La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que garantice el acceso a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social a los alumnos que concurran a los establecimientos educativos donde se imparta educación pública de gestión privada.

Señor presidente:

El DNU Nº 1602/09 creó un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.

Entre uno de los requisitos que debe cumplir el alumno para ser beneficiario de la asignación, se encuentra el deber de acreditar "la concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos". Un reciente dictamen del ANSES interpretó que los alumnos que concurren a establecimientos públicos de gestión privada quedan excluidos del beneficio.

De tal manera, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1602/09 dictado por el Ejecutivo, modificatorio de la Ley Nº 24.714 excluyó a más de 300.000 niños, niñas y adolescentes de escasos recursos que concurren a establecimientos donde se imparte educación pública, pero que son gestionados en forma privada, la mayor de las veces por órdenes confesionales. En muchos lugares del interior y en la periferia de las grandes ciudades, estos colegios son los únicos que brindan la función estadual de educar cuando la escuela pública completó su cupo o cuando se encuentra ausente.

En la Provincia de Santa Fe, de los 830 colegios públicos de gestión privada, 630 reciben el 100% de subsidio por parte del Gobierno de la Provincia y muchos de ellos ni siquiera cobrar cuota a los alumnos.

El Instituto Nacional contra la Discriminación -INADI- ante esta inminente pérdida de derechos actuó de oficio con el argumento que niños y niñas en situación de empobrecimiento grave reciben el beneficio y otros no por asistir a escuelas de gestión privada. Su Directora en la Provincia de Santa Fe estimó que existen cerca de 600 niños y niñas afectados por esta discriminación.

El Poder Ejecutivo nacional debe garantizar que la asignación por hijo sea efectivamente universal, es decir, que tengan derecho a ella todos los niños, niñas y adolescentes que concurran a establecimientos donde se imparta educación pública.