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PROYECTO DE TP


Expediente 6806-D-2012
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR EL USO DE PROPAGANDA OFICIAL PARA AMENAZAR A MEDIOS DE COMUNICACION CRITICOS DE LA GESTION GUBERNAMENTAL.
Fecha: 26/09/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 132
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:


Expresar su grave preocupación por la vigencia de la libertad de información en nuestro país, y su más categórico rechazo al uso abusivo de propaganda oficial, en espacios publicitarios de la televisión pública, conteniendo amenazas a medios críticos de la gestión gubernamental, que profundizan una actitud de hostilidad e intimidación, reñida con las garantías democráticas y los derechos humanos fundamentales.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El presente proyecto de declaración constituye una respuesta ineludible de quienes aspiramos a vivir en democracia en defensa de la libertad de información, del derecho a informar y a ser informados por fuentes plurales.
Lo hacemos porque consideramos que la libre expresión es un derecho humano fundamental, una atribución de toda la ciudadanía, especialmente de los que no tenemos intereses en los medios, pero deseamos estar informados y recibir por distintas fuentes, diferentes interpretaciones de la realidad.
Creemos que está en riesgo la democracia informativa que, como primordial garante de los derechos humanos, le permite al ciudadano ejercer plenamente sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales.
La reiteración de graves episodios de hostilidad e intimidación contra los medios de prensa independientes, se profundiza con el uso abusivo de propaganda oficial, en espacios publicitarios de la televisión pública, por los que se difama y amenaza a medios críticos de la gestión gubernamental.
Casualmente una semana después de que TN y Canal 13 mostraron en sus pantallas una protesta masiva de ciudadanos en muchas ciudades del país - que otros medios audiovisuales minimizaron u ocultaron -, el gobierno nacional embistió contra el Grupo Clarín, a través de una propaganda difundida por la TV pública, en la que sostuvo que la actividad de prensa de ese grupo configura una "cadena nacional ilegal", y le advirtió que si antes del 7 de diciembre próximo no activa un plan de desinversión, el Estado argentino se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar licencias del grupo.
Este último episodio se enmarca en las ya conocidas presiones lanzadas contra medios críticos - utilizando mecanismos de premios y castigos a través de la publicidad oficial- , y contra el Poder Judicial en torno a la Ley de Medios, norma que está parcialmente suspendida en su aplicación, debido a que podría contrariar principios constitucionales.
En un prolongado spot de "Fútbol para Todos", del domingo 23 de Septiembre de 2012, firmado por la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (AFSCA), el gobierno robusteció su ofensiva contra el Grupo Clarín y anunció que el próximo 7 de diciembre, piensa avanzar sobre las licencias de radio y televisión y llamar a concurso para asignarlas a nuevos titulares, en un evidente anuncio que proclama la voluntad oficial de aplicar de hecho el artículo 161 de la Ley de Medios, al margen de lo que resuelva el Poder Judicial.
Se trata de un hecho de propaganda similar a los que emitió el gobierno nacional en otras transmisiones oficiales de eventos deportivos, contra los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Córdoba.
En esta oportunidad, la ofensiva propagandística oficial se proyecta sobre el Poder Judicial, ya que está en pleno trámite un juicio por inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios, por el que se fijó un año de plazo para desinvertir y vender licencias. Sobre dicha norma pesa una medida cautelar impetrada por el mencionado grupo de medios, - antes principal beneficiario- y ahora estigmatizado por la propaganda oficial, como una "verdadera cadena nacional ilegal".
Resulta tan deplorable el uso abusivo de la propaganda oficial, en espacios publicitarios de la televisión pública,- para descalificar y enseñar las uñas del poder a los medios críticos de la gestión gubernamental-, como el intento de avasallar a la Corte Suprema Poder Judicial, interviniendo en materias que se están tramitando en los Tribunales, sea con fines propagandísticos o de cualquier otra naturaleza, que puedan lesionar la independencia de la Justicia.
Debe entenderse que la democracia está hecha de libertad de expresión y de prensa, y que los medios de comunicación independientes del poder político son esenciales para el desempeño institucional de una República
Su existencia es un requisito indispensable para la adecuada información de los ciudadanos y para el control de los actos de gobierno por parte de la sociedad civil, que necesita contar con información libre, diversa, plural y comprobable por la ciudadanía.
Nadie ignora que la información es un insumo básico de la democracia, pues solo un ciudadano informado tiene los elementos necesarios para elegir y decidir. Si carece de ellos se torna fácilmente manipulable y no es verdaderamente libre.
En nuestra Constitución Nacional desde 1853 está presente la libertad de expresión, de imprenta y de prensa, sin censura previa, que además nuestro país se obligó a respetar a nivel nacional e internacional con la firma del llamado Pacto de San José de Costa Rica, esto es, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce una doble dimensión individual y colectiva de estos derechos.
Basta considerar al respecto, la importancia que la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) ha resaltado sobre el derecho a la información, en cuanto posibilita el acceso a otros derechos fundamentales.
No deja dudas su Opinión Consultiva 5/1985, sobre el artículo 13 del Pacto acerca de la libertad de pensamiento y de expresión: "el artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...) Estos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también de derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no solo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a recibir informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales.
Se ponen así de manifiesto las dos menciones de la libertad de expresión. Esta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por lo tanto, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno."
Por ello, no estamos rechazando con este proyecto un daño a un grupo económico o a un sector determinado del pensamiento, sino un atentado al sistema de protección de derechos humanos, que nos rige desde su ratificación por nuestro país y su incorporación al texto constitucional, y nos compromete, en nombre del pueblo de la Nación, a poner un freno a tanto atropello y discrecionalidad, con que se pretende silenciar toda disidencia al gobierno en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en esta Honorable Cámara al presente proyecto de declaración.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
MALDONADO, VICTOR HUGO CHACO UCR
DE FERRARI RUEDA, PATRICIA CORDOBA UCR
TUNESSI, JUAN PEDRO BUENOS AIRES UCR
MARTINEZ, JULIO CESAR LA RIOJA UCR
GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO CIUDAD de BUENOS AIRES UCR
ASPIAZU, LUCIO BERNARDO CORRIENTES UCR
STORANI, MARIA LUISA BUENOS AIRES UCR
ALVAREZ, ELSA MARIA SANTA CRUZ UCR
NEGRI, MARIO RAUL CORDOBA UCR
CHEMES, JORGE OMAR ENTRE RIOS UCR
ALFONSIN, RICARDO LUIS BUENOS AIRES UCR
PORTELA, AGUSTIN ALBERTO CORRIENTES UCR
BARBIERI, MARIO LEANDRO BUENOS AIRES UCR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
COMUNICACIONES E INFORMATICA (Primera Competencia)