La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su gran preocupación y profundo repudio por la amenaza recibida por los responsables de la organización de la Feria del Libro, con relación al retiro de los stands oficiales y la anulación de las compras de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, si no trasladan el evento del año próximo al predio del Centro Nacional de Exposiciones conocido como "Tecnópolis".

Señor presidente:

Con profunda preocupación hemos tomado conocimiento de las amenazas recibidas por los responsables de la organización de la Feria del Libro, con relación al evento del año próximo.

El hecho se produjo, al decir de los representantes de los editores argentinos, cuando los funcionarios gubernamentales Javier Grossman (titular de la Unidad Bicentenario) y Oscar Parrilli (Secretario General de la Presidencia) los "invitaron" a trasladar la exposición ferial al predio de Tecnópolis, en Villa Martelli, so pena de retirar los stands oficiales y anular las adquisiciones que se realizan para la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Al respecto debemos destacar que este hecho no es nuevo y se suma a las dificultades que ha venido padeciendo la industria del libro nacional en los últimos tiempos. A la imposibilidad de retirar el material importado, las trabas aduaneras, las pruebas de laboratorio que deben pasar las ediciones que ingresan al país y a las demoras en las autorizaciones por parte de la Secretaría de Comercio, se le suma la posibilidad de perder el casi 40% de los stands de la muestra y los casi $8 millones de pesos en compras oficiales.

Y, además, es un claro ejemplo de las prácticas de chantaje y extorsión, en materia de control de la libertad de expresión, que se han constituido en herramientas de hábito corriente y usual en el accionar oficial.

Es así como periodistas, empresarios, comerciantes, comunicadores sociales, dueños de radios, operadores de cable, consultoras económicas, jubilados que quieren regalar unos pocos dólares a sus nietos y, ahora legisladores como el caso de la diputada jujeña, entre otros actores de la vida nacional, son diaria y violentamente atacados desde los organismos oficiales en actitudes autoritarias con herramientas de restricción desde los diversos estamentos de su gestión.

Por lo tanto, debemos expresar nuestra doble preocupación. Por una parte la violación a la libertad de expresión que es el derecho que más veces aparece custodiado en nuestra Carta Magna y otorga a todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad de manifestar toda clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni represión.

Y por otra la trasgresión y desacato al artículo 14 que garantiza a todos los ciudadanos de nuestra Patria el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, en cualquier lugar del territorio nacional que lo considere oportuno.

El Estado Nacional está utilizando todas las herramientas, que debería poner al servicio del bien común, para dominar y sojuzgar a quienes piensan distinto.

De este modo y en virtud de nuestra función de representantes del pueblo de la Nación Argentina elegidos por el voto popular, es que repudiamos enérgicamente este accionar antidemocrático y extorsivo y nos solidarizamos con los organizadores de una de las máximas expresiones de la cultura nacional e internacional que se lleva a cabo en nuestro país.

Por lo expuesto Sr. Presidente, le solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.