El Senado y Cámara de Diputados...

Ley Nacional de Procedimientos Administrativos

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 31 de la ley 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo, el cual quedara redactado de la siguiente manera.

Articulo 31°.- "El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquel interesado iniciar la acción judicial correspondiente, en el momento que desee, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción.

El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia publica, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de ciento veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente.

La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede administrativa.

Los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos y los plazos previstos en el articulo 25."

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

En el año 2000 dado el contexto histórico económico y social desfavorable, con la Ley 25.344 se declara de emergencia la situación económico financiera del Estado Nacional, con lo que se produce una serie de modificaciones que regulaban cuestiones económicas, procesales y financieras. Entre otras tantas se produce la modificación de los artículos 30, 31, 32 de la ley 19.549 Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA).

De las modificaciones implementadas en el artículo 12 de la ley 25.344, haremos hincapié en la que se refiere del artículo 31 de la ley 19.549. Partiendo del preconcepto del agotamiento de la vía administrativa antes de poder llegar al reclamo judicial, se debe realizar un reclamo administrativo previo, cuyo fin sea el reconocimiento de un derecho, cuando la lesión a un derecho subjetivo provenga por lo general y en la mayoría de los casos de conductas estatales por omisión. El procedimiento vigente de la ley establece que el reclamo debe presentarse ante el Ministro, Secretario de presidencias o aquella autoridad superior del Ente Autárquico, en donde no existe un plazo de interposición, pero una vez ingresado, el órgano competente debe resolver el reclamo en el término de 90 días contados desde su presentación. Vencido ese plazo, el interesado debe requerir pronto despacho y si transcurren otro 45 días sin respuesta, el particular debe iniciar la acción judicial "en los plazos perentorios y bajo los efectos previstos en el articulo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción". La ley agrega que el plazo para resolver puede extenderse por el poder ejecutivo, a pedido del organismo que interviene, hasta ciento veinte y sesenta días respectivamente, en caso de que no lo hiciera en el plazo del articulo 25 (noventa días) caduca el derecho y no podrá accionar para obtener su reconocimiento judicial.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que posee rango constitucional, en su artículo 25 establece el derecho de petición, en donde se le reconoce a cualquier ciudadano que tiene el derecho a obtener una pronta respuesta a sus peticiones formuladas ante las autoridades competentes. Por lo que, en lo descripto y en la lectura y a simple vista del artículo 31, se puede afirmar que la aplicación del plazo viola garantías contempladas en la Constitución y en Tratados Internacionales.

El nuevo art. 31 conforme a la Ley Nº 25.344 pretende modificar lo que también constituía un derecho del administrado respecto del plazo para interponer la demanda judicial luego de requerido el pronto despacho.

Ahora el texto legal establece que luego de interpuesto el pronto despacho y transcurridos los 45 días "podrá aquél iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajos los efectos previstos en el artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción." De esta manera, queda explicito la intención de que el particular pierda sus derechos en virtud de un plazo computado, al derecho a acceder a la justicia.

Lo expuesto en el párrafo anterior contraviene en el sentido de la Constitución nacional y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos Galián y Fundación Universidad de Belgrano. Por ello la doctrina ha interpretado conforme a la jurisprudencia, que el plazo de caducidad sólo se aplica cuando el reclamo es resuelto en forma expresa pero no, por supuesto, cuando hay silencio de la administración, recordemos que el silencio es otro modo de expresión de la voluntad del Estado y debe tomarse en sentido contrario a la pretensión del particular.

El vigente artículo 31 determina entonces que una vez vencido el término para que la administración resuelva un reclamo tras el pronto despacho, comience a correr automáticamente el plazo contemplado en el art. 25 para iniciar una demanda al Estado. Es decir, se pretende hacer correr un plazo para demandar una vez que la administración ha guardado silencio ante el reclamo deducido, por lo que aplicar un plazo para demandar al Estado a computar desde el silencio de sus funcionarios resulta incongruente con el fundamento del plazo de caducidad y con el propio sistema constitucional.

Para concluir, si el pronto despacho es presentado, será ingenuo pensar que el funcionario resolverá, pues se le asigna un sentido negativo al silencio de la administración, el resultado es más que claro, mayor inactividad administrativa y una dilatada acción en la búsqueda del reconocimiento de derechos por parte del administrado. Como se advierte, aplicar un plazo para demandar para asegurar estabilidad al silencio de la administración es una solución errónea y, por ende, inconstitucional. Por si fuera poco, la norma viola el derecho de defensa en juicio y el derecho a obtener una respuesta del Estado, a la par que profundiza el grave problema de la inactividad administrativa, recordemos que la administración publica siempre tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares, por lo que es necesario un cambio de paradigma sobre dicha situación, como lo sostuvo el Procurador General "lo exigen la equidad y la dignidad inherente a los actos del Estado".

El acceso a la justicia es un derecho humano, como lo es el derecho a la educación, a la salud, al trabajo. Obstaculizar, o ponerle trabas al acceso a la justicia es violatorio de los derechos humanos garantizados por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos; es una forma de exclusión imposibilitando el pleno ejercicio de la ciudadanía, en donde reine el ritualismo, la demora. El acceso a la justicia presupone no únicamente que se proporcione una asistencia judicial que garantice un debido proceso por la vía de la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos, sino que además se entregue un servicio que permita a los ciudadanos adquirir el conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos, hay que tener especial atención con respecto al acceso a la justicia de nuestros conciudadanos, en donde exista una justicia con orientación hacia la proyección a la realidad y se esté lejos de la arbitrariedad administrativa.

Es por los fundamentos expuestos, y dado que la solución establecida en la ley 25.344 que modifica a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, instaura una traba a los derechos de reclamo de los peticionantés, que les solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.