, Santa Fé, Mar del Plata, Mendoza, La Pampa, Tucumán, Santiago del Estero, Paraná, Jujuy, entre otras.

Entiendo como ejemplo ilustrativo de esta notoria desigualdad ante la Ley, que en la ciudad de Córdoba con una cantidad de 1.400.000 de habitantes, las empresas de transporte de pasajeros que han renovado y mejorado su parque automotor mejorando las condiciones de todos los usuarios, estén obligadas a solicitar a las autoridades, aumentos en sus escalas tarifarias para poder subsistir y paralelamente entiendo que en esa ciudad, al igual en que la mayoría de las ciudades del interior del país, ya se han incrementado las tarifas a un nivel que es difícil de soportar por los usuarios. Las autoridades provinciales y municipales del interior del país no pueden seguir aumentando tarifas para mantener sus sistemas de transporte y absorber los incrementos salariales. Aparte considerando la inequidad evidente de que los ciudadanos del área metropolitana no reciben incrementos en las tarifas porque cada vez son mayores las compensaciones que reciben las empresas de esta región.

Por consiguiente es menester solicitar que las autoridades competentes de la Secretaria de Transporte de la Nación procedan a revisar y adecuar los parámetros utilizados para el fijamiento de las asignaciones para todo el transporte con criterios realmente “federales” y “equitativos”. De no hacerlo el mensaje que efectivamente se irradia es el de establecer que en la Argentina tenemos ciudadanos de primera categoría y ciudadanos que no se catalogan, ya que pareciese que son de las clases que pueden seguir costeando con su bolsillo el mantenimiento de un sistema de transporte público.

Por lo expuesto es que, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.