La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por el desalojo violento del que fue objeto el fotógrafo Leonardo Zavattaro de la Agencia de Noticias TELAM, el 10 de febrero de 2009 por parte de personal policial, en la audiencia inaugural del juicio por delitos de lesa humanidad que se le sigue al ex general Jorge Olivera Róvere, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, luego que se autorizara el ingreso y la toma de imágenes.

Señor presidente:

Desde el histórico 10 de diciembre de 1983, la República Argentina comenzó un decidido camino en la consolidación del sistema democrático, uno de los pilares de esa consolidación lo constituyó la firme decisión del Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín de promover el inicio de un juicio histórico, que diera luz a la verdad y constituyera un ejemplo internacional de castigo a los genocidas de una dictadura militar.

Así el Juicio a las juntas militares de la dictadura, como la extraordinaria labor de la Conadep, se constituyeron también en un ícono y un mensaje categórico para la posteridad y todos los pueblos del mundo, en la Argentina Nunca Más.

Fue transcurriendo el tiempo y a pesar de todos los artilugios esgrimidos o utilizados por los asesinos, la justicia y las instituciones de la República siguen firme en el objetivo aquel y prosiguen, con absoluta decisión, en la búsqueda de la verdad y el castigo a los asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad.

El camino es lento, pero es el seguro, nada ni nadie va a impedir que se juzgue y castigue a los responsables. A lo largo y ancho del país se vienen sucediendo cada uno de los juicios y, en cada uno de ellos el intento de extorsión de sectores vinculados a los criminales utiliza los mismos mecanismos para amedrentar a distintos actores y complicar el proceso de investigación de la justicia.

Prueba de ello, no solo la lentitud con la que transcurren los procesos judiciales, si no que en cada uno de ellos, los actores se ven amenazados y en casi todos los casos en esas amenazas, está involucrado algún trabajador de la prensa.

Es que el tema forma parte de la identidad de un pueblo, es una cuestión de todos, la búsqueda de la verdad y el grito por la vida, y por ser una cuestión de todos, todos debiéramos tener la oportunidad de conocer cada detalle de los juicios a través de los medios de comunicación.

Pero lamentablemente hoy nos encontramos no solo con aquellas actitudes que intentan amedrentar a los periodistas que informan sobre el proceso de los juicios, sino también con decisiones que impiden la normal labor de los trabajadores de prensa para informar y mostrar imágenes a la sociedad, como si los ciudadanos no tuviésemos criterio propio para analizar individualmente cada escena y cada dicho y necesitáramos que nos digan como nos debemos informarnos.

La situación es compleja y más aún cuando se producen hechos como el del 10 de febrero de 2009, cuando en oportunidad de la audiencia inaugural del juicio por delitos de lesa humanidad que se le sigue al ex general Jorge Olivera Róvere, acusado por más de un centenar de secuestros, desapariciones y los homicidios de cuatro ciudadanos uruguayos refugiados en la Argentina, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, se produjo un hecho repudiable como fue el desalojo violento contra el fotógrafo Leonardo Zavattaro de la agencia de noticias Télam, por parte de la policía.

En este caso el Tribunal había prohibido inicialmente el ingreso de camarógrafos y fotógrafos a la sala donde se lleva a cabo el juicio, posteriormente autoriza el ingreso solo del camarógrafo de Canal 7 y del fotógrafo de la Agencia de Noticias Télam, prohibiéndoles captar imágenes del represor

Tal situación produjo el enojo del público que reclamó airadamente, entre ese público se encontraban los familiares de las víctimas que el represor mantuvo ilegalmente detenidas en los centros clandestinos y los sobrevivientes.

También se conoció el repudio de vastos sectores de la sociedad y en particular el del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que no solo repudió el hecho, sino también exigió que se cumplan los derechos de acceso a la información y libertad de expresión.

Es este Honorable Congreso de la Nación Argentina quién, haciendo uso de su responsabilidad institucional también debe pronunciarse categóricamente en este tema en consonancia con lo dictado oportunamente por la Corte Suprema de la Nación y también categóricamente expresar su postura en defensa de los derechos ciudadanos de informarse y expresarse en libertad.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares Sres. Diputados nos acompañen con el voto afirmativo al presente proyecto.