La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y, por su intermedio al organismo que corresponda, sírvase informar a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación las siguientes preguntas, referidas a los acontecimientos vinculados al bloqueo de las plantas de impresión de los diarios Clarín y La Nación, realizados el martes 25 de noviembre de 2008, por parte de militantes y dirigentes del sindicato de camioneros.

1- Si el Ministro del Interior, Contador Aníbal Florencio Randazzo y su par del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada tenían conocimiento de la decisión, por parte del Sindicato de Choferes de Camiones de la Ciudad de Buenos Aires de efectuar el bloqueo mencionado con anterioridad a su realización.

2- Si los ministros mencionados en el punto anterior recibieron reclamo alguno, por parte del sindicalista Hugo Antonio Moyano, Secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones de la Ciudad de Buenos, o de otro miembro del Sindicato mencionado, sobre la representación gremial del circuito de distribución de diarios y revistas.

3- Si mientras se sucedían los hechos relatados en el punto 1-, los ministros mantenían una reunión con el Sr. Hugo Antonio Moyano u otros representantes de esa organización sindical.

4- Si se tomaron medidas administrativas y/o realizaron denuncias penales, por delitos contra la libertad de prensa - infracción al art. 161 del Código Penal - u otras, frente a la afectación de los derechos ciudadanos al mantener obstruidas las salidas de las plantas de impresión de los diarios mencionados y en cuyo caso cuales, sírvase detallar.

5- Si se han tomado medidas por parte del Gobierno Nacional para evitar un nuevo bloqueo de manera de proteger el derecho a la información y la libertad de expresión y, en cuyo caso cuáles, sírvase detallar.

6- Si algún funcionario del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, había tomado conocimiento de la existencia de amenazas o intimidaciones sufridas por algunos distribuidores con el supuesto objeto de lograr su traspaso al gremio de camioneros, en cuyo caso sírvase ampliar detalles con que se cuenten que incluyan las identificaciones de los actores.

7- Si como se anuncia por medio de declaraciones periodísticas que se crea una comisión para resolver el conflicto, sírvase precisar sobre la conformación y misiones de dicha comisión, y precise qué medidas va a tomar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para proteger la libre determinación de los distribuidores de diarios y revistas.

Señor presidente:

Con absoluta preocupación asistimos a un hecho que pone nuevamente en cuestión la afectación de los derechos ciudadanos.

Grupos organizados pertenecientes al Sindicato de Camioneros encabezados por el Secretario Adjunto del Sindicato Ciudad de Buenos Aires, Pablo Hugo Antonio Moyano, bloquearon la distribución de los diarios nacionales La Nación y Clarín, el 25 de noviembre de 2008.

Este reiterado mecanismo "patoteril" de la dirigencia del Sindicato mencionado, no discute derechos legítimos de los trabajadores del sector, sino por el contrario presiona para obtener un pretendido poder sobre la distribución de diarios y revistas en forma decididamente prepotente, incluso recurriendo a la agresión física como lo prueba la agresión sufrida por el Gerente del Centro de Distribución de Revistas, Sr. Luis Ferreira, quién ha radicado la correspondiente denuncia.

No se conocen intenciones de dialogo por parte de esta dirigencia para resolver un conflicto por ellos mismos creado, de ser así, es precisamente parte de este proyecto el que pretende dar a luz reclamos previos a la acción prepotente ejecutada por estos grupos.

No es este un simple reclamo sindical, no es esta la forma de llevar adelante un reclamo sindical, nunca lo es cuando la acción de bloqueo llevada a cabo afecta seriamente derechos ciudadanos reconocidos internacionalmente y por supuesto expresamente establecidos en nuestra Carta Magna como lo son los derechos al acceso a la información y de libertad de expresión.

De allí la reacción de vastos sectores representativos de nuestra sociedad en cuanto se conoció el hecho que nos ocupa. Asociaciones vinculadas a las comunicaciones como la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER), la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), como así también otras Asociaciones reconocidas como la Cámara Argentina de Comercio, o el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la propia Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han manifestado su rechazo, repudio y preocupación por esta lamentable situación.

Hombres y mujeres de la intelectualidad y del periodismo, como así también representantes de distintos partidos políticos de Argentina han hecho suyas también las expresiones de preocupación y rechazo a los hechos producidos.

En tanto llama poderosamente la atención el silencio que reinó y aún persiste por parte del Gobierno Nacional y de sus funcionarios, cuando la gravedad de los hechos debieran haber significado al menos opinión sobre el particular.

Por otra parte, declaraciones como la del Ministro del Interior, Contador Aníbal Florencio Randazzo en el programa A dos voces que se emite por el Canal TN, sosteniendo "que se había reunido con Moyano y con el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en el momento de mayor tensión de la protesta sindical" y que, producto de ello "se ha levantado el paro y se ha formado una comisión para resolver la cuestión", preocupan sobre manera, porque no se trata de un paro promovido por una organización sindical frente a los sectores patronales, sino que se trata de un acto prepotente unilateral que impide el libre trabajo de otros sectores que nada tienen que ver con esa representación sindical y por lo tanto un

grave error conceptual de quien ejerce una de las máximas responsabilidades gubernamentales para actuar en el tema. Es en definitiva una decidida acción unilateral de presión que debiera ser sancionada por las autoridades nacionales.

Por todo ello es que formulamos este proyecto de resolución, por que desconocemos, no solo el enfoque con que los funcionarios responsables afrontan este conflicto, sino además los pormenores que en torno a el se fueron sucediendo y deducimos fuertes contradicciones en el accionar del ejecutivo que suponemos tienen como objetivo acompañar la patoteril demanda de esa dirigencia sindical o peor aún intencionalidades para lograr concentrar en sectores afines la distribución de diarios y revistas en la República Argentina, como una forma más de condicionar a la prensa en nuestro país.

Por todas estas cuestiones es que solicitamos a nuestros pares diputados/as a que nos acompañen con el voto afirmativo el presente proyecto.