El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º - Incorpórase como artículo 1089 bis del Código Civil, el siguiente:

"Art. 1089 bis - No generan responsabilidad civil las afirmaciones de interés público referidas a funcionarios públicos, personas cuya notoriedad no haya sido provocada contra su voluntad o personas que hubieran generado sobre sí un interés público legítimo, cuando se verifiquen cualquiera de los siguientes supuestos:

1) Las afirmaciones fueran veraces;

2) Las afirmaciones fueran falsas pero el autor hubiera utilizado tiempo verbal potencial o emitido juicios hipotéticos en un contexto que no induzca a suponerlos categórico;

3) Las afirmaciones fueran falsas pero el autor hubiera indicado una fuente identificable y no las hiciera propias;

4) Las afirmaciones fueran falsas pero no se acreditare que el autor obró con conocimiento de la falsedad o manifestó desinterés en averiguar la verdad;

5) Las afirmaciones fueran juicios valorativos o expresiones humorísticas. No están incluidas en el presente las afirmaciones o expresiones que no constituyan una crítica sino que resulten una manifestación de odio, una incitación a la violencia o estén dirigidas esencialmente a mortificar."

Art. 2º - De forma.

Señor presidente:

Este proyecto reproduce parcialmente el expediente 6246-D-2008 de los diputados Godoy e Ilarregui que no tuvo sanción de esta H. Cámara.

Se ha eliminado la primera parte que desincriminaba los delitos de calumnias e injurias en asuntos de interés público porque esa norma fue ya sancionada en un expediente iniciado por un mensaje del Poder Ejecutivo. Así se dio cumplimiento con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel Vs. Argentina. Allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la República Argentina debía modificar su legislación para asegurar el derecho a la crítica a los funcionarios públicos.

Insistimos pues con la segunda parte que trata la responsabilidad civil por las expresiones descriptivas y valorativas en temas de interés público.

La intención es adecuar la ley civil a los principios de libertad de expresión y crítica a los funcionarios públicos establecidos en la Constitución Nacional.

En materia civil la Corte Suprema federal ha seguido dos líneas doctrinarias de la Corte federal de los Estados Unidos y ha innovado con una tercera.

Ellas son:

Doctrina de la real malicia, que prescribe que no genera responsabilidad civil las expresiones fácticas, aun falsas, en temas de interés público, si son dichas de buena fe.

Doctrina "fighting word" que dispone que las valoraciones sobre personas y temas públicos es libre, aun cuando fueran irientes o chocantes.

Estas dos tienen origen en la jurisprudencia de los Estado Unidos.

La tercera es la doctrina "Campillay", de creación pretoriana de nuestra Corte en los años ochenta (con la primera Corte de la democracia recuperada) que exhonera de responsabilidad al que emite un juicio o descripción si cita la fuente o usa un modo verbal potencial. Creemos que para que esta doctrina sea aplicable la fuente a la que remite el autor debe ser identificable. Esta es una aclaración que no está en la redacción original.

La doctrina "fighting word" es la menos consolidada en la jurisprudencia de la Corte. Pues si bien aparece en el voto del juez Petracchi en "Amarilla" en soledad en los años noventa, receptada por la Corte en pleno en "Patitó c/Diario La Nación" en un fuerte "obiter", y recién consagrada en el caso "Quantín", hubo un retroceso manifiesto en 2013 en el caso "Canicoba Corral" (si bien por estricta mayoría).

Es que hay una clara contradicción si en "Quantín" la Corte entendió que no era civilmente punible el calificar a un funcionario (fiscal en el caso) de "nazi", pues se trataba de una valoración, tal vez injusta o iriente, pero que debe ser tolerada para permitir una verdadera democracia la que requiere un debate amplio y desinhibido, pero en cambio en "Canicoba Corral" una mayoría afirmó que generaba responsabilidad y debía ser indemnizado otro funcionario (un juez) a quien un alto funcionario provincial había calificado de pésimo o detestable en su función en el marco de un debate político respecto del rol del Poder Judicial durante los noventa. No se advierte razonable que esté amparada la calificación de nazi a un fiscal, pero no lo esté la crítica -aun dura- a la labor de un juez. Parece necesario sentar un criterio uniforme y favorable a la libre expresión.

En suma, proponemos consagrar legalmente los más plausibles estándares de libertad de expresión para asegurar un debate amplio sobre temas de interés público. Los funcionarios debemos ser los primeros en asumir la crítica, aun la que es cáustica o nos desagrada. El beneficio de vivir en democracia es superior a cualquier censura o auto censura.

Destacamos la visión de los colegas con mandato cumplido Ilarregui y Godoy que tempranamente propusieron esta idea.