La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional a esta Cámara al Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. Aníbal Domingo Fernández, a fin de:

1. Brindar explicaciones con respecto a su reciente decisión de limitar los ingresos a los establecimientos penitenciarios únicamente para los magistrados intervinientes en las respectivas causas y el personal judicial a su cargo.

2. Informar acerca de las acciones que, desde su Cartera Ministerial, el Gobierno está llevando a cabo para reglamentar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes -aprobado por Ley Nº 25.932, ratificado el 16 de noviembre de 2004 ante la Secretaría General de la ONU.

Señor presidente:

Se presenta el presente pedido de interpelación, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. Aníbal Domingo Fernández, a fin de que esta Cámara reciba explicaciones sobre dos temas concretos y relacionados entre sí.

I. La limitación a las visitas en las cárceles

El primero de los temas, es el referido a su reciente decisión de limitar los ingresos a los establecimientos penitenciarios únicamente para los magistrados intervinientes en las respectivas causas y el personal judicial a su cargo, con la intención de evitar que organizaciones de la sociedad civil abocadas a la protección de los Derechos Humanos ingresen a las cárceles a fin de verificar en forma directa las condiciones de habitabilidad a la que es sometida la población carcelaria. Esta decisión violenta el principio general establecido en el artículo 1º del Protocolo Facultativo de la Convención- aprobado por Ley Nº 25.932- (de aquí en adelante, el Protocolo), que dispone como responsabilidad de los Estados Parte el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Para ser más precisos, la decisión de limitar las visitas a las cárceles se produjo a través de una simple nota que el Ministro, en su carácter de máximo responsable del Sistema Penitenciario Federal, envió a comienzos de diciembre de 2008 a los Magistrados que integran la Justicia Nacional de Ejecución Penal, en la cual les ratifica "que - independientemente de los resuelto en forma conjunta por los tribunales nacionales de ejecución penal- sólo podrán ingresar a los establecimientos penitenciarios los magistrados intervinientes en las respectivas causas y el personal judicial a su cargo."

Lo que los Magistrados habían resuelto en forma conjunta fue que, en función de lo dispuesto en el Protocolo, iban a haces públicas las fechas en las cuales iban a realizar visitas a las unidades carcelarias, invitando a las organizaciones de la sociedad civil que estuvieran interesadas en concurrir.

Esta decisión interfiere directamente en la independencia de los Jueces, ya que corresponde enteramente a sus facultades jurisdiccionales decidir a quiénes autorizan a concurrir a las cárceles para un mejor control del cumplimiento de obligaciones en materia de protección de derechos humanos que el Estado Argentino adoptó. Consecuentemente, como anticipé, esta decisión del Ministro no sólo es contraria a los fines del Protocolo que impulsa la creación de un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes, sino que es un avasallamiento a la independencia de los poderes, en particular al Poder Judicial de la Nación.

Adicionalmente, el Ministro incurre en otra irregularidad, ya que su decisión debió haber sido adoptada a través de una Resolución formal, y no a través de una nota, ya que este mecanismo no satisface los requisitos mínimos de publicidad en el Boletín Oficial, impidiendo a la ciudadanía exigir explicaciones en función del deber genérico de rendición de cuentas de las políticas públicas que surge de la forma republicana de gobierno.

II. La demora en implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

El segundo de los temas sobre el cual es preciso recibir explicaciones del Sr. Ministro, es el referido a las acciones que el Gobierno Nacional está llevando adelante a fin de implementar el Protocolo, máxime cuando el Estado Argentino se obligó a designar o crear, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional (artículo 17 del Protocolo). Dado que el Protocolo entró en vigor en junio de 2006 -si bien fue ratificado por nuestro país en 2004-, ya llevamos demorados como mínimo dos años en su implementación.

Llama la atención la demora del Gobierno, más aún si se la contrasta con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que ya han elaborado un proyecto para implementar el Protocolo, el cual fue enviado a fin de noviembre a la Presidencia de esta Cámara y a los integrantes de la Comisión de Legislación Penal.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.