La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por los graves hechos ocurridos en la localidad de El Manantial, Provincia de Tucumán, vinculados a la denuncia judicial realizada por una ciudadana respecto a la venta de drogas por parte de un preso en la puerta de la comisaría de dicha ciudad. Asimismo, solicita a las autoridades judiciales federales competentes el inmediato esclarecimiento del caso.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara un proyecto de resolución a los efectos de expresar nuestra preocupación sobre los hechos ocurridos en la ciudad El Manantial, de la Provincia de Tucumán, que vinculan al personal y a un preso de la dependencia policial de dicha ciudad con la venta de estupefacientes.

Los hechos sucedidos tomaron notoriedad pública tras la denuncia efectuada por una mujer que capto a través de un video casero cómo un joven que debería estar preso en la comisaría de El Manantial los días de visitas a los detenidos vendía drogas a los jóvenes en la puerta de la dependencia policial.

Según consignan los medios provinciales tucumanos, el procesado "estaba preso en esa comisaría desde octubre, luego de que se lo detuviera en Lules junto con su hermano Fernando con más de un kilo de cocaína y medio de marihuana." (1)

La investigación sobre las actuaciones aludidas se encuentra en el Juzgado Federal del Dr. Mario Racedo que apunta a examinar la grabación aportada por la testigo y además, descubrir las pruebas necesarias que vinculen la participación de los integrantes de la comisaría en la comercialización ilegal de drogas en la ciudad.

Luego de la denuncia formulada el Ministerio de Seguridad Ciudadana ordenó que ambos reclusos sean trasladados a un pabellón de máxima seguridad del penal de Villa Urquiza. Además, el Gobierno provincial tomó la decisión de desafectar a los dos comisarios que fueran jefes de la comisaría durante los últimos tres meses. No obstante, creemos que la gravedad de los hechos merecen un pronto accionar y esclarecimiento del caso por parte de las autoridades judiciales federales, para determinar e individualizar quiénes son los responsables.

Lamentablemente este tipo de actuaciones no nos sorprende. Por el contario, somos concientes que en muchos casos existe la complicidad por parte de algunas instituciones y fuerzas de seguridad que tienen como función garantizar el derecho a la integridad física de la población, pero acaban actuando como asociaciones delictivas que ponen en riesgo la vida de los jóvenes.

Es por ello que la situación antes descripta debe ser considerada y doblemente repudiada: en primer lugar, por la lamentable situación en la que viven hoy en nuestro país miles de jóvenes por el uso problemático de estupefacientes. Y en segundo lugar por la presunta connivencia y participación de la policía en la comisión y organización de un delito como es el trafico de drogas.

Por los motivos expuestos, Señor Presidente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.