El Senado y Cámara de Diputados...

Modificación del Código Penal. Delitos sobre el Transporte Público

Artículo 1°: Modifíquese el artículo 184 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 184: La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare

cualquiera de las circunstancias siguientes:

1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad

o en venganza de sus determinaciones;

2. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;

3. Emplear substancias venenosas o corrosivas;

4. Cometer el delito en despoblado y en banda;

5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes,

caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos

conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de

arte colocados en edificios o lugares públicos; o en datos, documentos,

programas o sistemas informáticos públicos;

6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios

de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.]

La pena será de tres meses a seis años de prisión, cuando:

El delito sea perpetrado sobre medios de transportes ferroviarios, aéreos, navales, ómnibus, subtes, trolebús, ambulancias, bomberos, vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, o cualquier otro tipo de transporte público, asi como también cuando el delito sea perpretado sobre la infraestructura ferroviaria, ya sean estos bienes públicos o privados siempre que se encuentren destinados al servicio público.]

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

La modificación que proponemos al artículo 184 del Código Penal con la introducción de una segunda parte con mayor penalidad, reafirma el verdadero valor que tienen los objetos sometidos a tutela, en primer lugar por la finalidad que cumplen -servicio público-, y en segundo lugar por el respeto que merecen los transportes de uso público, lo cual les confiere una protección especial ya que todos pueden acceder a ellos, y consiguientemente quien las daña provoca un detrimento a la sociedad más que al Estado.

Este Gobierno Nacional y Popular ha impulsado una reestructuración de importante envergadura en el servicio público en general y en el transporte público en particular, entre otras cosas a través del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Ferroviaria.

La sociedad en su conjunto merece una mayor protección de aquellos bienes de uso públicos (arts. 2339, 2340 y 2344 del Cód. Civil) o privados (art. 2342 del Cód. Civil) que por su carácter, están destinados al uso y goce del público en general, otorgando un verdadero servicio al público, es decir al servicio de la comunidad.

Que los actos de vandalismo a los que nos tienen acostumbrados sobre el sistema ferroviario, subtes, vehículos policiales y de emergencia, no nos priven a los usuarios de poder utilizar de aquellas formaciones y vehículos automotores que se han conseguido luego de un denodado esfuerzo presupuestario de este Gobierno Nacional.

Cada formación ferroviaria que se daña, cada patrullero que se apedrea, cada subte que se inutiliza, le demanda al Estado una importante erogación de dinero para recomponerlo y la imposibilidad de disponer de él para los fines que fue creado, servir a la sociedad.

Es un esfuerzo de toda la sociedad comprender que para mejorar el servicio público no alcanza con tomar decisiones políticas y gubernamentales en tal sentido, sino que va de la mano con una toma de conciencia por parte de todos los individuos, sobre el uso racional y cuidadoso de sus bienes, como de aquellos bienes privados que tengan ese destino.

La Argentina dejó de ser aquel país que despilfarró y rifó el servicio público de los años '90 para renovar el compromiso con la sociedad y recomponer a través de una política de reestructuración integral el verdadero servicio que merece la comunidad. Ese fue el objetivo que se trazó este gobierno cuando rescató la abandonada Aerolíneas Argentinas y hoy lo continúa en el sistema ferroviario, a través de un programa -Programa de Mejoramiento de Infraestructura Ferroviaria- que busca mejorar el servicio para la comunidad.

Por ello, los jueces de nuestra Nación necesitan de herramientas legislativas claras y sólidas que les permitan ejercer mayor poder coercitivo sobre aquellos inadaptados sociales que no permiten que nuestra Argentina siga creciendo.

El presente proyecto de modificación a la figura del daño agravado, radica en la necesidad de otorgarle mayor protección jurídica a aquellos bienes -públicos o privados- que tienen una utilidad masiva por parte de la sociedad.

En efecto, la finalidad de la enumeración efectuada en dicha norma es brindar la mayor protección penal a los bienes del Estado o de los particulares que por su destino -servicio público- y su utilización multitudinaria, no pueden gozar de la custodia o resguardo más efectivo que se le dan a los bienes de propiedad privada del Estado o de los particulares que están bajo un cuidado especial. Sin embargo, la enumeración no fue taxativa sino meramente enunciativa, producto de los posibles avances que pueda tener nuestra sociedad en lo que respecta al transporte público.

La escala penal aplicable le permitirá al juzgador evaluar cada caso en particular, si la conducta reprochable ha de ser o no pasible de detención.

El presente proyecto de modificación no solo aumenta la penalidad al daño ocasionado a determinada categoría de bienes, sino que acaba con las interminables e incansables discusiones doctrinarias y jurisprudenciales en torno a la aplicación de la agravante del daño producido sobre el transporte público, cuando éste resultaba ser un bien privado. O si la producción de un daño sobre un vehículo policial o de emergencia, configura un daño simple o un daño calificado.

Ejemplo de ello nos lo brinda la siguiente jurisprudencia:

SPINELLI, Marcos. 27/05/04 c. 24.401. C.N.Crim. y Correc. Sala VI.DAÑO. Agravado. Rodado en alquiler. Propiedad privada. Prestación de un servicio público. Competencia: Justicia de instrucción.

Se conforma la agravante del delito de daño cuando se ocasiona a un colectivo o taxi, por ser un transporte público. Ello en tanto, "... es un bien de propiedad privada, pero adquiere la calidad requerida por el tipo agravado por su afectación a la prestación de un servicio de uso generla, de interés para la comunidad, como es el transporte público." (*). (voto del Dr. Escobar).

Si bien el autotransporte de pasajeros es de propiedad privada, adquiere la calidad requerida por el inc. 5° del art. 184 del C.P., desde el momento en que se encuentra afectado a la prestación de un servicio de uso general para la comunidad, que se traduce a la satisfacción de sus intereses y necesidades(**). (del voto del Dr. Barbarosch).

Por ello debe darse intervención a la Justicia de instrucción. Gerome (en disidencia), Escobar, Barbarosch. (Prosec. Cám.: Urhlandt).

Disidencia del Dr. Gerome: El daño causado a un autotransporte de pasajeros es simple y no calificado, pues el bien en cuestión no es de uso público en el sentido en que la ley penal prevé, sino de propiedad privada y sus servicios no son de aquéllos que merecen una mayor protección legal (***). Por ello, toda vez que la conducta a investigar encuadra en el art. 183 del C.P., debe intervenir la Justicia correccional.

Se citó: (*) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 21.197, "Chalof, C.", rta: 27/05/2003 y c. 21.651, "Moraut, Martín Alberto", rta: 7/08/2003. (**) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 22.340, "Nuñez, Federico", rta: 21/11/2003. (***) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 10.727, "Gercovich, A.", rta: 09/03/1999; Sala VI, c. 21.197, "Chalof, C., rta: 27/03/2003 y c. 21.651, "Moraut, Martín

Alberto", rta: 07/08/2003.

GARCIA, Raúl A. 25/06/07 c. 32.076. C.N.Crim. y Correc. Sala VII. COMPETENCIA. DAÑO EFECTUADO A UN VEHICULO TAXIMETRO.

La discusión entre los jueces de grado transita por el criterio asumido al analizar el daño que habría ocasionado el encausado al vehículo taxímetro; para el magistrado instructor la conducta a pesquisar encuadraría en las previsiones del artículo 183 del Código Penal -daño simple-, mientras que para su colega correccional estaría comprendido en la figura legal

agravada del artículo 184, inciso 5°, del mismo catálogo de fondo, por ser el bien de aquellos destinado al uso público.

Los Dres. Cicciaro y Bonorino Peró dijeron: el daño ocasionado a un taxímetro, queda comprendido dentro de la calificante del art. 184, inc. 5° del C.P., toda vez que es un bien de propiedad privada, pero afectado al servicio de transporte público de pasajero, y a la prestación de un servicio de uso general de interés para la comunicad. La actividad desplegada por quien realiza el servicio tiende a satisfacer necesidades o intereses generales, por lo que adquiere la calidad de bien de uso público requerida por el tipo penal mencionado.

El Dr. Pociello Argerich dijo: el vehículo de alquiler es un bien de propiedad privada, por lo tanto carece de las características esenciales que a los bienes de dominio público se les reconoce : inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad; si bien se les otorga una licencia para prestar servicio público, éstos no gozan de la custodia y protección que merecen los bienes del Estado. La utilización de los vehículos de alquiler es facultativa para el usuario y a raíz de ello, la relación entre el prestador y la persona transportada es de naturaleza netamente contractual y no reglamentaria. Son, bienes privados aportados por su propietario para la prestación de un servicio autorizado por las autoridades locales y la afectación de un bien a un servicio público no cambia su carácter dominal, ni lo transforma en el bien de uso público a que se refiere la agravante. En efecto la conducta que se le endilga al causante sería constitutiva del delito de daño simple, por lo que debe ser pesquisada por la justicia correccional. Se declara que debe continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción.

Cicciaro, Bonorino Peró, Pociello Argerich. (Sec.: Besansón).

Es decir, mediante el presente proyecto intentamos contribuir al mejoramiento de todo nuestro sistema de transporte público, otorgándole una herramienta legislativa a los Jueces, para que ejerzan el poder coercitivo que el Estado les delego, sancionando las deleznables conductas que atentan contra los bienes del propio Estado.

En atención a todo lo expuesto, solicito el acompañamiento del presente proyecto por parte de mis pares.