La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, informe sobre lo siguiente:

1. Infórmese y remítanse todos los informes de inteligencia de Gendarmería Nacional relacionados a la participación de Ernesto Aparicio a actividades vinculadas al narcotráfico, entre ellas la detención en la cárcel Villa Las Rosas en el año 1991.

2. Infórmese y remítanse los datos de inteligencia de Gendarmería Nacional referidos a la Señora Beatriz Suárez, concubina de Ernesto Aparicio, y todas las actuaciones vinculadas a la detención efectuada por Gendarmería Nacional con un kilo de cocaína en el año 1996.

3. Infórmese y remítanse todos los cruzamientos de llamadas de inteligencia de Gendarmería Nacional que denotaban el seguimiento de Liliana Ledesma, antes del crimen, de la hermana y cuñado del ex Diputado Provincial, Ernesto Aparicio.

4. Infórmese qué medidas tomó el Gobierno Federal respecto de las amenazas de muerte contra los periodistas Sergio Poma, Paula Poma, Agustina Poma, el Juez Abel Cornejo y el Abogado Daniel Tort.

5. Infórmese cuáles fueron las razones por las que Gendarmería Nacional, teniendo el cruzamiento de llamadas que marcaban el seguimiento de la asesinada Ledesma, no se efectuó ninguna denuncia penal, ni se llevaron a cabo diligencias para evitar el crimen.

6. Infórmese si funcionarios y/o miembros de la Gendarmería Nacional que acompañaron al Doctor Tort, en un almuerzo en Tartagal, presenciaron el arribo del ex diputado Aparicio con tres personas, una de ellas bajo el nombre de Cali Smith y qué informes o información de inteligencia poseen sobre tal persona de origen boliviano, cuyo trabajo sería el de sicario.

7. Remítanse, a través del Ministerio del Interior, los informes de Gendarmería Nacional respecto de los hermanos Castedo, en relación al narcotráfico. Asimismo sírvase informar las causas relacionadas a éste delito y si en la actualidad existen causas pendientes.

8. Infórmese cuál es la situación de lucha contra el narcotráfico en la Provincia de Salta, y en particular de la localidad de Salvador Maza.

9. Infórmese que fuerzas de seguridad federal se encuentran investigando el tráfico de drogas en Salvador Maza, y si existe alguna vinculación entre el Ex diputado Aparicio, los hermano Castedo y el asesinato de Ledesma.

10. Cuáles y cuántas son las muertes vinculadas al narcotráfico. Detállense datos filiatorios.

11. Infórmese sobre denuncias relacionadas a violaciones de derechos humanos en la provincia de Salta, en el período comprendido entre enero de 2003 y octubre de 2006. Sírvase informar detalle de cada localidad/municipio, etc.

12. Infórmese cuáles fueron las medidas adoptadas por la autoridad competente sobre el corte de la señal o transmisión de Canal 7 en la provincia de Salta en momentos que se desarrollaba una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación relacionada al reclamo de una Asociación de Pequeños Productores y Ganaderos de Madrejones.

13. Infórmese, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y/u otro organismo correspondiente, sobre la tala indiscriminada en la provincia de Salta.

14. Qué acciones se vienen desarrollando a fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de los derechos emanados en nuestra constitución, particularmente el de vivienda y seguridad.

15. Si intervino ante el Gobierno de la Provincia de Salta, detallando las acciones llevadas a cabo.

Señor presidente:

A partir de un seguimiento exhaustivo de la noticias publicadas por medios gráficos de alcance nacional y provincial y de la declaración prestada por la periodista Marta César el día 14 de noviembre de 2006 en la Comisión de Comunicaciones e Informática de esta Honorable Cámara de Diputados es preciso formular al Poder Ejecutivo Nacional una serie de preguntas relacionadas al crimen de Liliana Ledesma, a las amenazas contra jueces y trabajadores de prensa, tala indiscriminada, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.

Antes de comenzar a realizar una cronología de los hechos quisiera aclarar que este Pedido de Informes intenta ser una herramienta más efectiva a otros instrumentos legislativos, como pueden ser los Proyectos de Declaración, y más aún cuando se trata de un crimen, amenazas y relaciones del poder político con el narcotráfico.

Honestamente creo que después de haber escuchado el testimonio de la Sra. Cesar y leído las notas periodísticas resulta más que insuficiente la aprobación de declaraciones por parte de las Comisiones de esta Cámara.

Lo que aquí expreso guarda relación con la reunión plenaria de la Comisión de Comunicaciones e Informática del día 14 de noviembre, ya que en ella se escuchó durante unos diez minutos a la Sra. César, siendo interrumpida por el Sr. Presidente de la Comisión para que redondeara su declaración en virtud de que había demasiados expedientes para su tratamiento y que muchos diputados debían concurrir a otras Comisiones. El Orden del Día de la Comisión constaba de 26 puntos, discriminados en 3 Proyectos de Ley con amplio consenso en Asesores y en Diputados y 23 relacionados a Declaraciones y Pedidos de Informes.

Efectúo dicho relato ya que considero que el tenor de las opiniones vertidas por ésta periodista ameritaba un tratamiento mucho más serio y comprometido y no sólo la respuesta protocolar que se aprobaría un Proyecto de Declaración que tenía que ver con algunos de los hechos y que sólo expresaba su preocupación muy lavadamente. La magnitud del relato de la Sra. César requería, más allá de la competencia o no de la Comisión, encontrar un instrumento acorde a fin poder dilucidar cuestiones sobre el crimen, narcotráfico y política, sicarios y violaciones a los derechos más elementales de una persona.

Más allá de lo manifestado en los párrafos anteriores paso a detallar cronológicamente los hechos y a reproducir algunas opiniones de periodistas y/o personas vinculadas a la cuestión aquí planteada.

A fines de septiembre pasado, Liliana Ledesma viajó a la capital salteña junto con otro dirigente de la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones para denunciar que el diputado provincial del PJ, Ernesto Aparicio había cerrado con tres portones un camino vecinal, lo cual le impedía circular por su propia tierra y la obligaba a pasar con sus animales por Bolivia; también sostuvo que el diputado -quien preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Legislatura- estaba comprando tierras próximas a la frontera y efectuando desmontes para construir una pista de aterrizaje y lo acusó de “narcotraficante”.

El 21 de septiembre pasado, la mujer fue muerta a puñaladas; antes de matarla, le cortaron verticalmente los labios.

Días después del crimen, el 5 de octubre de 2006, Horacio Verbitsky publicó en el diario Página/12 (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-74000-2006-10-05.html):

“…El episodio adquiere repercusión política nacional, porque la periodista que entrevistó a los productores rurales, Marta César, es hermana de la diputada nacional kirchnerista bonaerense Nora César, quien puso los hechos en conocimiento del ministro del Interior Aníbal Fernández. Marta César y el director de la radio Noticias de Salta, Sergio Poma, llegarán hoy a Buenos Aires para ampliar las denuncias sobre el legislador romerista y sus actividades. Poma es el periodista que en 1997 denunció al entonces secretario de Seguridad de Salta, el gendarme Sergio Nazario, como uno de los torturadores del campo de concentración El Olimpo, a raíz de lo cual Romero le pidió la renuncia. Nazario está detenido desde agosto de 2002, en la causa por los crímenes cometidos por el ex Batallón de Inteligencia 601.

Ledesma había viajado a Salta junto con otro pequeño productor de la zona fronteriza, Sergio Rojas. Ambos explicaron que el cierre de los caminos vecinales impedía a treinta familias llevar a sus animales hasta el abrevadero habitual. También dijeron que Aparicio, quien preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Legislatura , había realizado un desmonte ilegal de mil hectáreas. Según Rojas, Aparicio estaría comprando títulos imperfectos de poseedores antiguos próximos a la frontera, con el propósito de construir una gran propiedad con pista de aterrizaje. Durante la entrevista radial con Marta César, Ledesma dijo que su esposo, Gilberto Gil Villa Gómez, había sido asesinado en 1998, de once balazos, también por encargo del diputado Aparicio. Cuando la periodista le preguntó la causa del crimen, Ledesma dijo que su esposo reclamaba una deuda, contraída por Aparicio cuando Gil Villa Gómez trabajaba con él “en la droga” (sic). Al referirse a la colocación de tranqueras en caminos vecinales, Liliana Ledesma y Sergio Rojas dijeron que era para impedir que fuerzas policiales y de Gendarmería controlaran la frontera, entre las propiedades de Aparicio y la República de Bolivia. “Vamos a defender las tierras con nuestras vidas, pero no queremos entregar las vidas”, dijo Sergio Rojas, quien señaló que los hombres que trabajan para el legislador siempre iban armados. Al terminar la entrevista, Marta César felicitó a Rojas y Liliana Ledesma por su valentía.

Entrevistado por Poma a raíz de su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados provincial por el sector de Romero y del vicegobernador Miguel Angel Wayar, Aparicio admitió que en 1991 había sido detenido por tentativa de contrabando pero que había sido sobreseído. Dijo que se trataba de chicles y pilas pero Poma informó que según la Gendarmería eran estupefacientes. Según un alto jefe de la Gendarmería, cuyo nombre Poma se reservó, una de las dos esposas del legislador había sido detenida en febrero de 2002 cuando cruzaba la frontera con un kilo de cocaína en la cartera y una cédula de Aparicio. Explicó que la mujer, con la que dijo que Aparicio tenía un hijo, llevaba la sustancia de regreso a Bolivia para reclamar por su baja calidad: habría pagado por 90 por ciento de pureza y la sustancia sólo tenía 20 por ciento. Poma dijo que en el registro de catastro provincial Aparicio figuraba como titular de 36 propiedades y entrevistó a su colega Roberto Belmont, de la radio FM Pocitos, de Salvador Mazza, quien dijo que Aparicio había sido detenido tres veces. Según Poma, funcionarios del gobierno provincial retiraron hace pocos días el libro de ingresos a la cárcel provincial de Villa Las Rosas. Belmont contó que había leído al aire el expediente judicial de una de esas detenciones y que Aparicio habría comentado ante personas que no identificó: “Para qué se gasta éste, si todos saben que soy el primer narco de la ciudad y el operador de Romero”. Agregó que conocía al legislador desde la infancia y que nunca tuvo ingresos como empresario o comerciante que justificaran su actual ostentación de riqueza.

El 6 de octubre un cable de la Agencia AFP consignó:

“…El diputado Miguel Bonasso afirmó que “El crimen de una activista y productora rural en la provincia argentina de Salta (norte) es "un hecho aberrante" y que "La codicia, el narcotráfico y el feudalismo que hay en Salta ha cobrado otra víctima", dijo Bonasso en una conferencia de prensa, frente al asesinato perpetrado contra la agricultora Liliana Ledesma.

Bonasso, de la agrupación progubernamental Convergencia, dijo que el crimen de Ledesma es "tan aberrante" como los del periodista José Luis Cabezas y de la adolescente María Soledad Morales, ocurridos en los años 90 y que involucraron a un empresario acusado de manejar una mafia y a funcionarios de Gobierno…”

La agencia agregó: “…El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Remo Carlotto, dijo a su vez que pedirá al Gobierno y a la Justicia que halle a los responsables intelectuales y materiales de la muerte de la mujer…”

El 29 de octubre, en el diario Perfil, el padre de Liliana Ledesma, apuñalada el 21 de septiembre en Salvador Mazza, acusó en forma directa al diputado provincial Ernesto Aparicio de ser el autor intelectual del homicidio de su hija. (http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0148/soc_013.html)

Así lo manifestó el Diario Perfil:

“…Liliana Ledesma recibió la misma advertencia con un mes de diferencia. “Te voy a hacer callar la boca”, le dijo el diputado provincial peronista Ernesto Aparicio cuando se la cruzó el 10 de agosto en un pasillo de la Cámara de Diputados de Salta. Exactamente, la misma frase le dijo el 14de septiembre Raúl Castedo, un productor rural socio de Aparicio, cuando vio a Liliana en el negocio de su padre, donde vendía huevos, en Salvador Mazza. Los datos figuran en la ampliación de la denuncia que Eugenio Ledesma, el padre de Liliana, realizó ante la policía salteña el lunes 23.

Un mes después de la última advertencia, el 21 de septiembre, Liliana Ledesma fue apuñalada en una pasarela que cruza un cañadón de un arroyo seco. Hasta allí había llegado acompañada por Gabriela Aparicio, hermana del diputado, quien la había ido a buscar varias veces durante ese día. Gabriela está detenida y su pareja, de apellido Tárraga, está prófugo. Se cree que se esconde en Bolivia.

Eugenio Ledesma se presentó en la noche del lunes 23 ante la Policía para acusar “en forma directa” de ser los autores intelectuales de la muerte de su hija “al actual diputado provincial José Ernesto Aparicio, al señor Delfín Castedo y a su hermano Raúl Castedo, alias Ula, quienes viven en Barrio Armada…”

Además, fuentes locales informaron que en las últimas horas periodistas locales, un juez y el abogado representante de la familia Ledesma recibieron amenazas para evitar que se investigue el caso.

Aníbal "Ani" Tárraga y Lino Moreno, fueron apresados el 5 de noviembre en Santa Victoria Con esta detención ya son tres los imputados bajo el cargo de homicidio.

Liliana Ledesma, a quien le cortaron los labios en un claro mensaje mafioso antes de matarla, denunció reiteradamente al diputado provincial justicialista Ernesto Aparicio y a los hermanos Delfín y Raúl Castedo por el cierre de caminos vecinales y desmontes ilegales.

La víctima y otros integrantes de la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones protestaban porque los propietarios de tierras de la zona le impedían acceder a sus campos y los vincularon con actividades ligadas al narcotráfico. Por eso, familiares de Ledesma acusaron al diputado Aparicio como autor intelectual del hecho.

A pesar de la gravedad de la denuncia, el legislador solo fue autorizado por la Cámara de Diputados provincial a presentarse a declarar en la causa. Aparicio tampoco fue imputado bajo ningún cargo por el juez Nelson Aramayo, a cargo de la investigación, quien hasta ahora sólo le tomó declaración informativa.

Los diputados nacionales Juan Manuel Urtubey (PJ) y Andrés Zottos (PRS) afirmaron que Aparicio debería ser expulsado de la legislatura salteña. En ese marco, fuentes locales confirmaron a DyN que una radio FM, propiedad del periodista Sergio Poma, el abogado Daniel Tort, representante de la familia Ledesma, y el juez federal Abel Cornejo "fueron víctimas de diversas amenazas por investigar el caso o algún aspecto vinculado al crimen".

A través de un mensaje de correo electrónico que llegó a la casilla de FM Noticias, se instó en forma anónima a los periodistas y a los letrados a que "la corten con el tema del Gordo Aparicio". La misiva, enviada desde un locutorio ubicado en el norte provincial, recomendaba a sus destinatarios tener "cuidado con lo que hacen y dicen en esa radio de mierda".

"Ustedes ya saben como trabajamos los pociteños cuando alguien nos jode. De no -agrega el texto- miren lo que pasó con la familia Ledesma por meterse con nosotros".

Tárraga y Moreno, los detenidos anoche, fueron identificados por testigos presenciales como los autores materiales del hecho.

Tárraga es concubino de Gabriela Aparicio, hermana del diputado Aparicio, quien se encontraba detenida por encubrimiento hasta que el juez Aramayo cambió la carátula y mantuvo su arresto como sospechosa de participar del crimen. Testigos dijeron haber visto el día del crimen a Gabriela Aparicio discutir con la víctima y la señalaron como partícipe del crimen.

Por su parte en declaraciones a radio Salta, el Juez Nelson Aramayo, que investiga el crimen de Liliana Ledesma ocurrido en Salvador Mazza, aseguró que "la investigación está bien encaminada".

En relación al tema del narcotráfico y la muerte de la productora, el magistrado expresó que "no se puede negar la existencia del tráfico de drogas en la zona".

Sin embargo, aclaró que "todavía no se puede vincular el crimen con esa actividad". En las últimas horas cambio la carátula a homicidio calificado por alevosía.

El juez cuenta con elementos para cambiar nuevamente la causa, ya que los detenidos se negaron a declarar por segunda vez consecutiva. La orden de detención de los Castedo, según publica el Nuevo Diario de Salta, habría surgido luego de que se constataran presuntas actividades vinculadas al narcotráfico.

En desgrabaciones extraídas del expediente judicial de la causa, difundidas el 5 de noviembre, se asevera que ambos estaban "molestos" por declaraciones públicas que Ledesma había formulado en su contra, y también contra Aparicio, por un conflicto de tierras que mantenían.

El 6 de noviembre, dos hombres, uno de ellos cuñado de un diputado provincial, fueron detenidos por la policía de Salta por su aparente vinculación con el crimen.

El 12 de noviembre Aparicio renuncia a la Cámara de Diputados de la provincia.

Un enviado especial a Salvador Mazza sostiene: "El alcohol, la droga y sus relaciones con la política y el poder, está matando a la gente de nuestro pueblo", fue una de las frases más fuertes lanzadas por un conmocionado vecino participante de la movilización de una magnitud sin precedentes en la zona. Jesús Ledesma reiteró que el diputado Aparicio y Castedo están involucrados en la muerte de su hermana. Medio millar de personas pidiendo justicia se hizo oír ayer jueves por las calles céntricas de Salvador Mazza. La marcha de dos cuadras de vecinos, reclamó justicia por el asesinato de Liliana Ledesma, pero además actuó como detonador emocional entre familiares damnificados que, con dolor y entre sollozos, se animaron a denunciar a la prensa y a los pocos legisladores nacionales, otros casos impunes de crímenes cometidos en los últimos años como el de Gabriel Rodas de 21 años, Cecilia Mijares de 17 años, Janet Mesa de 18 años, y Ariel Bustos de 27 años, entre otros. Son asesinatos que Involucran a camioneros, políticos, la policía y la integrantes de la Gendarmería de la llamada "zona caliente" de la convulsionada frontera del Norte argentino con Bolivia.

Susana Canela relata: "Lo ha reconocido toda la gente, es un delito mafioso. No creo que mis pares tengan que apuntarme a mí. Yo fui invitada como diputada miembro de la Comisión de Derechos Humanos.

Ayer fue una tarde fresca gracias a la tenue lluvia, pero caliente en emociones y sobre todo con mucho dolor y bronca, evidentes en todo momento, entre los vecinos del pueblo. "Estamos totalmente desamparados por la Justicia", reclamaron en todo momento ante la prensa local y nacional.

Frente a la Municipalidad, frente a la Iglesia, frente al destacamento de Gendarmería, la Comisaría del pueblo y frente a la indiferencia total de funcionarios e uniformados, la gente les gritó en la cara "¡Justicia ya!, ¡queremos justicia ya!, ¡queremos justicia ya…!"

Desde la mañana comenzó a llegar a Salvador Mazza para participar de la marcha y cubrir el acontecimiento, una caravana de autos con periodistas, fotógrafos, camarógrafos, algunos concejales, legisladores y gente de las comunidades vecinas.

General Mosconi nos recibió con un corte de ruta, que duró un par de horas. Fue realizado por un grupo de familiares de la víctima y de vecinos, personas que en forma pacífica manifestaban su bronca y hacían público su reclamo por otro crimen aberrante ocurrido en esa localidad norteña: el que segó la vida de Janet Analía Mesa.

La joven de 18 años fue degollada en un ciber hace más de dos meses. No hubo hasta la fecha ningún avance importante en la investigación del caso que pueda esclarecer este asesinato. Se supo sí que hay cinco detenidos. Un hombre conocido como "el peruano" está sindicado como el cabecilla. Se dice que estaba preso, pero aún así gozaba de una curiosa libertad "bajo poncho".

Por todo lo expuesto, y en virtud de los hechos acontecidos y de la situación actual solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.