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PROYECTO DE TP
Expediente 6643-D-2012
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS NUEVAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS DE PEAJES QUE EL GOBIERNO NACIONAL GESTIONA EN LAS ACTUALES RENEGOCIACIONES DE TARIFAS CON LOS CONCESIONARIOS VIALES.
Fecha: 19/09/2012
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 128
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional para que, por intermedio del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se sirva informar
a esta Honorable Cámara sobre las nuevas condiciones estipuladas
en los contratos de peajes que el gobierno nacional gestiona en las
actuales renegociaciones de tarifas con los concesionarios viales, y
en particular las cuestiones siguientes:
1.- Si se ha previsto
que todas las tareas de mantenimiento de rutina, que tenían a
cargo las empresas concesionarias, serán a partir de ahora
solventadas por el Estado nacional, entre otras las de bacheos y
sellados de fisuras; limpieza de carteles, barandas defensivas y
desagües; el barrido de calzadas, banquinas y cordones; la poda de
árboles y corte de pasto y malezas cercanas a las rutas.
2.- Si se han
implementado nuevos esquemas de costos en las adecuaciones
contractuales determinando que los ingresos de los peajes serán
usados por los concesionarios para el pago de sueldos del personal
de cabinas y pasarán a ser remuneradas por el Estado todas las
obligaciones contractuales pactadas a principios del año 2010.
3.- Si se han
determinado los valores de las deudas por obras nuevas a cargo de
Vialidad Nacional y por subsidios impagos del Estado nacional, y si
dichas acreencias de las empresas darán lugar a una nueva agenda
de ajustes tarifarios semestrales y una prórroga del plazo de
concesión.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de
resolución tiene por objeto lograr que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara sobre cuestiones relativas a las
nuevas condiciones estipuladas en los contratos que el gobierno
nacional gestiona actualmente en las renegociaciones de tarifas de
peajes con los concesionarios viales.
Según la información
disponible se ha previsto que todas las tareas de mantenimiento de
rutina, que tenían a cargo las empresas concesionarias, serán a
partir de ahora solventadas por el Estado nacional, entre otras las
de bacheos y sellados de fisuras; limpieza de carteles, barandas
defensivas y desagües; el barrido de calzadas, banquinas y
cordones; la poda de árboles y corte de pasto y malezas cercanas a
las rutas.
Por otra parte se
habrían implementado nuevos esquemas de costos determinando
que los ingresos de los peajes serán usados por los concesionarios
para el pago de sueldos del personal de cabinas y pasarán a ser
remuneradas por el Estado todas las demás obligaciones
contractuales pactadas a principios del año 2010.
También resulta
necesario conocer si se han determinado los valores de las deudas
por obras nuevas a cargo de Vialidad Nacional y por subsidios
impagos del Estado nacional, y si dichas acreencias que mantienen
las empresas darán lugar a una nueva agenda de ajustes tarifarios
semestrales y una prórroga del plazo de concesión.
Particular preocupación
despierta la posibilidad de acordar un ajuste semestral en las tarifas
de los peajes, en el marco de la actual renegociación contractual, a
sólo dos años de que las empresas se adjudicaran las concesiones
de las rutas, con la finalidad de corregir incumplimientos en los
pagos de obras y en los ajustes de los peajes que estaban pactados
pero que no se aplicaron.
Ahora las
renegociaciones de peajes que estaría tramitando el gobierno
nacional con los concesionarios viales contienen un cambio
sustancial en las reglas de juego que se habían fijado a principios
del año 2010.
En un intento de
limitar parcialmente los aumentos tarifarios previstos la
administración nacional habría decidido que tanto las obras
nuevas, como todas las tareas de mantenimiento de rutina que
tenían a cargo las empresas, sean ahora pagadas por el Estado.
De tal manera los
ingresos de los peajes con el nuevo esquema de costos serán
usados por los concesionarios para pagar los sueldos del personal
de cabinas y todos los trabajos de mantenimiento pasarán a
facturarse al Estado, como por ejemplo, los bacheos y sellados de
fisuras; la limpieza de carteles, barandas defensivas y desagües; el
barrido de calzadas, banquinas y cordones, y la poda de árboles y
eliminación de malezas cercanas a las rutas.
A la renegociación de
las concesiones se llegó por el doble incumplimiento que acumuló el
Estado en los pagos de las obras nuevas que estaban a su cargo y
en la falta de aplicación de los ajustes anuales de peajes que
figuraban en los contratos y no se aplicaron en su momento.
Inicialmente, la
intención del Secretario de Obras Públicas, José Francisco López,
era transferir solo algunas "tareas de mantenimiento" al régimen de
pago estatal junto con una nueva agenda de ajustes tarifarios y una
extensión de dos años a los contratos, que vencen en 2016. Pero,
tras las primeras reuniones con las concesionarias se habría tomado
la decisión de pagar todos los trabajos de mantenimiento y no
modificar el plazo de concesión.
Debemos ser
informados al respecto porque más allá del relato oficial que intenta
mostrar una situación ordenada, todos estos cambios y el hecho de
que no se terminaron la mayor parte de las obras previstas para
ejecutar en el año 2011, ponen de relieve que el modelo aún
vigente de concesiones viales ha sido un fracaso y que sólo se
mantiene por sucesivos parches y merced a los recursos que
toma a cargo y debe desembolsar crecientemente el Estado
nacional.
Cabe preguntarnos por
los motivos que mantienen vigentes las concesiones en un contexto
de graves incumplimientos de las condiciones pactadas.
Si es el caso que las
empresas beneficiarias del cobro de peajes durante mucho tiempo
no han hecho obras, y ahora sólo van a pagar sueldos mientras le
queda al Estado afrontar los demás costos ¿por qué cobra el peaje
el propio Estado o retira las cabinas y dejamos las rutas libres al
paso de los usuarios como estaban antes de las
privatizaciones?
La renegociación
permanente de los peajes ha puesto a prueba qué sentido tiene
mantener un sistema vial concesionado de rutas nacionales, que
construimos los usuarios con nuestros impuestos, tenemos que
pagar para transitarlas y hasta el corte del pasto queda a cargo de
todos los argentinos.
Cabe notar, como
resultado del proceso de privatización de las rutas nacionales, un
detalle de los exámenes practicados en el ámbito de esta Auditoría
General de la Nación (AGN) con relación al control de las empresas
adjudicatarias. Pueden destacarse entre los principales hallazgos de
auditoría, los siguientes:
1. Inversiones: aunque
las inversiones constituyen una de las principales obligaciones
incluidas en los contratos de concesión en muchos casos se verificó
que han sido ejecutadas fuera de plazo, mientras que, en otros, no
se han realizado. Particular atención merecen las obras de
mejoramiento y/o ampliación. Se destaca que el organismo de
control de las concesiones viales no realizó las operaciones técnicas
tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de los planes de
obra y de los flujos de inversión puestos en juego.
2. - Calidad de las
Obras : no se han implementado efectivos controles de calidad, ya
sea por causas técnicas o por limitaciones presupuestarias. En
muchos corredores se han observado tramos que no cumplían con
los valores admisibles de los indicadores que evalúan el estado de
los pavimentos. (Res. AGN N°275/96, 274/96, 273/96.) En otros
casos se ha verificado incluso un deterioro prematuro de las obras
ejecutadas que denota una ineficiente gestión técnica, lo que
acrecienta la depreciación del patrimonio vial del Estado. (Res AGN
221/01.)
3.- Tarifas: el régimen
tarifario, tal cual ha sido aplicado, ha sufrido cambios de magnitud
en la modalidad de aplicación y presenta una gran complejidad. En
primer lugar, por el hecho de que el precio de la tarifa que se cobra
se compone de lo que el usuario paga y de lo que el Estado
aporta.
En segundo lugar,
porque se han aplicado cláusulas indexatorias contrarias a la
legislación vigente e indicadores no representativos de la economía
nacional. A ello se suma la distorsión generada por la introducción
de la "compensación indemnizatoria", que cambió la modalidad
onerosa original, por otra, de tipo subsidiada con la consiguiente
carga para el Estado, y por ende, para todos los contribuyentes.
Esto trajo aparejado, como es sabido, subsidios cruzados
susceptibles de desnaturalizar el sentido de la tarifa y dificultar la
medición del impacto redistributivo neto.
4. - Desempeño del
Órgano de Control: muchos informes coinciden en que el Órgano de
Control no ha cumplido en forma eficiente los objetivos de
fiscalización del servicio ni el control de las obligaciones a cargo de
las concesionarias. Los reiterados cambios de jurisdicción y de sus
autoridades no han sido tampoco funcionales a la eficacia del
sistema.
5. - Multas y
Penalidades: han sido recurrentes las demoras excesivas en los
plazos de tramitación de las sanciones y su falta de aplicación en
muchos casos. Por otra parte, como consecuencia del proceso de
renegociación se han eximido, en forma impropia, diversas
penalidades. (Res. AGN 47/03 y 215/02). Dicha actitud ha tenido su
correlato en la Secretaría de Obras Públicas, que incluso se ha
excedido, en su facultad de disponer reprogramaciones de obras no
contempladas en los convenios (Res. AGN 215/02 AGN). Debemos
tener en cuenta que la gestión de la aplicación de multas constituye
una de las funciones principales del Órgano de Control.
6. - Atención a los
Usuarios: las auditorías muestran que los derechos de los usuarios
no han sido debidamente atendidos en la relación concedente-
concesionaria. La demora en la ejecución de las obras, su deficiente
mantenimiento , las debilidades en las condiciones de exigibilidad
técnica, unidas a los incrementos tarifarios reales, no sólo han
incidido en la calidad del servicio sino que han afectado
sensiblemente los intereses de los usuarios. Asimismo, muchos de
los aspectos que afectan los derechos de los usuarios han sido
señalados, por ejemplo, se advertía en materia de reclamos:
• No existían manuales
de procedimientos;
• No se implementaron
las normas básicas de atención al cliente por vía
telefónica;
• No existía un detalle
según tipo de reclamo y corredor vial;
• Se vulneraba el
artículo 39 de la Reglamentación de la Ley de Procedimientos
Administrativos, en la medida en que no respondía a los reclamos ni
emitía constancia de ellos.
Por cierto, todos estos
hallazgos fueron puestos en conocimiento de la autoridad
competente, para la determinación de responsabilidades. A su vez,
la naturaleza de los incumplimientos verificados en los informes ha
llevado a la AGN, en muchos casos, a recomendar que se
deslindaran responsabilidades y se enviasen las actuaciones a la
Justicia, a la Procuración General de la Nación, o bien a la Cámara
Federal.
Las referencias citadas
en estos fundamentos sobre aspectos críticos de las concesiones
viales, permiten comprender la gravedad que implica cambiar las
condiciones de los contratos vigentes, sin autorización ni asidero
legal alguno.
Según las Resoluciones
1515/2012 y 1516/2012 de la Dirección Nacional de Vialidad
publicadas en el Boletín Oficial, la última suba de los peajes en las
rutas nacionales indica que el gobierno nacional aplicará un
aumento a los usuarios para afrontar nuevas obras de
infraestructura vial, pero las obras no se pagarán con el producido
de los peajes una vez que estén terminadas, sino que será el propio
usuario quien financiará los trabajos que aún no comenzaron a
realizarse.
Por tal motivo, cuando
nos enteramos de los últimos aumentos de peajes nos
preguntamos si no se trata de recaudar ahora un nuevo impuesto
al transporte público, que en todo caso, debería crearlo el Congreso
Nacional y controlar su destino y la asignación específica a nuevas
obras. De esa manera podremos dejar atrás un contexto heredado
de las privatizaciones que ha garantizado elevadas rentas de
privilegio, bajo condiciones de monopolios legales, una muy laxa
regulación pública y nulo riesgo empresario.
Vemos otra vez cómo
se repiten , año tras año, recurrentes renegociaciones contractuales
que sistemáticamente han tendido a preservar y acrecentar los
beneficios extraordinarios de los concesionarios.
Mientras tanto el país
entero soporta peajes caros y rutas peligrosas, con un sistema
perverso creado durante los años noventa, sin que se hayan podido
superar las improvisaciones, los errores de diseño, la debilidad
regulatoria, ni los abusos y la desatención de los intereses de
usuarios y consumidores, que se manifiestan a diario en nuestros
corredores viales nacionales.
No deja de sorprender
que en más de dos décadas de vigencia del sistema de peaje, lo
único que se ha mantenido sin mayores alteraciones no obstante la
proliferación de decretos y resoluciones, sea la preservación de los
beneficios de los concesionarios, frente a los crecientes costos del
transporte que se agrava cada vez más en el del interior del
país.
Desde el Congreso de
la Nación nos proponemos por ello, un seguimiento puntual de las
nuevas condiciones que el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios está cerrando actualmente en los
contratos de peaje, así como todas las medidas y acciones de la
gestión gubernamental que pretendan emparchar el fracaso del
sistema de concesiones viales.
Por todo lo expuesto,
solicito el acompañamiento de mis pares para dar aprobación al
presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MALDONADO, VICTOR HUGO | CHACO | UCR |
| BARBIERI, MARIO LEANDRO | BUENOS AIRES | UCR |
| GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
| ROGEL, FABIAN DULIO | ENTRE RIOS | UCR |
| SANTIN, EDUARDO | BUENOS AIRES | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| TRANSPORTES (Primera Competencia) |