La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de las autoridades competentes, tenga a bien informar a ésta honorable cámara, las siguientes cuestiones vinculadas al crecimiento de la presión tributaria:

Indique las razones por las que los impuestos llamados distorsivos del 15% al 34% del total de la recaudación tributaria.

Indique si se están adoptando medidas para mitigar ese fenómeno.

Explique las razones por las que la carga tributaria, pasó de representar el 23.6 % del PBI, al 38.6%

Determine el porcentaje de la recaudación tributaria que se coparticipa con las provincias.

Informe la evolución de la Inversión Real Directa en los últimos diez años.

Señor presidente:

El presente pedido de informes tiene por finalidad conocer diversos aspectos de las políticas económicas que se vienen adoptando en los últimos años, en especial las vinculadas con la recaudación de impuestos.

Frente a la necesidad del Estado de financiar el creciente gasto público de los últimos años, los impuestos distorsivos pasaron a cumplir un rol preponderante en la estructura tributaria argentina. De representar en el 2000 un 15% de la recaudación consolidada de Nación, Provincias y Municipios, pasó a explicar el 34% de los ingresos totales. Los Derechos de Exportación, el Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos en las provincias y las tasas municipales explican gran parte del crecimiento en la presión tributaria.

La carga impositiva es uno de los principales reclamos de los empresarios y eje de los debates que se están dando entre el Gobierno y las diferentes cámaras sectoriales en torno a la pérdida de competitividad. A nivel nacional, no hubo fuertes modificaciones, pero el año pasado las provincias y los municipios recurrieron a una suba de impuestos para financiar sus gastos corrientes debido al enfriamiento de la economía y a las menores transferencias de Nación.

Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) para la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sostiene que "la contracara del mayor tamaño del Estado -producto de un alza del gasto público- fue el crecimiento de la carga tributaria" que, medida en términos consolidados, pasó de representar el 23,8% del PBI en el 2000 al 38,6% este año, "evidenciando un crecimiento porcentual del 60%".

Según el documento, al analizar los recursos que explican la suba de la carga tributaria durante los últimos 12 años (sin considerar la seguridad social), se percibe que el aumento más alto se origina en la recaudación de las retenciones, que equivale a 24% de los mayores ingresos en porcentaje del PBI. Le sigue Ganancias, con una participación del 21% y los impuestos al Cheque e Ingresos Brutos explican el 18% y 16% respectivamente de la mayor carga impositiva. Entre Ganancias y el gravamen a los débitos y créditos bancarios, se explica el 40% del incremento de la presión tributaria.

En las provincias, adquirió mayor importancia relativa el impuesto a los Ingresos Brutos provincial y municipal -tasa de seguridad e higiene-, que los impuestos y tasas inmobiliario y automotor. Según el informe, aumentó la participación de impuestos y tasas no visibles mientras cayó la de los más visibles para el ciudadano.

"El esquema tributario argentino se ha desplazado en los últimos años hacia uno más distorsivo. El objetivo es el de recaudar para el financiamiento del gasto público por sobre los objetivos de eficiencia y equidad", trasmitió AEA a través del Iaraf. Para la entidad empresaria, "eso le quita fuerza al crecimiento económico y además acentúa los incentivos a la evasión y elusión fiscales, con la consecuente competencia desleal que estas generan entre agentes económicos formales e informales".

El documento presentado por la asociación empresaria basa sus reclamos contra la presión tributaria en el que el gasto público creció de manera importante en los últimos 12 años, impulsado por las transferencias al sector privado, la seguridad social y las erogaciones en personal, es decir, todas de carácter corriente, mientras la inversión real directa participó en el crecimiento del tamaño del Estado solamente con un 13%.

Esta creciente preponderancia del gasto público implica hacia adelante una restricción de política económica. Por un lado, impone la necesidad de reunir cada vez más recursos, lo que dificulta la posibilidad de sostener el financiamiento del gasto sin generar condiciones negativas para la estabilidad y el nivel de actividad económica, advierte el informe.

Por las implicancias de éste fenómeno para la economía nacional y las demás razones antes expresadas, invito a los señores diputados a acompañar el presente proyecto.